Subida de los transportes y pol¨ªtica municipal

LA ENTREVISTA que mantuvieron la pasada semana una comisi¨®n de alcaldes con el presidente del Gobierno suscit¨® un clima de moderado optimismo acerca del buen encauzamiento de los graves problemas de nuestra vida municipal, descle los d¨¦ficit presupiiestarios hasta los transportes colectivos. Sin embargo, las informaciones facilitadas por el Ayuntamiento de Madrid sobre las demoras que sufre la aprobaci¨®n por el Estado de su presupuesto ordinario para 1980 muestran que las cosas de palacio van sospechosamente despacio. A la vez, el anuncio de subidas de tarifas de transporte urbano ha sembrado la desaz¨®n entre los ciudadanos, acorralados por los aumentos de la cesta de la compra, la luz, el tel¨¦fono, el aguia y -toquemos madera- los servicios funerarios.Est¨¢ claro que esos dos aspectos -la indigencia de las haciendas locales y el encarecimiento de los servicios municipales- est¨¢n ¨ªntimamente ligados. Las haciendas locales no s¨®lo han de hacer frente a los gastos financieros producidos por los presupuestos especiales de liquidaci¨®n de deudas origirtadas en el pasado, sino que se ven obligadas a aumentar los impuestos locales por su inadecuada participaci¨®n en los ingresos generales del Estado. Como es sabido, el porcentaje del gasto p¨²blico total confiado a los ayuntamientos espa?oles se sit¨²a en una cota muy inferior a la habitual en los pa¨ªses europeos. Mientras en el conjunto de las naciones de la CEE el gasto p¨²blico encauzado por la Administraci¨®n local excede el 25% del total, y Holanda supera el 50%, los miinicipios espa?oles se mueven por debajo del 10% y se conforman con gestionar en el horizonte de 1985 un 15% de los impuestos indirectos y un 12% de los impuestos de la renta.

Mucho se habla en este pa¨ªs de instituciones de autogobiemo a escala de nacionalidades hist¨®ricas y de regiones. Pero el comprensible entusiasmo por esos miniestados, justificado por lo que pueda significar de acercamiento a los ciudadanos de la gesti¨®n p¨²blica, no tendr¨ªa por qu¨¦ enfriar los ¨¢nimos para reivindicar un ¨¢mbito de competencias y funciones, suficientemente financiado por el gasto p¨²blico, para los municipios. En este sentido, la utilizaci¨®n de los problemas municipales para las luchas pol¨ªticas entre el Gobierno, que controla la Administraci¨®n central, y la oposici¨®n parlamentaria, que domina la Administraci¨®n local, s¨®lo podr¨ªan producir a los ciudadanos una justificada aversi¨®n hacia los partidos y un cansancio de los h¨¢bitos democr¨¢ticos. Si el Gobierno prosiguiera.en su iniciada estrategia de asfixiar econ¨®mica y administrativamente a los ayuntamientos de mayor¨ªa socialista o comunista, y si los ayuntamientos de izquierda consideraran que su poder local debe ser utilizado para dirimir cuestiones de pol¨ªtica nacional o internacional, que rebasan el marco normal de sus actuaciones, o para transformar las alcald¨ªas en hogares para encierros, los vecinos terminar¨ªan por mandarles al diablo a ambos a dos. La creciente participaci¨®n de los ayuntamientos -de derecha, de centro o de izquierda- en los asuntos educativos (m¨¢s all¨¢ del desempe?o de las funciones propias de un casero), de cultura, de medio ambiente, de sanidad, de urbanismo, de planificaci¨®n del territorio, de deporte y de transporte, puede hacer por la consolidaci¨®n de la democracia m¨¢s que mil discursos.

La subida de los transportes urbanos madrile?os se halla, sin duda, animada por el prop¨®sito de aproximar el coste real de esos servicios a las tarifas efectivamente pagadas por los usuarios. La convocatoria de una huelga de transportes, lanzada por UGT en Madrid, contra una medida propuesta por un ayuntamiento controlado por el PSOE, no s¨®lo demuestra una considerable dosis de radicalismo irreflexivo, sino tambi¨¦n el reflejo corporativo de intentar frenar la inflaci¨®n sent¨¢ndose sobre los precios, porque esa elevaci¨®n de tarifas no suprime el car¨¢cter de precio pol¨ªtico de los transportes colectivos, dado que los usuarios s¨®lo van a contribuir aproximadamente en un 70% a sufragar los costes de su explotaci¨®n.

El verdadero tema de discusi¨®n no se centra en el todo o nada de las subvenciones, esto es, en el dilema de la absoluta gratuidad o de la rentabilidad capitalista de su explotaci¨®n, sino en la determinaci¨®n del porcentaje que debe corresponder al gasto p¨²blico en su financiaci¨®n y en la interrogante de si otros beneficiados indirectos -los centros comerciales o las grandes empresas, fundamentalmente- deben contribuir al mantenimiento de unos servicios p¨²blicos que representan econom¨ªas externas para su funcionamiento. La lucha contra las aglomeraciones de tr¨¢fico, la defensa frente a la contaminaci¨®n y la campa?a en favor del ahorro de combustible, secuelas inevitables de la proliferaci¨®n de autom¨®viles privados, apoyan, en funci¨®n de los intereses generales, la financiaci¨®n por el gasto p¨²blico de una parte del coste de estos servicios colectivos, pero dif¨ªcilmente de su totalidad. Seguramente, el 75% de contribuci¨®n por parte de los usuarios que propuso el Gobierno en la reuni¨®n del palac¨ªo de la Moncloa sea excesivo, y tal vez la distribuci¨®n a medias de las cargas entre, el gasto p¨²blico y los clientes de metros y autobuses resultara m¨¢s justa.