El Defensor del Pueblo velar¨¢ por los derechos constitucionales y supervisar¨¢ a la Administraci¨®n

La Comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados aprob¨® ayer la proposici¨®n de ley socialista que desarrolla el art¨ªculo 54 de la Constituci¨®n. Se trata de la configuraci¨®n del Defensor del Pueblo, instituci¨®n original en el ordenamiento espa?ol, sobre la que se alcanz¨® un amplio consenso entre todas las fuerzas parlamentarias. El Defensor del Pueblo velar¨¢ por los derechos fundamentales en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n p¨²blica, incluida la militar y la auton¨®mica.

De acuerdo con el art¨ªculo 54 de la Constituci¨®n y con la nueva ley org¨¢nica, si prospera la redacci¨®n aprobada ayer, el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales -a las que anualmente presentar¨¢ un informe- para la defensa de los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci¨®n, a cuyo efecto podr¨¢ supervisar la actividad de la Administraci¨®n, dando cuenta a las Cortes Generales. Seg¨²n manifest¨® Gregorio Peces-Barba a EL PAIS, el Defensor del Pueblo requerir¨¢ un equipo directivo de unas veinte personas, y el presupuesto total de gastos que significar¨¢ para el Estado ser¨¢ ?s¨®lo de trescientos millones a cuatrocientos millones de pesetas? ,El mandato del Defensor del Pueblo ser¨¢ de cinco a?os, y para su elecci¨®n se seguir¨¢ el siguiente procedimiento: ser¨¢ designado quien obtenga tres quintos de los votos del Congreso e igual mayor¨ªa del Senado. La votaci¨®n en esta segunda C¨¢mara se celebrar¨¢ veinte d¨ªas despu¨¦s de ]?la primera. Si no se alcanzan tales mayor¨ªas, para las sucesivas propuestas, formuladas en el plazo m¨¢ximo de un mes, bastar¨¢n los tres quintos del Congreso y la mayor¨ªa absoluta del Senado.

El Defensor del Pueblo actuar¨¢ con autonom¨ªa y ?seg¨²n su criterio?, no recibir¨¢ instrucciones de ninguna autoridad; gozar¨¢ de inviolabilidad, y no podr¨¢ ser detenido, expedientado, multado o juzgado en el ejercicio de su cargo.

En cuanto a su actuaci¨®n concreta, el Defensor del Pueblo, que puede recibir quejas de toda persona natural o jur¨ªdica que invoque un inter¨¦s leg¨ªtimo, est¨¢ facultado para realizar investigaciones conducentes ?al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administraci¨®n p¨²blica y sus agentes en relaci¨®n con los ciudadanos?. Estas atribuciones se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que act¨²e al servicio de las administraciones p¨²blicas.

En el caso de quejas referidas al funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia, la ley, recogiendo enmiendas centristas y de Coalici¨®n Democr¨¢tica (CD), establece que el Defensor del Pueblo dirigir¨¢ tales quejas al ministerio fiscal. ?para que ¨¦ste investigue su realidad? o d¨¦ traslado al Consejo General del Poder Judicial. En cambio, no prosper¨® la enmienda centrista ni la de CD que ped¨ªan la supresi¨®n del art¨ªculo referido a la Administraci¨®n militar. Ninguna de las dos fue defendida ayer en la Comisi¨®n, que aprob¨® por unanimidad que ?el Defensor del Pueblo velar¨¢ por el respeto de los derechos proclamados en el t¨ªtulo primero de la Constituci¨®n en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n militar, sin que ello pueda entra?ar una interferencia en el mando de la Defensa nacional?.

La mayor objeci¨®n al texto aprobado ayer, entre felicitaciones mutuas de los comisionados, fue la mantenida por los grupos Comunista y Andalucista a la facultad del Defensor del Pueblo para ?supervisar por s¨ª mismo la actividad de la comunidad aut¨®noma?. En general, el portavoz andalucista, Juan Carlos Aguilar, defendi¨® posiciones avanzadas en refuerzo de la actuaci¨®n del Defensor del Pueblo. En cuanto a la facultad de determinar el car¨¢cter secreto o reservado de un documento, que el Grupo Andalucista pretendi¨® atribuir ?libremente? al Defensor del Pueblo, los dem¨¢s grupos aceptaron que el Consejo de Ministros acuerde no remitir un documento secreto, aunque la decisi¨®n ¨²ltima -como destac¨® el socialista Gregorio Peces-Barba- queda en manos de las Cortes Generales. Tampoco se admiti¨® incluir en la ley el plazo de tres meses para la designaci¨®n del Defensor del Pueblo.

Seg¨²n pudo saber EL PAIS, los socialistas mantienen la candidatura de Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez para Defensor del Pueblo, aunque, al parecer, UCD le ha puesto ¨²ltimamente objeciones.