Al otro lado del puente

POCOS DIAS despu¨¦s de que Jos¨¦ Pedro P¨¦rez-Llorca viajara a Par¨ªs y mantuviera conversaciones con el Gobierno franc¨¦s sobre la utilizaci¨®n del Pa¨ªs Vasco franc¨¦s como base de operaciones de ETA, el Batall¨®n Vasco Espa?ol ha cometido un nuevo atentado, esta vez en territorio galo.Aunque la estad¨ªstica criminal de la ultraderecha en Euskadi no es tan f¨¢cil de establecer como el registro asesino del terrorismo etarra, m¨¢s crecido y frecuente en sus luctuosas haza?as, el n¨²mero de ciudadanos asesinados en los ¨²ltimos a?os por bandas ultraderechistas de distinto nombre, pero quiz¨¢ de no tan distinta composici¨®n, se aproxima a los cuarenta, y los heridos en atentados de ese signo rebasan el centenar. El atentado que le cost¨® la vida a Argala, en diciembre de 1978, crimen que probablemente se llev¨® consigo al ¨²nico eventual interlocutor pol¨ªtico dentro de ETA Militar, y las salvajes matanzas del bar Aldama, en Alons¨®tegui, y de Am¨¦zola constituyen algunas de las estampas m¨¢s sombr¨ªas de esa saga brutal.

Una nota distingue, y no precisamente para bien, a esa cadena de cr¨ªmenes de la ultraderecha: que sus or¨ªgenes jam¨¢s han sido esclarecidos y que casi nunca sus culpables han sido detenidos. Mientras que la polic¨ªa desarticula comandos etarras y logra detener en ocasiones a presuntos responsables de cr¨ªmenes terroristas, los asesinos del Batall¨®n Vasco Espa?ol o de organizaciones afines parecen protegidos por alg¨²n, detente m¨¢gico. Es de sobra conocido que el santuario franc¨¦s permite a los autores de los abominables cr¨ªmenes del abertzalismo violento huir de la justicia espa?ola y que los sectores sociales -todav¨ªa considerables- que dan apoyo en el Pa¨ªs Vasco a las diferentes ramas de ETA conceden a sus activistas sost¨¦n, cobertura y complicidad. No deja de ser sorprendente, por contra, que los terroristas de ultraderecha, para quienes Francia no es refugio seguro y que son peces sin agua en la sociedad vasca, descubran caminos para la impunidad igualmente eficaces. La acusaci¨®n de que esa protecci¨®n que los criminales de la ultraderecha encuentran en determinados medios institucionales nunca ha sido concluyentemente probada, pero resulta m¨¢s que plausible.

Al menos por ahora, resulta imposible saber si los cobardes pistoleros que descargaron sus metralletas en el bar de Hendaya se equivocaron en el blanco y buscaban, en realidad, a otras personas como v¨ªctimas de sus disparos. En cambio, parece evidente su intenci¨®n de esparcir el p¨¢nico en el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s, no se sabe si como torpe venganza indiscriminada contra el marco geogr¨¢fico del santuario etarra o como maniobra para producir una reacci¨®n social contra los vascos con pasaporte espa?ol que habitan en la zona.

Aunque el contenido de los acuerdos alcanzados entre el ministro espa?ol de Asuntos Exteriores y las autoridades francesas sea secreto, hay suficientes indicios para pensar que, en esta ocasi¨®n, se hab¨ªa avanzado cierto trecho en el espinoso asunto de los activistas de ETA domiciliados legal o clandestinamente en el departamento de los Pirineos Atl¨¢nticos. No es probable que el alevoso atentado del domingo contribuya en lo m¨¢s m¨ªnimo a que esos eventuales entendimientos se consoliden o progresen. El bochornoso final del crimen, con los asesinos rompiendo las barreras con su autom¨®vil, cruzando ilegalmente la frontera francesa y siendo dejados misteriosamente en libertad por la polic¨ªa espa?ola al otro lado del puente, seguramente despertar¨¢ un movimiento de opini¨®n en favor del derecho de asilo en la naci¨®n vecina, destinado, entre otras cosas, a lavar c¨ªnicamente la mala conciencia francesa a prop¨®sito del santuario etarra.

Este criminal asunto no puede acabar, como tantos otros, con una medida disciplinaria de tr¨¢mite -como la que anunciaron ayer las autoridades espa?olas- y con un carpetazo final para ocultar o dejar pudrir el meollo del tema. El Gobierno espa?ol debe demostrar con los hechos que se propone erradicar cualquier forma de terrorismo y que la ley de Suspensi¨®n de Derechos Fundamentales no es un traje disciplinario hecho a la medida de un solo tipo de bandas violentas. El Gobierno espa?ol debe poner en claro, de una vez, cu¨¢les son los eventuales apoyos y coberturas institucionales de ese turbio Batall¨®n Vasco Espa?ol y disipar para siempre las sospechas sobre sus or¨ªgenes, composici¨®n y armamento, que lo unen, en ocasiones, a miembros concretos de las fuerzas del orden.