CC OO defiende para los trabajadores una salida progresista a la crisis econ¨®mica actual

Concienciar a los trabajadores de que es posible una salida progresista de la crisis es la idea b¨¢sica que animar¨¢ la estrategia de CC OO, que ayer inaugur¨® en Madrid su segunda conferencia sindical, con participaci¨®n de trescientos militantes, ante la pr¨®xima negociaci¨®n colectiva.Comisiones Obreras se inclina, en el cap¨ªtulo de la negociaci¨®n colectiva, por paliar, primero, y evitar, despu¨¦s, los efectos m¨¢s graves de la crisis sobre la clase obrera y participar en la negociaci¨®n de las transformaciones sociecon¨®micas que posibiliten la posici¨®n de la econom¨ªa espa?ola en la nueva distribuci¨®n internacional del trabajo.

Respecto a las medidas tendentes a paliar los efectos del paro, y seg¨²n se puso de manifiesto ayer en la conferencia sindical, CC OO propone un tratamiento adecuado de la reestructuraci¨®n sectorial, reducci¨®n de la jornada de trabajo (35 horas semanales), control de las horas extras y el pluriempleo y jubilaciones anticipadas.

La jubilaci¨®n a los 64 a?os en vez de a los 65 costar¨¢ en 1981, seg¨²n un documento interno de CC OO, un total de 27.615 millones de pesetas y supondr¨¢ la rescisi¨®n de 33.606 contratos de trabajo. El citado documento se refiere tambi¨¦n a posibles jubilaciones a los 63 a?os, lo que supondr¨¢ 5.500 jubilados adicionales a partir de los dos a?os, y un coste tambi¨¦n adicional de 16.290 millones de pesetas sobre los referidos 27.615 millones.

Comisiones Obreras rechaza el programa del Gobierno de aumentar los recursos del Tesoro a trav¨¦s del aumento de los impuestos indirectos para financiar un plan de empleo. Para la central comunista, el Fondo Nacional de Empleo debe estar dotado con 150.000 millones de pesetas para 198 1. La forma de llegar a esa cifra, seg¨²n CC OO, es la siguiente: 60.000 millones provenientes de un impuesto especial para el empleo de caracter¨ªsticas id¨¦nticas al del IRPF; 30.000 millones procedentes de una disminuci¨®n de las exenciones fiscales en el impuesto sobre sociedades, y 60.000 millones aportados por el Estado.