La democracia en Navarra
Los lectores de EL PA?S carecer¨ªan, probablemente, de una visi¨®n completa del problema navarro si tan s¨®lo tuvieran la oportunidad de leer la tesis formulada por el nacionalista Ferm¨ªn Luis Ci¨¢urriz en su art¨ªculo ?Navarra, un reto para la democracia ? (8-1-1981).Ci¨¢urriz ha utilizado casi todos los ep¨ªtetos de descalificaci¨®n imaginables para atribuirlos a cuantos defendemos la conveniencia de que Navarra mantenga su rumbo milenario sin integrarse en Euskadi. Expresiones como ?visceralismo?, ?irracionalidad?, ?antivasquismo a ultranza?, ?uso y abuso de las instituciones forales?, ?solapado centralismo? e ?intransigencias? salpican constantemente el art¨ªculo en cuesti¨®n, que concluye haciendo una seria advertencia a nuestra responsabilidad, que puede conducir a la ?frustraci¨®n de una parte del pueblo de Navarra?, con la consiguiente ?radicalizaci¨®n, marginaci¨®n y desencanto?, que constituyen ?elementos m¨¢s que peligrosos? para la democracia misma.
La cuesti¨®n de Navarra es, sin duda, un grave problema de Estado. Lo que ocurre es que el vtratamiento del problema es radicalmente diferente seg¨²n la ¨®ptica con que se contemplen las posibles soluciones.
Est¨¢ en su derecho el PNV al predicar que Navarra debe incorporarse a Euskadi. No lo estaba tanto cuando, en ¨¦pocas recientes, bajo el pretexto del ?Nafarroa Euskadi da? (Navarra es Euskadi), pretend¨ªa conseguir la incorporaci¨®n de nuestro viejo reino al Consejo General Vasco sin que el pueblo navarro tuviera la oportunidad de expresar si tal era su voluntad pol¨ªtica. Luego, las sucesivas convocatorias electorales han demostrado que, a pesar de la presencia activa y preocupante del abertzalismo radical, las posiciones del nacionalismo vasco no eran aceptadas por una gran parte del pueblo navarro.
Conviene recordar que, a diferencia de lo ocurrido en Euskadi, Navarra vot¨® por mayor¨ªa absoluta del censo electoral una Constituci¨®n fundamentada en la unidad de Espa?a, instauradora de un Estado social y democr¨¢tico de derecho y respetuosa de los derechos hist¨®ricos de nuestro territorio foral.
La Constituci¨®n no ignora el contencioso Navarra-Euskadi, que existe indudablemente porque se contraponen dos concepciones pol¨ªticas -extremismos al margen- que parten de supuestos b¨¢sicos radicalmente distintos.
Es evidentemente dif¨ªcil de compaginar la idea, que asumimos muchos, de una Navarra que constituye una comunidad perfectamente diferenciada del resto de los pueblos de Espa?a y cuyo derecho al autogobierno originario y anterior al propio Estado no es incompatible, sino al contrario, COIX la inserci¨®n hist¨®rica, cultural y sociol¨®gica de Navarra en el contexto hispano, asumido como algo propio y no, extra?o al cuerpo social del pueblo navarro, con la idea de quienes consideran que el pueblo navarro no existe como colectividad diferenciada, por cuanto Navarra es parte integrante de la nacionalidad vasca y, por tanto, debe seguir la suerte institucional del resto de Euskadi como patria com¨²n de todos los vascos, que tiene derecho a la autodeterminaci¨®n y que, a lo sumo, acepta el entendimiento solidario con los dem¨¢s. pueblos del ?Estado espa?ol?, pero no la pertenencia existencial a la gran patria com¨²n o acci¨®n que es Espa?a.
Es posible que sea ?visceralismo? afirmar que ?Navarra es Navarra?. Pero, en tal caso, tambi¨¦n lo es el grito de ?Nafarroa Euskadi da?, y mucho m¨¢s cuando, junto a la dial¨¦ctica democr¨¢tica del PNV, existe otra tenebrosa dial¨¦ctica de la que fue v¨ªctima, entre otros, Jos¨¦ Javier Uranga, periodista de talante democr¨¢tico y liberal, defensor del derecho de Navarra a conservar su identidad, acusado de ?colaboracionista? con el Gobierno de la potencia colonialista espa?ola, seg¨²n reza el comunicado divulgado por ETA militar tras su intento, afortunadamente frustrado, de asesinato.
Pues bien, la Constituci¨®n -gracias a los esfuerzos de los parlamentarios de UCD de Navarra y al decidido apoyo del Gobierno de UCD- estableci¨® un procedimiento para la resoluci¨®n democr¨¢tica del problema. Tal vez convenga recordar que la idea del refer¨¦ndum, como ¨²nico procedimiento legitimado- del posible cambio de status de Navarra fue duramente combatida por el PNV, e incluso por el PSOE, en la etapa inmediatamente posterior a las elecciones del 15 de junio.
