Los fondos de empleo comunitario, fuente constante de tensiones en Andaluc¨ªa

Las soluciones a los incendios de fincas en Andaluc¨ªa deben buscarse en la disminuci¨®n de un problema agrario en el que influye definitivamente el fondo para el empleo comunitario. En Sevilla, para 102 pueblos, hay once oficinas de empleo. En una provincia donde existen 494 fincas de mis de quinientas hect¨¢reas hay 84.186 trabajadores agr¨ªcolas, de los que s¨®lo 6.815 lo son por cuenta propia. Se habla de potenciar la industria de transformaci¨®n agr¨ªcola, pero se ofrecen pueblos que, como Osuna, tienen agua un d¨ªa s¨ª y otro no. Se habla de aumentar el cultivo de regad¨ªo cuando la capacidad hidr¨¢ulica del Guadalquivir est¨¢ aprovechada al 50%. Se habla de la repoblaci¨®n forestal en Andaluc¨ªa, donde s¨®lo el 5,7% de la superficie forestal es de propiedad estatal. Entre tanto, el Gobierno reconoce frecuentemente la deuda de Andaluc¨ªa.

Los incendios de fincas en las provincias de Sevilla y C¨¢diz, que a¨²n se siguen produciendo, sirven de base para reconsiderar el problema de fondo del campo andaluz. ?Tanto el presidente del Gobierno como muchos de los miembros del Gabinete reconocen peri¨®dicamente la deuda pendiente con Andaluc¨ªa. Creo que el Gobierno se debe dejar de promesas y paternalismo y decir cu¨¢ndo y c¨®mo se va a actuar en Andaluc¨ªa?. Son palabras del presidente de la Asociaci¨®n de Agricultores y Ganaderos de Sevilla (Asaga), Javier L¨®pez de la Puerta.La actitud de determinados medios de comunicaci¨®n y la autoridad gubernativa de las dos provincias (ayer el gobernador civil de C¨¢diz ped¨ªa a los empresarios que no cediesen a las presiones del SOC) han contribuido a creados protagonistas de la tensa situaci¨®n andaluza. Tanto Asaga como el SOC insisten en buscar las ra¨ªces de los incendios por debajo de los trigos chamuscados. A finales del pasado mes de mayo, el gobernador civil de Sevilla dec¨ªa que no hab¨ªa fondos para el empleo comunitario de junio, horas antes de que empezase la cosecha de cereal, cuando muchos parados hab¨ªan trabajado en el empleo comunitario un m¨¢ximo de veinte d¨ªas en cinco meses y los comerciantes de los pueblos se desga?itaban en los ayuntamientos tratando de evitar el tener que cortar el cr¨¦dito para alimentos a los parados, muchos de los cuales deb¨ªan a sus tenderos m¨¢s de lo que puedan ganar en lo que queda de a?o.

Menos fondos, m¨¢s tensi¨®n

?El reparto de los fondos del empleo comunitario se hace de acuerdo con los ayuntamientos, dice Luis Fern¨¢ndez Madrid, gobernador civil de Sevilla. Nadie cree en este fondo, pero todo el mundo quiere especular con ¨¦l. El empleo comunitario ha servido para asegurar clientelas, para que algunos sean diputados o para coaccionar a jornaleros para cortar carreteras. Este a?o se han reducido los fondos porque el plan econ¨®mico del Gobierno habla de restricciones. Hay pueblos, con ayuntamientos de todo signo pol¨ªtico, que emplean ejemplarmente los fondos y otros a los que ha habido que denunciar por dar como hechas cosas que no se han hecho. Hay gente que cierra sus tiendas durante los d¨ªas que hay fondos y trabajan en las obras del ayuntamiento para ganarse un sobresueldo. En el empleo comunitario hay mucha picaresca y mucho fraude, pero tambi¨¦n es cierto que hay mucho paro y que la asignaci¨®n de fondos no deber¨ªa ser r¨ªgida en cuanto a dar todos los meses lo mismo?.Esta ¨²ltima idea es uno de los planteamientos fundamentales de Asaga respecto al empleo comunitario. ?El Gobierno dice que la asignaci¨®n presupuestaria hay que dividirla en doce cantidades iguales, para los doce meses del a?o. Ese legislador puede saber mucho de pol¨ªtica presupuestaria, pero no tiene ni idea de lo que ocurre socialmente con el paro. Las necesidades de junio y de julio no son las mismas, porque las cosechas son distintas y, en consecuencia, la mano de obra empleada crece cuando hay tarea?.

La postura de Comisiones Obras en Sevilla, por boca de Juan Antonio Romero, es que la irregularidad y escasez del env¨ªo de fondos genera tensiones. ?Adem¨¢s de un reparto discriminatorio de los gobiernos civiles que aplican criterios Pol¨ªticos, no hay forma de prever cu¨¢ndo llegan los fondos y esto impide una planificaci¨®n de las obras a realizar en los ayuntamientos. La escasez, la discriminaci¨®n y la imposibilidad de prever crean tensiones que generan conflictos?. Esta postura es compartida por el SOC.

