El Gobierno vasco quiere polic¨ªa aut¨®noma en un plazo de seis meses
En la nueva entrevista que en la semana entrante mantendr¨¢n Luis Mar¨ªa Retolaza y Juan Jos¨¦ Ros¨®n, titulares de las carteras del Interior del Gobierno vasco y del Gobierno espa?ol, respectivamente, el primero plantear¨¢, con toda probabilidad, la petici¨®n de que en un plazo de seis meses pueda entrar en funcionamiento una primera dotaci¨®n de la polic¨ªa aut¨®noma vasca, compuesta por unos quinientos agentes.El tema fue ya suscitado en el transcurso de las reuniones mantenidas a partir del pasado d¨ªa 2 en Madrid entre representantes de ambos Gobiernos y que culminaron con la entrevista Su¨¢rez-Garaikoetxea. Fue este ¨²ltimo quien el pasado jueves revel¨® la existencia de tal petici¨®n en el transcurso de su intervenci¨®n ante el pleno del Parlamento de Vitoria.
El lendakari explic¨® que hab¨ªa pedido al Gobierno espa?ol una ?muestra de buena voluntad?, que podr¨ªa concretarse en la respuesta positiva a dos peticiones: la transferencia inmediata, por una parte, de las competencias sobre polic¨ªa de tr¨¢fico y sus servicios complementarios, y la entrada en servicio, por otra, de un primer contingente de medio millar de polic¨ªas aut¨®nomos.
El propio Garaikoetxea reiter¨® ante el pleno su convicci¨®n de que nada impide, jur¨ªdicamente, la puesta en marcha de la polic¨ªa vasca, y lament¨® las nuevas dificultades surgidas en la negociaci¨®n. La posici¨®n ¨²ltimamente manifestada por la Administraci¨®n central es que debe ser el Gobierno vasco quien precise la lista de las competencias que asumir¨¢ la polic¨ªa aut¨®noma. Como subray¨® el lendakari, la filosof¨ªa de tal petici¨®n es contraria al esp¨ªritu y la letra del Estatuto, cuyo art¨ªculo 17 determina expresamente que ?corresponder¨¢ a las instituciones del Pa¨ªs Vasco el r¨¦gimen de la polic¨ªa aut¨®noma para la protecci¨®n de las personas y bienes y el mantenimiento del orden p¨²blico dentro del territorio aut¨®nomo?.
La ¨²nica salvedad que se hace a tal principio es que ?quedar¨¢n reservados, en todo caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los servicios policiales de caracteres extra y su pracom unitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, etc¨¦tera?. Garaikoetxea explic¨® que, de las ¨²ltimas negociaciones parec¨ªa desprenderse el deseo por parte del Gobierno central de definir un ¨¢mbito de delitos federales, cuya persecuci¨®n estar¨ªa reservada a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a alg¨²n organismo especial de coordinaci¨®n entre diversas Polic¨ªas, no previsto, en cualquier caso, en el Estatuto.
El otro tema sobre el que hablar¨¢n, sin duda, Ros¨®n y Retolaza es el de la Junta de Seguridad, organismo clave para la pol¨ªtica de orden p¨²blico en la comunidad aut¨®noma y al que el texto del Estatuto asigna la funci¨®n de ?coordinaci¨®n entre la polic¨ªa aut¨®noma y los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?. La Administraci¨®n central se resiste a nombrar sus representantes en la misma.
Esta resistencia se debe, seg¨²n explic¨® Garaikoetxea el jueves, a la pretensi¨®n del Gobierno de Madrid de adjudicar a uno de sus representantes -probablemente el gobernador general- la presidencia de dicho ¨®rgano, lo cual alterar¨ªa la paridad.
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