Arias Salgado declaro ante el juez sobre las querellas contra RTVE
?Lo que me apetece ahora es dar un paseo?. Con esta respuesta, dada a un periodista que le ped¨ªa una declaraci¨®n cuando sali¨® del juzgado, Fernando Arias Salgado, hasta hace unos d¨ªas director general de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, trasluc¨ªa el cansancio y la tensi¨®n que le hab¨ªan producido las tres largas horas de interrogatorio a que estuvo sometido ayer en su primera comparecencia ante el juez Luis Serrano de Pablos, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16 de Madrid.
El citado juez ha sido designado especialmente por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para instruir el sumario derivado de las querellas formuladas por el PSOE y el PCE contra altos directivos de RTVE, a ra¨ªz de la auditor¨ªa realizada por Hacienda sobre la situaci¨®n de la radiotelevisi¨®n estatal.El ex director general de RTVE, nombrado el pasado d¨ªa 9 embajador de Espa?a en Londres, lleg¨® al edificio de los juzgados madrile?os de la plaza de Castilla a las 10.25 horas, acompa?ado de su abogado Gonzalo Rodr¨ªguez Mourullo y de Pedro Aragoneses, profesor de Derecho de la Universidad Complutense y ex secretario genera t¨¦cnico de los Ministerios de Educaci¨®n y de Justicia en 1971 y 1975 respectivamente. Arias Salgado atraves¨® a pie el paso de cebra del paseo de la Castellana y expres¨® visiblemente su malestar por la presencia de dos fot¨®grafos de Prensa: ?Ya est¨¢ bien?, dijo despu¨¦s de que aqu¨¦llos obtuvieran las primeras fotograf¨ªas.
El ex director general portaba en su mano izquierda el mismo malet¨ªn con el que compareci¨® en junio del a?o pasado ante la comisi¨®n parlamentaria de control, que preside el diputado Antonio de Seresinillosa, y ante la que hizo una larga defensa de su gesti¨®n, transmitida ¨ªntegramente por la segunda cadena de TVE.
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Arias Salgado declar¨® ante el juez que instruye las querellas contra RTVE
Viene de primera p¨¢gina
Un redactor de EL PAIS se dirigi¨® al ex director general, al objeto de recabar su opini¨®n sobre la querella y su posible ratificaci¨®n en la r¨¦plica que hizo a la auditor¨ªa de Hacienda por medio de este peri¨®dico.
El redactor s¨®lo pudo formular la mitad de la pregunta: ?Se?or Arias Salgado, si no le importa ... ? La respuesta del ex director general fue: ?Me importa y mucho. Creo que ya debemos dejar esto?.
Poco despu¨¦s de las 10.30 horas se cerraba la puerta de la sala de la audiencia del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16, con la asistencia, adem¨¢s del juez del representante del ministerio fiscal, del querellado Arias Salgado, de su abogado Gonz¨¢lez Mouru?o y de su acompa?ante Pedro Aragoneses, y de los abogados Enrique Gimbernat y Jos¨¦ Luis N¨²?ez Casal, que tienen a su cargo la acusaci¨®n en representaci¨®n de los querellantes socialistas y comunistas, respectivamente.
El peso del interrogatorio al ex director general recay¨® en estos ¨²ltimos, si bien siempre a trav¨¦s del juez instructor, como est¨¢ establecido, sin que el representante del ministerio fiscal interviniese.
Minutos antes de las dos de la tarde, finaliz¨® la declaraci¨®n del ex director general, sin que ¨¦ste accediese a la salida del juzgado a responder a las preguntas de los periodistas. Por su parte, los abogados Gimbernat y N¨²?ez Casal, en representaci¨®n de los querellantes, se limitaron a manifestar que su impresi¨®n sobre la declaraci¨®n del ex director general era ?muy positiva respecto de los fines de la querella?. Al margen de estos ¨²ltimos, otras fuentes dignas de cr¨¦dito revelaron a EL PAIS que Arias Salgado no neg¨® desconocer los hechos denunciados, si bien manifest¨® que intent¨® combatirlos y que nunca pens¨® que rozasen en lo m¨¢s m¨ªnimo el ¨¢mbito delictivo.
Fundamentalmente, las querellas del PSOE y del PCE, ahora acumuladas en un solo sumario, hacen referencia a los siguientes hechos presuntamente delictivos: apropiaci¨®n indebida por valor de ochocientos millones de pesetas por retenci¨®n a cuenta del antiguo IRTP y que no se ingresaron en Hacienda; malversaci¨®n de fondos por valor de unos 3.000 millones de pesetas de cuotas pendientes de pago a la Seguridad Social; apropiaci¨®n indebida de ochocientos millones de pesetas de cuotas salariales retenidas y no abonadas a la Seguridad Social, y falsedad en documento p¨²blico.