Las fincas mejorables, otra forma de presi¨®n

No hay previsiones de lo que el Gobierno tiene presupuestado para la zona durante este mes. Estimaciones del SOC calculan que, s¨®lo para la provincia de Sevilla, ser¨¢n necesarios para el mes de junio 462 millones de pesetas y 198 en materiales. Seg¨²n todos los sindicatos, la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables est¨¢ pol¨ªticamente relacionada con la asignaci¨®n de fondos de empleo comunitario. Pocos d¨ªas despu¨¦s de que las noticias de incendios de fincas comenzaran a hacerse alarmantes, fuera de lo normal en esta ¨¦poca del a?o, el Ministerio de Agricultura dio u?a lista de 78 fincas de las provincias de Badajoz, Sevilla y C¨¢diz sobre las que se segu¨ªa expediente de expropiaci¨®n por la ley ya mencionada. La finca de mayor extensi¨®n de las que figuraba en la lista era la de Alcornocalejo, propiedad de Mar¨ªa del Carmen Pinillos, de 2.250 hect¨¢reas. Al d¨ªa siguiente de la publicaci¨®n de la lista en EL PAIS, el delegado de Agricultura de Sevilla negaba que esa finca estuviera sujeta a expropiaci¨®n. Uno de los responsables de la finca nos confirm¨® in situ que el d¨ªa 2 de enero de este a?o se hab¨ªa presentado en el IRYDA un proyecto de mejoramiento de la finca y que con el trabajo realizado en ella se hab¨ªa acabado con el paro en Villanueva del R¨ªo, pueblo pr¨®ximo, al tiempo que se calificaba con gruesas palabras al autor de la lista.?Esa ley de Fincas Manifiestamente Mejorables la aplica el Gobierno con criterios de estrategia pol¨ªtica?, piensa Francisco Casero, secretario general del SOC. ?No son las 78 que dice,sino doscientas. Estamos elaborando un informe sobre fincas manifiestamente mejorables. A los empresarios que tienen conciencia social y que colaboran con los jornaleros les daremos un trato preferencial en este dossier, pero actuaremos contra los que se niegan sistem¨¢ticamente a colaborar. Las movilizaciones populares ser¨¢n contra ellos. De hecho, los incendios se han producido en fincas de empresarios que no est¨¢n dispuestos a colaborar?. Nuevamente surge el tema de la autor¨ªa de los incendios.

CC OO, anteponiendo la afirmaci¨®n de que ?no creemos que el SOC haga los incendios?, dice a continuaci¨®n que ?el que crea que los incendios son una forma de sindicalismo se equivocan?. Finalmente, parece surgir la figura de los incontrolados, que para el se?or Fern¨¢ndez Madrid son del SOC, a trav¨¦s de las asambleas de parados, para el SOC son jornaleros desesperados y empresarios p¨ªcaros, y para CC OO algo parecido, aunque sin pensar en la posibilidad de que las asambleas de parados act¨²en al margen ?le los sindicatos. Todos los partidos pol¨ªticos y centrales sindicales han solicitado una investigaci¨®n sobre los incendios, incluido el SOC. Ayer, el PSA hizo p¨²blico un comunicado en el que acusaba al gobernador de Sevilla de precipitarse al hacer acusaciones antes de haber concluido las investigaciones que lleven a descubrir los verdaderos culpables.

"El campo salva la papeleta al Gobierno"

?Lo que pasa hoy en Sevilla es consecuencia de una pol¨ªtica agraria incoherente y, sin embargo, durante este a?o la agricultura ser¨¢ nuevamente la base de la disminuci¨®n ' de la inflaci¨®n?. Javier L¨®pez de la Puerta piensa que el Gobierno se sirve de la agricultura para sus ?declaraciones triunfalistas sobre la inflaci¨®n cuando ¨¦sta fue s¨®lo del 15 % el pasado a?o gracias a la agricultura. Si no, podr¨ªa haberse llegado a un 20 % o un 25 %, y la banda salarial estar¨ªa en esas cifras?.Ante determinadas acusaciones de inhibici¨®n de empresarios ante el paro y el desempleo, el presidente de Asaga afirma: ?En septiembre de 1977, un mes despu¨¦s de constituirse la asociaci¨®n, se elabor¨® un informe que se envi¨® al Gobierno sobre este tema. En 1978 se elabor¨® un informe sobre la forma de paliar el desempleo en los meses de junio, julio y agosto. El ministro nos dijo que si ser¨ªamos capaces de orientar un decreto-ley sobre el tema. Lo hicimos y no volvimos a saber nada. En mayo de 1979, Asaga, Huaga y J¨®venes Agricultores volvieron a insistir. En abril de este a?o, tras acuerdos con las centrales sindicales, se entreg¨® un nuevo informe sobre el paro agr¨ªcola, se Insist¨ªa en que no estaba vinculado a la crisis econ¨®mica, que no es imputable a los agricultores, que se genera por hechos ajenos a la agricultura y advertimos que deber¨ªa actuarse antes de junio, porque ellos sab¨ªan que iba a haber problemas?.