El presidente de la Generalidad, enfrentado con regantes e industriales

Pese a su conflictividad originaria, en las ¨²ltimas semanas se ha logrado, con relaci¨®n al problema del agua en Catalu?a y concretamente en Tarragona, donde la cuesti¨®n reviste mayor gravedad, un acuerdo que a corto plazo soluciona sus aspectos m¨¢s graves. Este acuerdo parte de los contactos entre industriales tarraconenses y las comunidades de regantes de la derecha e izquierda del Ebro y se plasm¨® en el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes el pasado 11 de abril.El Proyecto de ley no afecta al ?estatus? de las aguas del Ebro, Por ello no provoc¨® ninguna, reacci¨®n en su contra en Arag¨®n o Navarra, Consiste simplemente en la sustracci¨®n de agua de los canales de regad¨ªo -inicialmente s¨®lo del izquierdo- para ser enviadas a Tarragona, contra la competisac?¨®n econ¨®mica de cinco pesetas el metro c¨²bico por segundo. Con los beneficios obtenidos se proceder¨¢ a. recubrir con cemento los canales de regad¨ªo, con lo cual se evitar¨¢n p¨¦rdidas de agua superiores a las cantidades cedidas (ambos canales totalizan 110 kil¨®metros), se revalorizar¨¢n las tierras regadas (unas 25.000 hect¨¢reas) y mejorar¨¢n los cultivos del delta del Ebro, en el sentido que disminuir¨¢ el anterior monocultivo de arroz (un cuarto de la producci¨®n espa?ola) en favor de productos m¨¢s rentables, como la alcachofa.

Los campesinos afectados ve¨ªan con preocupaci¨®n la posibilidad de que Jordi Pujol apareciera en el tema desde mucho antes que este fuese elegido presidente de la Generalidad. Las primeras cr¨ªticas al proyecto de ley que hoy se encuentra en las Cortes procedieron de alcaldes del partido del actual presidente de la Generalidad. Una comisi¨®n de regantes del delta inform¨® detalladamente a este diario de las implicaciones en el tema por parte del, grupo bancario, cuyo principal accionista es Jordi Pujol.

Resulta que de llevarse a cabo lo establecido en el proyecto de ley se iniciaba un camino para futuros pactos de mayor amplitud entre los intereses industriales y urbanos de Tarragona y los agrarios del delta del Ebro. Ello alejar¨ªa la posibilidad de un trasvase de aguas del Ebro a Barcelona, el cual, por otro lado, no provoca ninguna oposici¨®n entre los campesinos, quienes se limitan a afirmar que, de llevarse a cabo, deber¨ªa ser en el marco de una regulaci¨®n total de las aguas del Ebro, respetuosa con todos los intereses afectados, y que fuese elaborada a partir del di¨¢logo y no de forma precipitada.

Los regantes de la zona, por boca de sus dirigentes, afirmaron que la actuaci¨®n en el tema ser¨ªa anticonstitucional, debido a que el Ebro no es s¨®lo de ¨¢mbito catal¨¢n. Afirmaron que su deseo, no obstante, hubiese sido que realmente la competencia correspondiese a la Generalidad, pero que ahora temen la actuaci¨®n de Jordi Pujol en base a los intereses que pueda representar. A ¨¦ste le imputan defender por razones personales, electorales y de origen social, el trasvase a Barcelona.

Un sistema de compensaciones

Centran su critica en un inter¨¦s directo de su grupo bancario en la zona, a partir del hecho que, en su opini¨®n, la argumentaci¨®n, de Pujol consiste en establecer un sistema de compensaciones. Se tratar¨ªa de que el agua fuera llevada a Barcelona y como contrapartida los industriales barceloneses garantizaran inversiones industriales en las comarcas del bajo Ebro y en Montsii¨¢.Para dichas inversiones, existe ¨²nicamente un pol¨ªgono industrial apto, que es propiedad del Banco Industrial de Catalu?a, del grupo de Banca Catalana, del que es principal accionista Jordi Pujol. El banco opera a trav¨¦s de sus filiales Piominca, e Indumat. Seg¨²n la in formaci¨®n oficial del propio banco, que incluye entre sus empresas a Prominca, el pol¨ªgono industrial Bajo Ebro-II, sito en Vinallot, cerca de Tortosa, consta de una superficie de 5 50 hect¨¢reas.

