El PSOE y la presidencia de la diputaci¨®n

EL PENOSO forcejeo entre el presidente de la Diputaci¨®n de Madrid, compulsivamente aferrado a su cargo, y la direcci¨®n regional y nacional del PSOE, que le ped¨ªa la dimisi¨®n para evitar un sonado esc¨¢ndalo y males mayores, ha concluido finalmente con la renuncia de Carlos Revilla. Pero este pulso ha significado algo m¨¢s que un nuevo incidente motivado por la vanidad de un pol¨ªtico y por su incapacidad para contrastar la imagen reflejada en el espejo con los juicios de terceros.Es verdad que Carlos Revilla dio un notable ejemplo, a lo largo de a?o y medio, de c¨®mo se puede inflar una figura hasta el punto de hacerla creer que la ocupaci¨®n de un cargo p¨²blico, al que hab¨ªa accedido por pedalear en el pelot¨®n an¨®nimo de un equipo definido por unas siglas, se deb¨ªa a merecimientos propios, ignorados por los votantes. Tambi¨¦n parece cierto que la gesti¨®n del ex presidente de la diputaci¨®n se caracteriz¨® por un autoritarismo digno de sus predecesores en d¨¦cadas anteriores, por una megaloman¨ªa que en ocasiones roz¨® los l¨ªmites de lo grotesco y se plasm¨® en proyectos como la propuesta de adquirir el palacio de Villahermosa, por una proclividad al amiguismo y, por una condenable confusi¨®n entre sus responsabilidades mediatas de la ciudad sanitaria y su profesi¨®n como m¨¦dico.

La destituci¨®n por decreto de Eduardo Ferrera no fue, en esta perspectiva, m¨¢s que el paso en falso dado por quien cre¨ªa que pod¨ªa pisar fuerte -aunque fuera sobre las cabezas de sus compa?eros de diputaci¨®n- gracias al carisma transferido por el cargo p¨²blico a su titular y por la equivocada idea de que los apoyos de la tercera v¨ªa en la Federaci¨®n Socialista Madrile?a o el temor de la comisi¨®n ejecutiva al esc¨¢ndalo le conced¨ªan patente de corso. La actitud de negarse a hacer declaraciones a la Prensa durante los d¨ªas pasados cuadra a la perfecci¨®n con esa arrogancia de la que pueden hacer gala quienes toman el r¨¢bano del papel social que desempe?an por las hojas de sus merecimientos ontol¨®gicos.

En cambio, el empecinamiento de Carlos Revilla en seguir en su cargo, pese a la decisi¨®n de los ¨®rganos directivos del partido que le proporcion¨® ese destino y que ahora invitaba a abandonarlo, hubiera sido algo m¨¢s que inconsciencia vanidosa o angustia ante la idea de regresar a la vida privada. Porque Carlos Revilla, de negarse a presentar esa dimisi¨®n que la comisi¨®n ejecutiva del PSOE le ped¨ªa, hubiera situado a su partido en una inc¨®moda postura y en un desagradable dilema. En efecto, la ley de R¨¦gimen Local imped¨ªa que el partido, gracias al cual fue elegido concejal, primero, y designado presidente de la diputaci¨®n, despu¨¦s, destituyera de su cargo oficial a Carlos Revilla. De no haberse producido la demisi¨®n, no hubiera tenido m¨¢s camino que conseguir que expulsarle como militante, con las consiguientes dificultades que hubiera ofrecido convertir en motivos para esta dr¨¢stica medida la propensi¨®n al figureo o la protecci¨®n a los amigos. Porque las acusaciones contra Revilla, aunque pol¨ªticamente convincentes, no hab¨ªan versado en ning¨²n caso sobre aspectos lindantes con la culpa o el dolo penales. La decisi¨®n de incoar un expediente de expulsi¨®n de dudoso final hubiera reabierto las heridas apenas cicatrizadas dentro de la Federaci¨®n Socialista Madrile?a, desatado una pol¨¦mica de dudosa utilidad para la precaria unidad de los socialistas en otros ¨®rganos o regiones y sentado el nefasto precedente de trabar en un todo indisoluble las querellas internas de un partido con la administraci¨®n de los asuntos p¨²blicos.

Vaya por delante que, a la larga, el PSOE obtendr¨¢ ganancias para su credibilidad ciudadana superiores a los perjuicios que para su imagen pudieran producir sus debates externos. Para los administrados resultar¨¢ tranquilizador comprobar que un partido pol¨ªtico puede rectificar los errores cometidos al asignar a una determinada persona para un determinado cargo electivo y que no repara en costes para hacerlo. En este sentido no estar¨ªa mal que sus competidores en la Administraci¨®n local siguieran su ejemplo. Ahora bien, parece necesario matizar esa valoraci¨®n positiva con dos reflexiones,

Por un lado, la experiencia deber¨ªa servir a todos los partidos para elaborar las listas de candidatos con mayor tiento, con menos clientelismo y atendiendo a criterios de idoneidad para las funciones p¨²blicas a desempenar. Y esto no s¨®lo en lo que respecta a la Administraci¨®n local, sino tambi¨¦n en lo que concierne al Parlamento, tan sobrado de obedientes giradores de llaves y tan carente de t¨¦cnicos y expertos. Por otro, ser¨ªa totalmente rechazable que estas destituciones de los cargos p¨²blicos por los partidos no estuvieran motivadas por razones objetivas y funcionales -como parece ser el caso de Revilla-, sino que fueran consecuencia de luchas intrapartidistas de car¨¢cter ideol¨®gico o personalista. Porque el mermado cr¨¦dito de los partidos como veh¨ªculos de participaci¨®n de la voluntad popular en la vida p¨²blica sufrir¨ªa un duro golpe si se llegara a comprobar que el buen gobierno de las diputaciones o de los ayuntamientos les importa menos a las direcciones que una buena caza de brujas contra disidentes organizada en un momento propicio.