Abogac¨ªa y Parlamento

El Congreso de la Uni¨®n Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (Uiba), que inicia sus sesiones de trabajo el pr¨®ximo d¨ªa 27 en M¨¦xico, tratar¨¢ en profundidad el tema de la intervenci¨®n de los colegios y asociaciones de abogados en la elaboraci¨®n legislativa de las c¨¢maras parlamentarias. Es este un paso m¨¢s en la pr¨¢ctica para la defensa de la democracia y de los derechos humanos. El mundo latinoamericano recoge la antorcha del congreso de Cannes de la Uni¨®n Internacional de Abogados (UIA), en el que estuvo presente Espa?a, y traslada a Latinoam¨¦rica los fundamentos que aporta la abogac¨ªa al desarrollo de la democracia desde un punto de vista jur¨ªdico que la pr¨¢ctica parece exigirlo.El hacer de la abogac¨ªa nos lleva, ineludiblemente, a una especial vocaci¨®n a la ley y a todo el proceso de su elaboraci¨®n. La abogac¨ªa act¨²a en la entra?a de la sociedad a trav¨¦s del derecho positivo. Es decir, de la ley promulgada. La abogac¨ªa quiere decir siempre derecho vivo. Pero no es conformista, sino cr¨ªtica. No nos conformamos f¨¢cilmente los abogados, ni con los hechos que se nos presentan ni con la ley que se nos da. Sometemos todo, en cuanto sea conveniente o simplemente necesario, a una cr¨ªtica sin excesivos respetos. Somos, en definitiva, los ut¨®picos de la justicia conforme a aquel mandamiento de Coututre al abogado: ?Lucha. Tu deber es luchar por el derecho Pero el d¨ªa que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia?.

El expuesto punto de partida explica el planteamiento de la cuesti¨®n desde los congresos de la abogac¨ªa. Intentamos, reunidos con compa?eros de otros pa¨ªses, buscar y encontrar v¨ªas de colaboraci¨®n que nos permitan efectuar la aportaci¨®n de nuestra experiencia dentro del proceso de creaci¨®n de la ley.

Es posible que desde una ¨®ptica simple se nos replique con una objeci¨®n f¨¢cil: ?Es que acaso no est¨¢n presentes los abogados, en porcentajes muy apreciables, por cierto, en los Gobiernos y en los Parlamentos?. Y a esa objeci¨®n debemos nosotros replicar con lo siguiente:

Cuando en una lista ministerial aparece repetidamente la profesi¨®n de abogado, ser¨ªa ¨²til clarificar si estamos hablando de licenciados en derecho o de abogados en activo, porque solamente ¨¦stos, es el ejercicio habitual de la profesi¨®n, son los que recogen las inquietudes del ciudadano ante la justicia y la experiencia de lo que ocurre, en la pr¨¢ctica, en la aplicaci¨®n de la ley.

Es cierto que se encuentran en los Parlamentos de Occidente numerosos abogados, aunque no es menos cierto el fen¨®meno de la huida de los abogados de las actividades parlamentarias cada vez m¨¢s absorbentes y que les resultan de muy dif¨ªcil compatibilidad con el ejercicio. profesional. Pero, en cualquier caso, los que, con sacrificio notorio de sus intereses personales, permanecen en la actividad parlamentaria, se deben a la disciplina de partido libremente aceptada. Esta disciplina reduce el margen de independencia, independencia de partido que ostentan, en cambio, los ¨®rganos representativos de la abogac¨ªa y que en Espa?a se ha reconocido al llamarles para formar parte de las juntas electorales.

El servicio de la abogac¨ªa para la mejor elaboraci¨®n de los proyectos de ley se presta generalmente mediante informe de anteproyectos preparados por los t¨¦cnicos estatales que el Gobierno env¨ªa a los organismos superiores de la abogac¨ªa antes de remitirlos al Parlamento. En otros pa¨ªses, son las comisiones parlamentarias quienes invitan a los representantes de la abogac¨ªa a trabajar juntos en el examen de los proyectos de ley. Alemania Occidental, Austria, B¨¦lgica, Gran Breta?a, Israel, Canad¨¢, utilizan canales diversos para el aprovechamiento de la experiencia de los abogados y, en Latinoam¨¦rica, esa participaci¨®n viene definida de diferentes maneras: ?mejoramiento de la legislaci¨®n? (Per¨²), ?redacci¨®n de anteproyectos de legislaci¨®n? (provincia de Tucum¨¢n, en Argentina), o especial relieve de la influencia de la Orden de los Abogados, en Brasil, para la codificaci¨®n y profundas reformas de muy vario contenido legislativo.

Si el tema hubiese sido tratado en el Congreso de la Uni¨®n Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados de Caracas, celebrado en febrero de 1979, la posici¨®n de la abogac¨ªa espa?ola y, en definitiva, la imagen de nuestro r¨¦gimen democr¨¢tico habr¨ªa sido poco ejemplar para nuestros compa?eros de Latinoam¨¦rica, porque es lo cierto que como reacci¨®n err¨®nea aunque f¨¢cilmente explicable a la anterior democracia org¨¢nica, tanto el Ejecutivo como el Legislativo se olvidaron de la existencia del Consejo General de la Abogac¨ªa en el proceso de elaboraci¨®n legislativa y vimos, con tristeza por nuestra parte, c¨®mo se enviaron a las Cortes proyectos de ley tales como el del C¨®digo Penal, el de la ley org¨¢nica del Poder Judicial y el de algunas reformas procesales, sin tener ocasi¨®n de hablar en temas donde evidentemente ten¨ªamos mucho que decir. Desde hace unos meses, afortunadamente, se sigue ya el ejemplo de las democracias m¨¢s consolidadas, en las que se reconoce que al lado de la t¨¦cnica de los expertos estatales es bueno recoger tambi¨¦n la experiencia de la abogac¨ªa, que vive m¨¢s de cerca y m¨¢s en contacto con la conciencia popular las consecuencias reales de la aplicaci¨®n de la norma. Ello nos permitir¨¢ explicar a nuestros compa?eros latinoamericanos que el Consejo General de la Abogac¨ªa viene recibiendo ya, ahora, proyectos de ley relacionados con nuestra actividad, y que nosotros estamos informando con lealtad y con entusiasmo porque creemos que esta es, en definitiva, una de las m¨¢s positivas aportaciones que debemos a la sociedad espa?ola.