El Consejo del Poder Judicial busca criterios objetivos y no pol¨ªticos para el nombramiento de magistrados
Apenas transcurrido un mes desde su constituci¨®n como poder del Estado, el Consejo General del Poder Judicial se enfrenta al doble reto de poner en funcionamiento unas normas objetivas y p¨²blicas que sustituyan a los antiguos criterios secretos y discrecionales utilizados en el nombramiento de los cargos judiciales y de elaborar un plan de gran alcance que ponga coto definitivamente a los males de la Justicia espa?ola, parada en el siglo XIX, en opini¨®n del propio ministro de Justicia, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez.
Desde que entr¨® en vigor la ley org¨¢nica del Consejo General del Poder Judicial, y transitoriamente hasta que se promulgue la ley org¨¢nica del Poder Judicial, el antiguo criterio de especial idoneidad, en el que pod¨ªan tener cabida facetas pol¨ªticas, ideol¨®gicas o morales del interesado, ha sido suprimido legalmente, como requisito indispensable exigido a los miembros de la carrera judicial para ascender de una categor¨ªa a otra y para desempe?ar cargos de responsabilidad o de representaci¨®n. La nueva y transitoria normativa, hasta tan sea establecida la definitiva por la ley org¨¢nica del Poder Judicial, se?ala requisitos legales y obligatorios para el nombramiento de presidentes de audiencias provinciales, presidentes de sala y jueces decanos de Madrid y Barcelona, pero deja un amplio margen de discrecionalidad para el nombramiento de otros cargos, incluidos los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, as¨ª, como los presidentes de las audiencias territoriales, si bien dentro de un marco de mayor objetividad que en el antiguo sistema. De todos modos, en uno y en otro supuesto se exige un informe previo de la Secci¨®n de Calificaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, que, en caso de ser desfavorable, ?deber¨¢ basarse en causas concretas y objetivas que consten en los antece:dentes que obren en poder del Consejo General?.
Preocupaci¨®n por los "antecedentes"
La preocupaci¨®n de que estos antecedentes no sean otros que los confeccionadas durante largos a?os por la antigua Inspecci¨®n de Tribunales, con criterios ocultos, y en base a los informes tambi¨¦n secretos remitidos por los presidentes de las audiencias territoriales, es f¨¢cilmente detect¨¢ble en determinados medios judiciales, aunque el propio Consejo General del Poder Judicial anunciase, hace dos semanas, que ?no ser¨¢n tomados en cuenta? los antecedentes que tengan su origen ?en conductas reaLzadas con motivaci¨®n pol¨ªtica?. En los citados medios judiciales no se desecha la posibilidad de que estas fichas antiguas, incompletas y en algunos casos falsas, puedan seguir siendo utilizadas mientras no se establezca un nuevo sistema de promoci¨®n, basado en datos objetivos, p¨²blicos y legalmente establecidos.En esta situaci¨®n, m¨¢s cercana a la objetividad que el sistema de especial idoneidad del franquismo, pero todav¨ªa poco definida, el Consejo General del Poder Judicial ha procedido en las ¨²ltimas semanas al nombramiento de un magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,y del presidelite de la Audiencia Provincial de Huesca. En estos momentos est¨¢n pendientes los nombramientos del presidente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, que corresponde al tercio de juristas, y los de cinco presidentes de audiencias provinciales. En lo que se refiere a los nombramientos que corresponden al tercio de juristas, el Consejo General del Poder Judicial, seg¨²n ha informado a EL PAIS una fuente pr¨®xima al mismo, ?tiene la intenci¨®n de llevar al Tribunal Supremo a los juristas de mayor nivel cient¨ªfico del pa¨ªs?.
Oportunidad hist¨®rica
Respecto al tema del funcionamiento de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, s¨¦g¨²n la misma fuente, es consciente de ?hallarse en una oportunidad hist¨®rica irrepetible para ahondar en los problemas de la justicia y hacerla operativa?, si bien tambi¨¦n es consciente de que poco podr¨¢ hacer si el poder ejecutivo no aporta los medios materiales necesarios y el legislativo no tiene en cuenta las necesidades de personal en la futura ley que fije la planta de los juzgados y tribunales. La promesa hecha por el presidente del Gobierno, Adolfo Su¨¢rez, de devolver al Consejo General del Poder Judicial la visita que el presidente de este organismo, Federico Carlos Sainz de Robles, le hizo en la Moncloa a ra¨ªz de su nombramiento, es interpretada como un signo de la buena predisposici¨®n del Ejecutivo hacia el ¨®rgano de gobierno del Poder Judicial y de su voluntad de no regatear los medios materiales y econ¨®micos que se necesiten para poner en marcha un futuro plan para un mejor funcionamiento de la Adm¨ªnistraci¨®n dejusticia espa?ola.Mientras toma posici¨®n sobre estos temas de fondo, el Consejo General del Poder Judicial no reh¨²ye e ntrar en los conflictos del momento que surgen en el ¨¢rea de su competencia, con el fin de encontrar soluciones, como es el caso de la huelga de celo de los magistrados de Trabajo. El Consejo General ha iniciado gestiones para encontrar una salida a la situaci¨®n y ha hecho p¨²blico su ?prop¨®sito indeclinable de establecer las medidas precisas para que se superen los deterioros existentes.
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