Iguales ante la ley

LA SERENIDAD, la prudencia y la moderaci¨®n deber¨ªan ciertamente guiar el comportamiento de todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, en este cr¨ªtico periodo posterior al golpe de Estado frustrado. Al menos en teor¨ªa, este respiro tendr¨ªa que ser aprovechado por el Gobierno no s¨®lo para impedir cualquier posibilidad de repetici¨®n de actos sediciosos, sino tambi¨¦n para garantizar a la sociedad espa?ola que no van a ser coladas de rond¨®n en nuestro ordenamiento constitucional alteraciones pol¨ªticas y legales destinadas a conceder por las buenas lo que los facciosos quer¨ªan imponer por las malas.La elogiable tranquilidad con la que Leopoldo Calvo Sotelo se est¨¢ comportando en las conferencias de Prensa y la imagen de que el poder civil tiene la situaci¨®n bajo control contribuyen a que la opini¨®n p¨²blica comience a recuperar el aliento y a albergar algunas esperanzas hacia el futuro. Sin embargo, el Gobierno y los dirigentes pol¨ªticos cometer¨ªan un serio error si olvidaran el fort¨ªsimo trauma que ha supuesto para los ciudadanos de este pa¨ªs, a los que equivocadamente se hab¨ªa hecho creer que sus clases dirigentes eran tan europeas como las brit¨¢nicas, las holandesas o las suecas, la humillaci¨®n del asalto al palacio del Congreso. Esa atroz estampa de rep¨²blica bananera, carente incluso del aura de riesgo e intrepidez de algunos pronunciamientos decimon¨®nicos, ha causado heridas a la autoestima y al sentido de la propia dignidad de los espa?oles de dif¨ªcil cicatrizaci¨®n.

Por esa raz¨®n las manifestaciones del presidente del Gobierno en favor de una democracia valiente y de una democracia vigilante no pueden quedarse en un estadio puramente, program¨¢tico. Los ciudadanos necesitan hoy m¨¢s que nunca que el Parlamento y el Gobierno les devuelvan la confianza perdida y los sentimientos de identidad como seres adultos y racionales mediante actos legislativos y ejecutivos de inequ¨ªvoca significaci¨®n. La serenidad no debe ser confundida con la apat¨ªa, ni la prudencia con la mediocridad, ni la moderaci¨®n con el entreguismo. En estos momentos, millones de espa?oles miran inquietos hacia sus representantes pol¨ªticos, con miedo de adivinar en sus retrocesos, sus vacilaciones y sus temores los signos de esa democracia cobarde y de esa democracia vigilada que dar¨ªan a los golpistas la victoria.

A partir de ahora, el Gobierno no s¨®lo tendr¨¢ que eludir las trampas de la provocaci¨®n, tendidas desde la derecha involucionista, dedicada en cuerpo y alma a sembrar la ciza?a en los cuarteles, sino que tambi¨¦n deber¨¢ evitar la desmoralizaci¨®n de la sociedad civil y el derrumbamiento de los prop¨®sitos y de los compromisos expresados en las calles espa?olas el viernes 27 de febrero. Los golpistas habr¨ªan triunfado, sin necesidad de hacer un solo disparo, el d¨ªa que los ciudadanos llegaran a la conclusi¨®n de que los centros de decisi¨®n situados a extramuros del Parlamento son los que hacen y deshacen las leyes. Este pa¨ªs, profundamente humillado, vejado, herido en su dignidad, despertado de un hermoso sue?o para comprobar que la realidad es una pesadilla, necesita bastante m¨¢s que palabras para recuperar las ilusiones y la confianza. Precisa comprobar que los discursos se materializan en hechos, en disposiciones, en actos de gobierno y en leyes, y que sus temores a una progresiva escalada desde la legalidad contra los principios y los valores democr¨¢ticos carecen de fundamento.

En esta perspectiva, los procesamientos dictados contra los jefes y oficiales facciosos que dirigieron el brutal asalto al palacio del Congreso y secuestraron durante casi dieciocho horas a los diputados y al Gobierno de la naci¨®n bajo la amenaza de las metralletas no pueden ser considerados m¨¢s que como actos jur¨ªdicos inexcusables. El procesamiento del teniente general Milans del Bosch, que alz¨® en abierta rebeli¨®n durante casi diez horas a la III Regi¨®n Militar, merece el mismo comentario. Sin embargo, el principio de acotar las responsabilidades y la consigna de no transformar en una caza de brujas la indagaci¨®n de las complicidades y encubrimientos de los golpistas no pueden ser utilizados para impedir la manifestaci¨®n p¨²blica de interrogantes y extra?ezas acerca de la marcha de los procedimientos iniciados por la jurisdicci¨®n castrense.

