La Generalidad explicar¨¢ ma?ana oficialmente sus criterios sobre el uso p¨²blico del idioma

Despu¨¦s de semanas de contactos con partidos y especialistas, ma?ana la Generalidad de Catalu?a har¨¢ p¨²blica su postura oficial respecto al decisivo tema de la normalizaci¨®n del uso p¨²blico de la lengua catalana. Tras ello, el Gobierno aut¨®nomo intentar¨¢ presentar, conjuntamente con todos los grupos parlamentarios, un proyecto de ley auton¨®mica relativo a dicha cuesti¨®n espec¨ªfica. Las ¨²nicas reticencias apreciadas por parte de los partidos catalanes provienen de los socialistas del PSC-PSOE, quienes, en principio, se oponen a la simple existencia de una ley de este tipo, cuya discusi¨®n parlamentaria acentuar¨ªa sus contradicciones, su bipolarizaci¨®n interna.

La redacci¨®n del actual Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a permite la elaboraci¨®n de una ley de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica muy aceptable para la lengua catalana. El Estatuto declara, en efecto, ?lengua propia? de Catalu?a el catal¨¢n, evidencia que, en cambio, bajo la Segunda Rep¨²blica s¨®lo pudo ser reconocida legalmente, con esta misma f¨®rmula, en el denominado Estatuto interior, elaborado por el Parlamento catal¨¢n en 1932.La postura de la Generalidad se mueve, pues, entre las amplias posibilidades legislativas -superestructurales- y una realidad estructural, de base democr¨¢tica, menos atrayente desde un punto de vista de defensa de la lengua y cultura catalanas. En este mismo sentido, cabe considerar el deliberado abandono de la defensa de la lengua catalana llevado a cabo por Josep Tarradellas, en unos momentos en que hubiese sido posible conjugar masivamente, e incluso confundir, renacimiento cultural y ling¨¹¨ªstico catal¨¢n con la construcci¨®n del conjunto de la democracia.

En este marco, la Generalidad parte de la base de que, actualmente, cada ciudadano residente en Catalu?a tiene derecho a usar su lengua materna, sin capacidad para imponerla a los dem¨¢s. El derecho a conocer el catal¨¢n ser¨¢, por ello, s¨®lo exigible cuando la persona considerada haya tenido la ocasi¨®n de aprenderlo. De ah¨ª, en consecuencia, el car¨¢cter progresivo del proceso y el papel decisivo que corresponde a la escuela. Esta postura queda complementada con el reconocimiento expl¨ªcito por la Generalidad del derecho de los adultos residentes en Catalu?a a recibir de la Administraci¨®n la ayuda precisa para poder dominar la lengua catalana. En s¨ªntesis, para la primera etapa de normalizaci¨®n, la cultura de la Generalidad, tal y como ser¨¢ anunciada ma?ana, es de biling¨¹ismo pasivo, tanto a nivel p¨²blico como privado.

Respecto al funcionariado presente en Catalu?a, masivamente castellanohablante, la posici¨®n de la Generalidad ser¨¢ de escrupuloso respeto a todos los derechos adquiridos. Pero si las necesidades del servicio lo exigen, los funcionarios dependientes de la Generalidad deber¨¢n seguir cursos de catal¨¢n, impartidos gratuitamente y dentro del horario laboral.

Funcionarios preferentes

Por otro lado, la Generalidad manifestar¨¢ que debe ser estrictamente respetado el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua, para lo cual, en la contrataci¨®n de funcionarios por las instituciones auton¨®micas, ser¨¢ m¨¦rito preferente el buen conocimiento del catal¨¢n y del castellano. En la pr¨¢ctica; la Administraci¨®n central ya considera el catal¨¢n un m¨¦rito preferente para los funcionarios que desean ser destinados a Catalu?a.El criterio de la Generalidad, seg¨²n expresar¨¢ p¨²blicamente ma?ana, es que para el ingreso de funcionarios en Catalu?a, en tareas que est¨¦n en contacto directo con el p¨²blico, deba superarse una prueba obligatoria de conocimiento del catal¨¢n. Asimismo, los profesores de los niveles educativos de ense?anza globalizada deber¨¢n demostrar, un conocimiento correcto de ambas lenguas.

La Generalidad expresar¨¢ su confianza en que las relaciones entre los ciudadanos catalanes y la Administraci¨®n estatal en Catalu?a podr¨¢n llevarse a cabo prioritariamente en catal¨¢n. La actual situaci¨®n de hecho es absolutamente antag¨®nica, ya que la inmensa mayor¨ªa del funcionariado desconoce este idioma, por proceder de otras zonas de Espa?a.

La instituci¨®n auton¨®mica catalana expresar¨¢ tambi¨¦n ma?ana su voluntad de potenciar la labor del ?servicio de normalizaci¨®n del uso oficial del catal¨¢n? y el ?servicio de asesoramiento ling¨¹¨ªstico?, ambos de la Consejeria de Cultura y medios de comunicaci¨®n social. Estos servicios colaborar¨¢n en las tareas de correcci¨®n de textos, traducci¨®n y asesoramiento general, en relaci¨®n tanto a entidades como a particulares.

Se?ales de tr¨¢fico

Otras medidas de orden menor tambi¨¦n ser¨¢n regularizadas de forma inmediata. Se refieren a la rotulaci¨®n y se?alizaci¨®n prioritariamente en catal¨¢n de los servicios dependientes de la Generalidad (como son los sanitarios y los de transporte, entre otros). Asimismo, la Generalidad usar¨¢ ¨²nicamente el catal¨¢n en sus comunicaciones con la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado en Catalu?a, que s¨®lo de ser preciso podr¨ªan ir acompa?adas de una versi¨®n castellana. En las comunicaciones a ciudadanos particulares, la Generalidad usar¨¢ el catal¨¢n, con la excepci¨®n de hacerlo en castellano cuando ¨¦ste deseo se manifieste expresamente.Hasta ahora se ha dado un amplio acuerdo sobre estos puntos por parte de la mayor¨ªa de partidos catalanes. La ¨²nica reticencia formal es la socialista. Esta opci¨®n pol¨ªtica -as¨ª como, aun en mayor grado, la UGT- ve con prevenci¨®n el tema, por cuanto cuenta con una aguda divisi¨®n interna entre catalanes e inmigrantes.