La querella del PSOE y del PCE se extiende tambi¨¦n a los directivos de RTVE. Rafael Ans¨®n, director gene7al desde julio de 1976 a noviembre de 1977; Ignacio Mart¨ªnez Echevarr¨ªa, subdirector general para la gesti¨®n econ¨®mico-administrativa, y Francisco L¨®pez Arenosa, director de administraci¨®n y finanzas de RTVE. Todos ellos prestar¨¢n deciaraci¨®n ante el juez instructor especial a lo largo de este mes. Los cinco ?interventores de Hacienda que realizaron la auditor¨ªa prestaron declaraci¨®n anteayer y ayer, para ratificar su informe y contestar a las preguntas de los letrados. Es posible que los datos contenidos en la auditor¨ªa sean ampliados y comprobados con otros que obren en poder de RTVE.
Auditor¨ªa de Hacienda
La auditor¨ªa de RTVE se public¨® en EL PAIS durante siete d¨ªas consecutivos (del -20 al 27 de enero de 1980). Hab¨ªa sido ordenada por el Ministerio de Hacienda a mediados de 1978 y concluida en el verano de 1979. Su publicaci¨®n desvel¨® graves anomal¨ªas en RTVE. Fernando Arias Salgado replic¨® a la misma en un extenso escrito que fue publicado durante cuatro d¨ªas consecutivos en EL PAIS (del 31 de enero al 3 de febrero de 1980).
Como consecuencia de la publicaci¨®n de la auditor¨ªa, y despu¨¦s de distintas interpelaciones al Gobierno por parte de socialistas y comunistas, se cre¨® en el Congreso de los Diputados una comisi¨®n de investigaci¨®n. Los funcionarios de Hacienda que realizaron la auditor¨ªa comparecieron ante la comisi¨®n y se ratificaron en la misma. El presidente de la comisi¨®n, el centrista Estella Goitre, se vio forzado a dimitir porque algunos de los directivos de RTVE no comparecieron ante la comisi¨®n, que todav¨ªa hoy prosigue sus investigaciones.
Mientras tanto (febrero de 1980) el PSOE pidi¨® en el Parlamento el cese de todos los responsables del ?asunte RTVE?, y el PCE, presentaba la primera denuncia judicial en el Juzgado de Instrucci¨®n de Navalcarnero (15 de febrero de 1980, por la que se pon¨ªan en conocimiento de la justicia unos hechos que pod¨ªan ser constitutivos de delito. La denuncia se convertir¨ªa despu¨¦s en querella criminal. Poco despu¨¦s, el 9 de abril, el PSOE anunci¨® en el Parlamento que interpon¨ªa querella criminal contra los ya citados directivos de RTVE, en el ejercicio de la acci¨®n popular. El PSOE ampliarla m¨¢s tarde la querella por supuestos fraudes al erario p¨²blico, entre otras razones.
Juan Manuel Fanjul Sede?o, anterior fiscal general del Estado, se opuso a la tramitaci¨®n de la querella. Los socialistas interpelaron al Gobierno por el bloqueo de la querella, que finalmente fue admitida a tr¨¢mite por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, previo dep¨®sito de una fianza de un mill¨®n de pesetas, en julio del pasado a?o. Las dos querellas fueron acumuladas en un solo procedimiento judicial en octubre ¨²ltimo.
Mientras tanto, un informe reservado de la Direcci¨®n General de lo Contencioso del Estado sobre la auditor¨ªa realizada en RTVE lleg¨® a conocimiento de los parlamentarios. Dicho informe llama la atenci¨®n sobre una serie de puntos contenidos en la auditor¨ªa: la falta de un control efectivo de los gastos, de los ingresos y de las tareas encomendadas a su personal; la multiplicidad de ¨®rganos directivos y gestores con competencias mal definidas; los presupuestos confusos; la contabilidad deficiente; el personal excesivo y poco utilizado y ?un sinf¨ªn de irregularidades puestas de manifiesto en casi todos los servicios?; justificaciones simuladas de pagos; recepciones simuladas en los almacenes; imputaci¨®n de fondos a conceptos presupuestarios que no son los correctos; pagos encubiertos; firmas de contratos sin capacidad legal, etc¨¦tera.
La Direcci¨®n General de lo Contencioso afirma en dos momentos de su informe: ?La organizaci¨®n y administraci¨®n de RTVE resultan defectuosas y condenables desde la perspectiva de principios fundamentales y t¨ªpicos de los derechos administrativo y presupuestario ?. Y en otro momento: ?La falta de control y la desorganizaci¨®n apuntadas constituyen un terreno abonado para la comisi¨®n de conductas delictivas en cuant¨ªas que pudiesen ser gravemente lesivas para los fondos p¨²blicos?.
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