El imperio de la ley

HOY COMIENZA en el Congreso el debate sobre pol¨ªtica general, en un clima de artificiosa expectaci¨®n cuya responsabilidad ¨²ltima incumbe al Gobierno, que ha demorado demasiado tiempo esa comparecencia y ha acumulado, por esa raz¨®n, un n¨²mero excesivo de cuestiones en su agenda. No es probable as¨ª que el tema del imperio de la ley, que ocupa el punto cuarto de la comunicaci¨®n enviada por el Consejo de Ministros a las Cortes con anterioridad al debate, tenga el lugar que merece en los comentarios y juicios posteriores al Pleno. Y, sin embargo, se trata de un asunto de primordial importancia, y del que depende, de manera decisiva, ese profundo enraizamiento del sentido democr¨¢tico ydel r¨¦gimen de libertades que el Gobierno propone a los espa?oles como ?un gran esfuerzo colectivo? a realizar en el futuro.Evidentemente, el imperio de la ley, interpretado de manera irrteramente formal y vaciado de contenido democr¨¢tico, ha sido la coartada de todos los reg¨ªmenes autoritarios y totalitarios que en el mundo han sido para justificar sus desmanes, tropel¨ªas y genocidios. Los ciudadanos sovi¨¦ticos despojados de su nacionalidad y condenados a la situaci¨®n de ap¨¢tridas o conducidos a campos de trabajo o a manicomios por decisi¨®n de los tribunales reciben, como afrenta complementaria, la noticia de que se les han aplicado rigurosa e inexorablemente las leyes vigentes. Igualmente, las leyes en el r¨¦gimen nazi eran aceptadas por los jueces alemanes en la vieja tradici¨®n de que lo ¨²nico pertinente para un tribunal era apreciar la congruencia formal de las normas. Y es de imaginar que en la Uganda de Idi Amin alguna disposici¨®n aberrante e inhumana tambi¨¦n pudo ser citada por alg¨²n magistrado para justificar la muerte o el encarcelamiento de quien os¨® infringirla. Tampoco faltan en nuestro pasado reciente ejemplos dram¨¢ticos, y en algunos casos irreparables (los hombres s¨®lo viven una vez), de la aplicaci¨®n formalmente correcta de leyes injustas. Y todav¨ªa suenan en nuestros o¨ªdos las doloridas protestas de supuestos eminentes juristas que proclamaban que la Espa?a de Franco era un Estado de derecho porque exist¨ªa el recurso contencioso y la casaci¨®n de sentencias ante el Tribunal Supremo.

No es posible, por tanto, hablar en abstracto del imperio de la ley y exhortar a los ciudadanos para que reconozcan su prestigio como valor indispensable de convivencia. Ha hecho bien el comunicado del Gobierno al se?alar que dicho imperio se traduce, en primer t¨¦rmino, en la primac¨ªa de la Constituci¨®n y se materializa en la garant¨ªa de las libertades p¨²blicas y el respeto a los valores de una sociedad pluralista y democr¨¢tica. No est¨¢ de m¨¢s recordar, en esa perspectiva, al poder ejecutivo y a su grupo parlamentario, que sus palabras les comprometen, en el terreno de la ¨¦tica pol¨ªtica y de la moral ciudadana, mucho m¨¢s all¨¢ del formal¨ªsmo jur¨ªdico del que hac¨ªan ¨²n¨ªcamente gala los veteranos colaboradores del anterior r¨¦gimen. El pueblo espa?ol refrend¨® con sus votos, en diciembre de 1978, una Constituci¨®n como norma de normas y como fuente de la legalidad ordinaria. El imperio de la ley es, as¨ª pues, el imperio de la Constituci¨®n, no de las normas que ignoren su esp¨ªritu bajo el pretexto de interpretar restrictivamente su letra.