La ley de Enjuiciamiento Oral de Delitos Menores, gesto pol¨ªtico ante el aumento de la delincuencia

En vigor desde el pasado 11 de diciembre, la ley org¨¢nica de Enjuiciamiento Oral de Delitos Dolosos, Menos Graves y Flagrantes ha pasado casi inadvertida para la opini¨®n p¨²blica, a pesar de la trascendencia social de la misma y de la incidencia que puede tener entre los ciudadanos. El nuevo procedimiento, por el que en teor¨ªa se ha pretendido imprimir mayor rapidez a la pesada maquinaria de la justicia espa?ola, afecta al 80% de los delitos contemplados en el C¨®digo Penal, los llamados menores o menos graves, pero a los que pueden corresponder hasta seis a?os de prisi¨®n. Francisco Gor coordin¨® este intercambio de opiniones.

Para analizar el contenido y el alcance de la nueva ley, EL PA?S ha reunido a los jueces Rafael Est¨¦vez y Clemente Auger, al fiscal Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn y el abogado Gonzalo Mart¨ªnez-Fresnedas, todos ellos profesionalmente situados en la primera l¨ªnea de la actividad judicial. La nueva normativa afectar¨¢, desde luego, a la mayor¨ªa de los presuntos delincuentes que afluyen todos los d¨ªas a los juzgados de guardia de las ciudades espa?olas.Si inadvertida ha pasado la nueva ley entre los ciudadanos, puede decirse que en los medios judiciales ha sido recibida con desilusi¨®n, ya que, si bien de acuerdo con la finalidad de la misma, dichos medios observan en ella abundantes defectos e imprecisiones. Por otra parte, la falta de una infraestructura judicial suficiente en medios materiales y de personal la hacen inaplicable en la pr¨¢ctica. Prueba de ello es que muy pocos juicios se han celebrado hasta ahora seg¨²n el nuevo procedimiento. Algunas opiniones aventuran que la nueva ley no pasa de ser un gesto pol¨ªtico de los poderes p¨²blicos ante el alarmismo social producido por el aumento de la delincuencia.

Pregunta. ?Qu¨¦ problemas plantea la aplicaci¨®n de esta ley?

Clemente Auger. La ley org¨¢nica de Enjuiciamiento Oral de Delitos Dolosos, Menos Graves y Flagrantes ha venido a resolver, en teor¨ªa, un grav¨ªsimo problema, que es el problema de que los delitos peque?os, bueno, no tan peque?os, ya que pueden corresponderles hasta seis a?os de c¨¢rcel, deben enjuiciarse r¨¢pidamente, y ante el juez y el fiscal. Por tanto, era una ley que merec¨ªa haber sido recibida con gran atenci¨®n. Sin embargo, nadie ha dicho nada y todo el mundo ha permanecido callado. Nadie ha destacado la importancia que en principio ten¨ªa esta ley, que era terminar con el problema de que los juicios sobre los delitos menores se est¨¢n viendo normalmente un a?o y medio despu¨¦s de la comisi¨®n de los hechos. La ley tiene once art¨ªculos, no tiene exposici¨®n de motivos y altera enormemente la ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo creo que la ley, en cuanto que tiende a la oralidad del procesamiento y a la concentraci¨®n de la prueba ante el juez y el fiscal, es incuestionablemente buena. Y, por tanto, est¨¢ dentro de la Constituci¨®n. Que las pruebas se practiquen dentro del juicio oral, delante del juez y del fiscal, implica mayores garant¨ªas que si las pruebas se realizan en las secretar¨ªas de los juzgados, como est¨¢ sucediendo ahora en las grandes ciudades. Eso no se puede negar, y eso es as¨ª.

Pero ah¨ª terminan todas sus bondades. Porque luego, la infraestructura para la ley es insuficiente y la t¨¦cnica jur¨ªdica que la ley lleva consigo es disparatada. Tambi¨¦n hay otro problema, y es lo que se vislumbra detr¨¢s de la ley, que es una satisfacci¨®n demag¨®gica de meter a la gente en la c¨¢rcel r¨¢pidamente y de aumentar el poder policial en la investigaci¨®n.

Rafael Est¨¦vez. Efectivamente, esta es una ley que altera sustancialmente todos los principios que vienen rigiendo en el proceso penal espa?ol, tal como se encarnan en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Y ante este hecho ocurre, a mi juicio, algo de mucho bulto, que es la ausencia de una exposici¨®n de motivos. Esta ausencia, en una ley que rompe absolutamente el sistema de la ley de Enjuiciamiento Criminal, creo que es en s¨ª un hecho grav¨ªsimo, porque yo no s¨¦ lo que significa, pero puede significar muchas cosas. Puede significar que los redactores de esta ley no ten¨ªan una conciencia clara de cu¨¢l es la filosof¨ªa que preside esta ley. Parece ser que, efectivamente, si se, bucea en la ley, ser¨ªa esa filosof¨ªa la de la rapidez absolutamente necesaria para que no se produzcan retrasos de dos a?os o m¨¢s hasta la celebraci¨®n del juicio. Pero tambi¨¦n, como no se esclarece nada, pod¨ªa tener la ley la finalidad de reforzar el poder de la polic¨ªa en la investigaci¨®n de los delitos. Yo no creo que sea as¨ª, creo que la finalidad es la rapidez, pero lo cierto es que ten¨ªa que haberse elaborado una exposici¨®n de motivos, con unos fundamentos doctrinales, y eso no se ha hecho.