El pol¨ªgono fue comprado a precio de suelo agr¨ªcola. Este diario pudo visitarlo y ver como a¨²n est¨¢ utilizado con este fin. Su revalorizaci¨®n al pasar a ser suelo industrial producir¨ªa un beneficio de varios miles de millones de pesetas. El problema est¨¢ en que las posibilidades de desarrollo industrial de base local son casi nulas, seg¨²n afirma un estudio del Banco Industrial mencionado. Una operaci¨®n conjunta que obligar¨¢ a los industriales barceloneses a invertir en la zona, a cambio del trasvase del agua, producir¨ªa un enorme beneficio para el referido grupo bancario, cuyas dificultades son ya conocidas. En el terreno electoral, Pujol podr¨ªa aspirar a convertirse realmente en el hombre de la burgues¨ªa industrial barcelonesa.

Los regentes del delta, a trav¨¦s de sus juntas, expresaron a est¨¦ diario que esta cuesti¨®n econ¨®mica arroja luz sobre el intervencionismo en el tema del presidente de la Generalidad. Este ha solicitado un dictamen jur¨ªdico a la comisi¨®n ur¨ªdica asesora de la Generalidad, en el pasado muy fiel a Tarradellas y de predominante composici¨®n barcelonesa. Las fuentes a?adieron incluso que el inter¨¦s de Pujol en el tema podr¨ªa ayudar a explicar la maniobra de Roca Junyent a la impugnaci¨®n de la elecci¨®n de Senillosa como presidente de la comisi¨®n de control parlamentario de Radio Televisi¨®n Espa?ola.

El tema fue considerado por los regantes, en su vertiente jur¨ªdica, como estrictamente privado por cuanto que contempla la venta de aguas de concesi¨®n que, en el caso del canal izquierdo del Ebro, circulan por un cauce privado. Solicitaron un dictamen jur¨ªdico al ex ministro Manuel Clavero, quien afirm¨® que la jurisprudencia era contradictoria respecto a si los regantes pod¨ªan o no vender sus aguas. En todo caso, lo que inicialmente fue un intento privado, pas¨® a ser p¨²blico al despertar el mayor inter¨¦s y comprensi¨®n en los Ministerios de Obras P¨²blicas y Urbanismo e Industria y Energ¨ªa, quienes lo hicieron propio, modific¨¢ndolo en determinados aspectos y lo tradujeron, ya con una total precisi¨®n jur¨ªdica, en el proyecto de ley aludido. Este proyecto tiene la rara virtud de hacer coincidir los intereses industriales tarraconenses, los de los regantes y los de la Administraci¨®n central. Es la tard¨ªa aparici¨®n discorde de la Generalidad, la que ha irritado a las juntas de las comunidades de regantes.

Los partidos pol¨ªticos de la zona, tambi¨¦n han tenido, en general, una actitud de escasa comprensi¨®n por el proyecto de ley, y en casos como el del PSUC, de abierta cr¨ªtica. Los campesinos de la zona afirman que la raz¨®n de estas cr¨ªticas es debida, simplemente, a que los partidos no han sabido dar soluciones operativas. En una asamblea de la comunidad de regantes de la margen derecha (que agrupa a unos 4.500 regantes) no se apreciaron argumentaciones serias en contra del proyecto. En consecuencia, dicha comunidad, al igual que antes lo hab¨ªa hecho la de la margen izquierda, se pronunci¨® en favor de continuar en la l¨ªnea de la aceptaci¨®n total del proyecto de ley. Los problemas podr¨ªan venir en base al peso que Pujol pueda. representar en el conjunto del problema y en la pol¨ªtica catalana. En cuanto a la ciudad de Tarragona, obviamente est¨¢ totalmente a favor del proyecto de ley, por ser para ella casi una cuesti¨®n de vida o muerte.

Tarragona y su industria est¨¢n obligadas a comprar agua a campesinos, que la extraen de sus pozos, a un precio incre¨ªble, que se sit¨²a entre las doscientas y las trescientas pesetas metro c¨²bico, lo cual puede dar al campesino un beneficio diario de 20.000 pesetas. De ah¨ª tambi¨¦n que determinadas asociaciones agr¨ªcolas no tengan demasiada prisa en resolver el problema, pese a que, a la larga, ello implicar¨¢ la salinizaci¨®n de las tierras de cultivo.