PSOE y UCD, enfrentados por la presencia de las autonom¨ªas en el sector p¨²blico

La participaci¨®n de la futura comunidad aut¨®noma asturiana en las empresas p¨²blicas radicadas en esta regi¨®n es uno de los puntos que m¨¢s separan las posiciones de los partidos mayoritarios, PSOE y UCD, en los textos enviados a la Comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados, que pr¨®ximamente designar¨¢ la ponencia para el inicio de los trabajos parlamentarlos del Estatuto de Autonom¨ªa asturiano, que habr¨¢ de ser aprobado como ley org¨¢nica. Frente a la tesis de que las comunidades aut¨®nomas solamente podr¨¢n participar en las empresas p¨²blicas en la medida en que participen tambi¨¦n en su capital, defendida por el ministro de Industria, Ignacio Bay¨®n, y el presidente del INI, Juan Miguel de la Rica, PSOE y UCD plantean la necesidad de introducir la variable regional en la empresa p¨²blica estatal radicada en Asturias, aunque con notables diferencias en los planteamientos de ambos partidos.Actualmente, m¨¢s de 55.000 personas, aproximadamente el 40% de la poblaci¨®n activa industrial, trabajan en Asturias en la empresa p¨²blica, la cual acapara el 45% del valor a?adido bruto (VAB) de esta regi¨®n. El INI, que ha realizado en Asturias un tercio de su inversiones, cre¨® unos puestos de trabajo bien remunerados, hasta e punto de que buenos fresadores y torneros abandonar¨ªan a los empresarios privados para entrar como peones en Ensidesa.

Propuestas de la izquierda

El texto del anteproyecto de Estatuto de Autonom¨ªa, aprobado por el PSOE y PCE, establece en el Principado que proponga un tercio de las personas que hayan de formar parte de los ¨®rganos de gesti¨®n o administraci¨®n de las empresas p¨²blicas por designaci¨®n del Esta do, organismos aut¨®nomos u otras entidades de derecho p¨²blico que participen en ellas. Seg¨²n la pro puesta de la izquierda, el Principado emitir¨¢ dictamen preceptivo, con car¨¢cter previo a la adopci¨®n por el Estado de acuerdos que impliquen modificaciones sustancia les en su estructura empresarial industrial o de empleo, traslado de centros de trabajo de las ¨¢reas geogr¨¢ficas o implantaci¨®n que afecten significativamente a la socioeconom¨ªa de la regi¨®n.Por su parte, UCD opta por una soluci¨®n m¨¢s ambigua, pr¨®xima a la del estatuto catal¨¢n, seg¨²n la cual el Principado de Asturias participar¨¢ en el sector p¨²blico econ¨®mico estatal radicado en su territorio, en los casos y actividades que procedan, de acuerdo con la legislaci¨®n general del Estado. La izquierda y UCD coinciden, sin embargo, en atribuir a la comunidad aut¨®noma la facultad de elaborar y remitir al Gobierno informes, estudios y propuestas relativos a las empresas p¨²blicas o a su incidencia en la socioeconom¨ªa de la regi¨®n, que dar¨¢n lugar a la resoluci¨®n motivada del Ejecutivo, de los organismos o entidades titulares de la participaci¨®n en dichas empresas. En su reciente visita a Asturias, el ministro de Industria, Ignacio Bay¨®n, ratific¨® las declaraciones del presidente del INI, Juan Miguel de la Rica, seg¨²n las cuales las empresas p¨²blicas son sociedades an¨®nimas que no prev¨¦n otra v¨ªa d¨¦ participaci¨®n en la gesti¨®n, m¨¢s que a trav¨¦s del capital.