Cuando se acusa a UCD y al PSOE (que ahora ha asumido la tesis del foralismo democr¨¢tico, sustentada en un principio casi en solitario por el centr¨ªsmo navarro) de impedir la libre determinaci¨®n del pueblo navarro se intenta una clara manipulaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica al tratar de desvirtuar el propio sentido de la disposici¨®n transitoria cuarta de la Constituci¨®n.
De acuerdo con el texto constitucional, quien tiene la llave para abrir el proceso hacia la incorporaci¨®n de Navarra a Euskadi es el Parlamento Foral, como ?¨®rgano foral competente? elegido por sufragio universal del pueblo navarro. Si el Parlamento decide aprobar la incorporaci¨®n, la validez del acuerdo depende de su ratificaci¨®n por el voto afirmativo dp la mayor¨ªa del pueblo navarro, en refer¨¦ndum expresamente convocado al efecto.
En diciembre de 1979 hubo un intento de abrir el proceso mediante la presentaci¨®n por el representante de Euskadiko Ezquerra de una moci¨®n que fue rechazada por la Comisi¨®n de R¨¦gimen Foral del Parlamento, con los votos de UCD, UPN y la abstenci¨®n activa del PSOE y del Partido Carlista, lo que representa aproximadamente el 70% de la opini¨®n navarra.
Y es la misma mayor¨ªa de representantes del pueblo navarro la que, en uso de las atribuciones expresamente reconocidas al Parlamento Foral por el Real Decreto Paccionado de 26 de enero de 1979, ha acordado las Bases para la Reintegraci¨®n Foral y Amejoramiento del Fuero de Navarra, as¨ª como las relativas a la composici¨®n, elecci¨®n y atribuciones de los organismos forales.
Pactar un nuevo "status"
Amparados y respetados por la Constituci¨®n nuestros derechos hist¨®ricos, es evidente que el Gobierno del Estado est¨¢ plenamente legitimado para pactar con la Diputaci¨®n Foral de Navarra un nuevo status auton¨®mico, que haga realidad el principio -no siempre reconocido desde la ley de Confirmaci¨®n de los Fueros de 1839 y Paccionada de 1841- de que es Fuero y, por tanto, competencia de los poderes forales todo aquello que no sea inherente a la unidad constitucional.
Por otra parte, tampoco parece que sea un desprop¨®sito tratar de superar la actual crisis de las instituciones navarras mediante la rectificaci¨®n de los ?grav¨ªsimos errores? del Real Decreto de 26 de enero de 1979, an¨®malo desde el punto de vista de los principios del parlamentarismo cl¨¢sico al conferir al Parlamento Foral funciones de control sobre una Diputaci¨®n-Corporaci¨®n no elegida por aqu¨¦l, sino por sufragio universal. Que, tras la firma del nuevo Pacto Foral sobre Reintegraci¨®n y Amejoramiento del Fuero, los poderes de Navarra se ejerzan por el Parlamento Foral, la Diputaci¨®n Foral, transformada en ¨®rgano de gobierno, y su presidente, elegido por el Parlamento y responsable ante ¨¦l, no parece tampoco que pueda calificarse como intento de abrir un ?foso infranqueable que agudice y convierta en permanente un foco de tensi¨®n en nuestra tierra?.
El aut¨¦ntico peligro para la democracia es, precisamente, no aceptar las reglas del juego constitucional, inequ¨ªvocamente respetuosas con la voluntad del pueblo navarro, as¨ª como torpedear el proceso de reintegraci¨®n y amejoramiento de nuestro Fuero, instituci¨®n que en todo momento ha tratado de asegurar el derecho de Navarra a conservar su libertad colectiva como pueblo libre y aut¨®nomo.
En uso de sus facultades legales y del propio mandato popular, la Diputaci¨®n Foral negocia ahora con el Gobierno la superaci¨®n de la actual situaci¨®n constituyente en que se encuentra Navarra. No es cierto que en este proceso se excluya la posibilidad de llegar a acuerdos o convenios con la Comunidad Aut¨®noma Vasca. Lo que ocurre es que de tales convenios no podr¨¢ deducirse ni la pertenencia de Navarra a Euskadi ni la aparici¨®n de instituciones comunes supracomunitarias, porque ello significar¨ªa vulnerar las previsiones constitucionales para lograr por una puerta falsa lo que la voluntad popular navarra no acepta pura y llanamente.
La democracia tiene en estos momentos un papel hist¨®rico que desempe?ar en Navarra: asegurar la paz y la libertad de los navarros, para que el pueblo y las instituciones que democr¨¢ticamente le representan, sin presiones ni coacciones de ning¨²n tipo, y al margen de todo chantaje terrorista, puedan recorrer el camino que voluntariamente y responsablemente han decidido para robustecer la personalidad de nuestro hist¨®rico reino y su imprescriptible vocaci¨®n hispana. Una Navarra donde coexistan en armoniosa unidad, como ha sido siempre, los vestigios de su pasado vasc¨®n con la aceptaci¨®n como propios de otros sustratos ¨¦tnicos y culturales que, juntos, constituyen el aut¨¦ntico hecho diferencial de la regionalidad o nacionalidad (?por qu¨¦ no?) navarra.
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