Intereses urban¨ªsticos privados, a punto de congelar un importante pol¨ªgono del MOPU en Le¨®n

Un proyecto para construir 2.300 viviendas sociales en un pol¨ªgono de propiedad privada -el n¨²mero 58 del actual plan de urbanismo- podr¨ªa paralizar la puesta en servicio de ochenta hect¨¢reas de terrenos urbanizados hace m¨¢s de quince a?os por el Ministerio de Obras P¨²blicas, que permanecen todav¨ªa sin edificar debido a la oposici¨®n de una parte de los antiguos propietarios.

La operaci¨®n est¨¢ protagonizada por diez empresas constructoras y ha sido dirigida por personas vinculadas a la patronal leonesa CELE, cuyo titular, Angel Panero Fl¨®rez, es tambi¨¦n presidente del sector de construcci¨®n y propietario de gran parte de los terrenos. El coste del proyecto, que ser¨¢ desarrollado por una ?sociedad de empresas?, actualmente en fase de constituci¨®n, se sit¨²a en torno a los 7.000 millones de pesetas a invertir en los pr¨®ximos seis a?os, en cuya financiaci¨®n podr¨ªan tomar parte un grupo de entidades bancarias, entre las que figuran el Banco de Vizcaya, Banco Pastor, Banco de Cr¨¦dito a la Construcci¨®n y la Caja de Ahorros de Le¨®n.Fuentes de estos ¨²ltimos han se?alado que el proyecto carece todav¨ªa de un plan de financiaci¨®n concreto y que, por el momento, no ha habido negociaciones oficiales sobre el tema. La nueva sociedad, por su parte, ha sido presentada como un proyecto que permitir¨ªa a los peque?os y medianos empresarios competir con las grandes constructoras nacionales y desarrollar actuaciones de gran envergadura, capaces de mantener la actividad del sector y dar trabajo a m¨¢s de quinientos trabajadores. Paralelamente se indica que la iniciativa tiene un car¨¢cter estrictamente particular, al margen de las vinculaciones que puedan existir entre sus promotores y la CELE, y que su origen data de octubre de 1979.

Los terrenos donde se espera construir las nuevas viviendas sociales est¨¢n situados en la margen derecha del r¨ªo Bernesga, frente a un pol¨ªgono de iniciativa estatal -el de Eras de Renueva-, cuyas parcelas est¨¢n inicialmente reservadas a una docena de cooperativas y al propio Instituto Nacional de la Vivienda. Se da la circunstancia de que este ¨²ltimo pol¨ªgono, concebido como una alternativa a los problemas de especulaci¨®n del suelo y costeado ¨ªntegramente por el MOPU a mediados de la d¨¦cada de los sesenta, ha recibido la calificaci¨®n de zona urbanizable en el plan de ordenaci¨®n que actualmente tramita el ayuntamiento, mientras que el primero est¨¢ considerado como zona urbana, con muy escasas aportaciones para equipamientos colectivos.

Sorpresa en los medios urban¨ªsticos

El hecho de que ambos pol¨ªgonos hayan recibido distinta calificaci¨®n ha sorprendido tanto al MOPU como al Colegio de Arquitectos, que han presentado, junto con el PCE, otras tantas impugnaciones durante el per¨ªodo de informaci¨®n p¨²blica. En todos los casos se destaca el tratamiento discriminatorio que ha recibido el pol¨ªgono estatal que, incluso, ha perdido su antigua calificaci¨®n de zona urbana sin posibilidad de que el ayuntamiento conceda licencia de construcci¨®n antes de que se ampl¨ªe su infraestructura viaria. Este condicionamiento supone un nuevo retraso en la puesta en marcha del pol¨ªgono, con capacidad para 4.500 viviendas y unos 20.000 habitantes, cuyas instalaciones han sufrido un grave deterioro desde su construcci¨®n.Por el momento s¨®lo el PCE, entre los partidos pol¨ªticos representados en el ayuntamiento, se ha mostrado oficialmente contrario a esta situaci¨®n, mientras que el PSOE, UCD y CD han decidido no hacer p¨²blicas sus respectivas posturas hasta la celebraci¨®n del pleno extraordinario en el que se decida la aprobaci¨®n del plan de urbanismo, previsiblemente antes del 15 de julio. Los dos ¨²ltimos partidos controlan actualmente el Ayuntamiento de Le¨®n, cuya alcald¨ªa se encuentra en manos de un antiguo asesor jur¨ªdico de la CELE, Juan Morano Masa (UCD), mientras que como primer teniente de alcalde por CD figura un hermano del actual presidente de la patronal, Jos¨¦ Panero Fl¨®rez.

El proyecto de las 2.300 nuevas viviendas sociales ha sido acogido tambi¨¦n con desconfianza en un sector del empresariado, por considerar que la iniciativa encubre un intento de monopolizar el mercado de la construcci¨®n en un momento en que la demanda es extremadamente baja. En los mismos medios se recuerda la posici¨®n privilegiada que mantendr¨¢ la futura ?sociedad de empresas? en los ¨®rganos de gobierno de la CELE, que ha sido utilizada como plataforma para desarrollar la operaci¨®n en detrimento del resto del sector, del que dependen alrededor de 350 empresas y 8.000 trabajadores.

Un proyecto similar hab¨ªa quedado paralizado a finales de 1979, cuando un grupo financiero encabezado por el Banco Atl¨¢ntico intent¨® atraerse a las cooperativas que hab¨ªan solicitado terrenos en el pol¨ªgono del MOPU. Tambi¨¦n en aquella ocasi¨®n los costes financieros se situaban en torno a los 7.000 millones de pesetas.