Cabe admitir que el car¨¢cter delicado y vidrioso de la indagaci¨®n que le ha sido asignada obligue al general togado Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Escudero a extremar la prudencia antes de dictar eventuales autos de procesamiento contra otros generales. Incluso se puede entender que se muestre benevolencia hacia quienes, por omisi¨®n, no cumplieron sus misiones oficiales de escolta y vigilancia en la tarde del 23 de febrero. Hasta se puede aceptar que la investigaci¨®n de los confusos y contradictorios movimientos de tropas a lo largo de aquella jornada en unidades que finalmente no llegaron a pronunciarse sea aplazada o demorada. Sin embargo, resultar¨ªa dif¨ªcil de metabolizar que los presuntos acuerdos con el teniente coronel Tejero antes de su rendici¨®n llegaran a ser esgrimidos para justificar la exculpaci¨®n de los implicados en la toma del Congreso por las armas.

El eventual carpetazo a los expedientes de varias decenas de n¨²meros de la Guardia CiviI que participaron en el asalto al palacio del Congreso tropezar¨ªa no s¨®lo con la normativa penal, sino tambi¨¦n con las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas aprobadas por el Parlamento a finales de 1978 y sancionadas por el Rey el 28 de diciembre de 1978. La pol¨¦mica sobre el car¨¢cter militar de la Guardia Civil fue zanjada por el ministro de Defensa con la expl¨ªcita y rotunda declaraci¨®n de que ese cuerpo pertenece, efectivamente, a las Fuerzas Armadas. Pues bien, el art¨ªculo 34 de las Reales Ordenanzas establece taxativamente que ?cuando las ¨®rdenes entra?en la ejecuci¨®n de actos que manifiestamente ( ... ) constituyen delito, en particular contra la Constituci¨®n, ning¨²n militar estar¨¢ obligado a obedecerlas, en todo caso, asumir¨¢ la grave responsabilidad de su acci¨®n u omisi¨®n?. La referencia a la Constituci¨®n se encuentra tambi¨¦n en otros art¨ªculos de las Reales Ordenanzas. As¨ª, el art¨ªculo 11 se?ala que la disciplina ?tiene su expresi¨®n colectiva en el acatamiento de la Constituci¨®n, a la que la instituci¨®n militar est¨¢ subordinada?, y el art¨ªculo 26 indica que ?todo militar deber¨¢ conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constituci¨®n?.

Es imposible dudar de que los n¨²meros de la Guardia Civil -militares profesionales- asaltantes del, Congreso tuvieron que percatarse antes o despu¨¦s, aunque fueran inicialmente llevados con enga?o por sus jefes a esa cita, del significado de la operaci¨®n en la que participaban. Los golpes e insultos al teniente general Guti¨¦rrez Mellado, el trato injurioso al presidente del Gobierno y al ministro de Defensa y el enca?onamiento de los diputados fueron actos demasiado inequ¨ªvocos como para que alguien pueda llamarse a enga?o. Sin duda que tambi¨¦n existen circunstancias atenuantes -y qui¨¦n sabe si eximentes en alg¨²n caso concreto- en los n¨²meros de la Guardia Civil que intervinieron en el asalto por disciplina o por temor a sus superiores. Pero resultar¨ªa inexplicable sentar la doctrina antijur¨ªdica del aqu¨ª no ha pasado nada para exculpar una conculcaci¨®n abierta del C¨®digo de Justicia Militar y las Reales Ordenanzas. Porque esa doctrina justificar¨ªa, en el futuro, a cualquier militar a participar en intentonas o aventuras delictivas con la c¨®moda excusa de que no hac¨ªa sino cumplir ¨®rdenes de sus superiores. Y romper¨ªa el principio constitucional de que todos los espa?oles son iguales ante la ley.

Finalmente, queda esa amplia zona de sombra ocupada por los civiles emboscados en la conjura, en espera de que el ¨¦xito del golpe de Estado les aupara a un alto cargo de la nueva organizaci¨®n administrativa y les devolviera los privilegios pol¨ªticos y materiales perdidos con el establecimiento de la democracia. ?Alguien puede afirmar, con la mano sobre el coraz¨®n, que Juan Garc¨ªa Carr¨¦s era la ¨²nica personalidad civil implicada en la intentona? ?Se ha esclarecido el origen de los fondos que permitieron a los facciosos adquirir una flotilla de autobuses para trasladar a tropas rebeldes al palacio del Congreso? ?C¨®mo se explica que en las v¨ªsperas del asalto tantos civiles estuvieran al tanto de la conjura? Son preguntas, estas y muchas otras, sin contestaci¨®n que un pueblo soberano merece le respondan.