?Oportunismo pol¨ªtico?

P. Pero, aparte de sus finalidades jur¨ªdicas, ?no hay indicios suficientes para pensar que esta ley es producto del oportunismo pol¨ªtico, con el fin de dar una respuesta ante la galer¨ªa al alarmismo social creado por el aumento de la delincuencia?

Rafael Est¨¦vez. La ausencia de una exposici¨®n de motivos priva de sabor cu¨¢les son las verdaderas finalidades del legislador. Pero es que, al margen de sus finalidades, la falta de t¨¦cnica y el desconocimiento absoluto de la estructura judicial actual que revela esta ley hace inviable la posibilidad de su aplicaci¨®n. Inviable, conforme a los principios que rigen la propia ley, porque, claro, va a ocurrir otra cosa, como ha ocurrido con otras leyes, y es que los jueces van a hacer posible la aplicaci¨®n de esta ley, pero sin aplicar sus principios. Es decir, una vez m¨¢s se va a aplicar una ley no cumpliendo los preceptos de la ley, y esto es muy grave.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn. Respecto a las motivaciones del oportunismo o a la coyuntura que se han utilizado para promulgar esta ley, ser¨ªa hacer un juicio de intenciones sobre la nada, pues no existe una exposici¨®n de motivos. Podemos pensar que una de las motivaciones ha sido la que se ha apuntado, pero tambi¨¦n debemos pensar de una manera m¨¢s objetiva que la Constituci¨®n exige como uno de los principios del procedimiento penal el predominio de la oralidad sobre la escritura. A m¨ª me parece que esto se acerca mucho m¨¢s a lo que es la justicia en el mundo moderno, y lo que ha fundamentado el prestigio que en determinadas sociedades, como son las anglosajonas, tiene el juez. Yo creo que a los jueces se les podr¨¢ criticar, apreciar o no, pero el ciudadano tendr¨¢ en su contacto diario un peor o mejor juicio si ve a su juez, si est¨¢ delante de ¨¦l, si confiesa delante de ¨¦l y si las pruebas se practican delante de ¨¦l. Y no puede tener ning¨²n juicio, porque ser¨ªa temerario, si el ciudadano mantiene constantemente sus relaciones con el juez a trav¨¦s de la m¨¢quina de escribir o del folio de papel. Entonces, me parece un principio fundamental que hab¨ªa que llevar a la pr¨¢ctica cuanto antes.

Si esta ha sido la motivaci¨®n, bien venida sea la ley, porque la m¨¢xima garant¨ªa que puede tener un ciudadano al ser enjuiciado es la de ser llevado ante su juez, que le va a decir de qu¨¦ se le acusa, y que le va a escuchar delante de su abogado y ante el fiscal, que representa la legalidad, y que tambi¨¦n tiene que velar para que se cumplan las garant¨ªas procesales.

Tambi¨¦n tiene la ley otra gran virtud, que pudiera parecer un poco t¨¦cnica y que en cierto modo se aparta de lo que ha sido el juicio tradicional dentro de nuestra legislaci¨®n, y es la valoraci¨®n de las pruebas. Hasta ahora los jueces pod¨ªan valorar las pruebas en conciencia, y ahora este principio se sustituye por una valoraci¨®n cr¨ªtica, motivada y fundada de todos los hechos que han acontecido ante su presencia. Con estas dos grandes virtudes, ?por qu¨¦ se ha producido este un¨¢nime rechazo en todos los estamentos judiciales? Porque, indudablemente, la ley contiene una serie de imprecisiones t¨¦cnicas y se da una falta de estructuras funcionales para que pueda llevarse a la pr¨¢ctica.

Gonzalo Mart¨ªnez-Fresnedas. Aunque no hay una exposici¨®n de motivos, s¨ª se podr¨ªa adivinar cu¨¢l ha sido la finalidad de esta ley, que para m¨ª es fundamentalmente pol¨ªtica. La urgencia de un procedimiento -y existen seis actualmente- en el estado actual de la administraci¨®n de justicia espa?ola y del ordenamiento procesal espa?ol no se consigue con nuevas leyes y esto evidentemente lo sab¨ªa tambi¨¦n el legislador. Este es el primer dato que hay que destacar, aunque no haya exposici¨®n de motivos. Este no es un procedimiento monitorio, como se ha dicho, sino un procedimiento inquisitivo y su