Indecisi¨®n administrativa sobre la contaminaci¨®n de Bilbao

La falta de claridad sobre el contenido exacto de las competencias transferidas al Gobierno vasco en materia de sanidad y medio ambiente parece estar en el origen de la parsimonia con que las autoridades est¨¢n abordando la soluci¨®n al grave problema de contaminaci¨®n revelado por la declaraci¨®n, el pasado d¨ªa 6, del estado de alarma en la comarca del Gran Bilbao.As¨ª, el gobierno civil se encontraba todav¨ªa ayer a la espera del dictamen de su asesor¨ªa jur¨ªdica sobre el organismo y organismos a los que corresponder¨ªa tomar las iniciativas pertinentes ante el hecho comprobado de la existencia de varias toneladas de DDT al borde de una v¨ªa urbana de Baracaldo. Mientras tanto, el fuerte olor a insecticida que hab¨ªa alarmado la semana pasada a los bilba¨ªnos, movilizando a los servicios de protecci¨®n civil, segu¨ªa siendo claramente perceptible en varias localidades de la margen izquierda del Nervi¨®n.

Fuentes solventes expresaban, paralelamente, su escepticismo ante la decisi¨®n, adoptada el pasado viernes con car¨¢cter de urgencia, de cubrir con una capa de arena las decenas de toneladas de DDT arrojadas a una escombrera de Portugalete.

Quiz¨¢ por ello, la Consejer¨ªa vasca de Pol¨ªtica Territorial, de la que depende la Direcci¨®n General de Medio Ambiente, remit¨ªa al gobierno civil un informe en el que suger¨ªa verter sobre la capa de arena cien toneladas de sulfato de cal, ¨²nico material que, al parecer, ofrece garant¨ªas para anular los efectos t¨®xicos del DDT.

El mismo departamento del Gobierno vasco, en base a una de las competencias claramente estipuladas en los convenios de transferencias firmados hasta el momento, ordenaba al Ayuntamiento de Portugalete la apertura de un expediente de cierre de la escombrera, por considerar a ¨¦sta, a efectos legales, clandestina.

Fuentes de la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial precisaron, por otra parte, que deber¨¢ ser la alcald¨ªa de dicha localidad quien determine, tras el previsible cierre, la sanci¨®n que cabe imponer a los responsables de la escombrera.