Responsabilidad y secreto
AUNQUE EL Gobiemo y la Junta de Portavoces -¨¦sta por simple mayor¨ªa- adoptaran la decisi¨®n de reunir el Pleno del Congreso a puerta cerrada para que casi 350 diputados, conminados a mantener el secreto, escucharan las explicaciones del ministro de Defensa sobre el golpe frustrado del 23 de febrero, era del todo punto evidente, por aquello de que no se pueden poner puertas al campo, que la opini¨®n p¨²blica terminar¨ªa por enterarse de lo sucedido. ?A qu¨¦ mente tan autoritaria o tan ingenua pudo ocurr¨ªrsele la idea de que m¨¢s de trescientos representantes de la sobera n¨ªa popular, que deben discipl¨ªiia a, sus partidos, pero tambi¨¦n lealtad a su¨¢ electores, iban a guardar en secreto una informaci¨®n de tan alto inter¨¦s para la sociedad espa?ola, que tiene todo el derecho del mundo a compartirl¨¢ con la clase pol¨ªtica? ?C¨®mo suponer que la responsabilidad de los peri¨®dicos a la que ahora se apela deba basarse en aceptar las presi¨®nes para no publicar las noticias antes que en aceptar los riesgos de su funci¨®n social?El ¨²nico peligro derivado de ese secreto, tan imposible de guardar como el agua en un cedazo, era que la opini¨®n p¨²blica conociera de manera desviada, confusa y manipulada lo que se le hab¨ªa impedido saber de forma directa, clara y segura. Varias decenas o tres centenares de canales de informaci¨®n d¨ªferentes hubieran podido incrementar la cosecha de intoxicaciones, rumores, bulos y fantas¨ªas en medio de la cual crece la ciza?a sembrada por quienes se proponen llenar de zozobra, alarmismo, inquietud y derrotismo la moral de los ciudadanos. Afortunadamente, la decisi¨®n, libre y responsablemente adoptada en conciencia, de un n¨²mero indeterminado de diputados ha permitido que la intervenci¨®n del ministro de Defensa, grabad¨¢ en cinta, pueda llegar sin manipulaciones, deformaciones o intoxicaciones a la opirii¨®n p¨²blica.
Digamos, de forma incidental, que el resuelto rechazo del presidente d¨¦l Gobiern¨® de la expresi¨®n ?democ.racia vigilada? como inadecuada a la vida p¨²blica espa?ola despu¨¦s del 23 de febrero puede quedar empaf¨ªado por incidentes como el protagonizado ayer por la tarde por la oficina de informaci¨®n del Ministerio de Defensa, uno de cuyos funcionarios -comandante- se dirigi¨® a los peri¨®dicos para pedir la no publicaci¨®n de las cintas grabadas por varios diputados que obraban en poder de la Prensa. ?Alguien se imagina a los directores de los diarios europeos o estadounidenses recibiendo este tipo de ?recados? ministeriales por esta v¨ªa y sin m¨¢s argumentaci¨®n que ?lo pide el ministro?? Pero no es el funcionario el responsable, sino el ministro que lo manda y el Gobierno que lo ampara.
?Por qu¨¦ un sector de los mismos diputados y ministros que aplaudieron, en el Pleno del 25 de febrero, a los representantes de los medios de comunicaci¨®n resolvieron ayer, en cambio, castigarles en el cuarto oscuro con la idea de consolarles despu¨¦s con los mendrugos de una informaci¨®n parcial y sesgada? La luna de miel entre los pol¨ªticos y los periodistas inmediatamente posterior al secuestro de los diputados y del Gobierno, qu¨¦ mostraron su agradecimiento hacia los medios de comunicaci¨®n por la labor realizada aquella tr¨¢gica noche en defensa de sus personas y de la democracia, parece haber llegado a un abrupto final. En unas desafortunadas declaraciones a la Hoja del Lunes, Juan D¨ªez Nicol¨¢s, nuevo secretario de informaci¨®n de UCD y vendedor de sus ilusiones, lanza la caballer¨ªa contra los medios de comunicaci¨®n haci¨¦ndoles culpables de que las cosas no marchen bien en este pa¨ªs e imput¨¢ndoles, incluso, responsabilidades en el. desencadenamiento del golpe de Estado. No puede decirse, en verdad, que el flamante secretario de informaci¨®n de UCD haya entrado con buen pie en su nuevo cargo, pero forzoso es reconocer que, comparando sus declaraciones con el proyecto de ley enviado por el ministro de Justicia a las Cortes para recortar la libertad de expresi¨®n, clausurar peri¨®dicos e incautar rotativas, Juan D¨ªez Nicol¨¢s resulta un amigo fraternal y un ser angelical.
Pero tambi¨¦n pintan bastos en la Oficina de Informa ci¨®n del Ministerio de Defensa, que acaba de desautorizar ?cualquier tipo de fuente oficial que no sea resef¨ªada con su nombre, apellido y cargo o empleo en el Ministerio de Defensa o en la cadena de mando militar?, y que facilite noticias sobre ?el presunto desarrollo? (sic) del golpe de Estado frustrado del 23 de febrero. Para cumplir con esas severas instrucciones advertiremos que, en el mismo n¨²mero en que nuestro colega Abc hac¨ªa p¨²blica tan curiosa nota, el teniente coronel encargado de esa. Oficina de Informaci¨®n firmaba con,su nombre y primer apellido, pero sin constancia de su cargo o empleo en el Ministerio de Defensa, un art¨ªculo repleto de juicios de valor, tan respetables como discutibles. La duda que nos cabe es saber si esta es la opini¨®n, tan discutible como respetable, del se?or Monz¨®n o del jefe de Prensa del Ministerio de Defensa y del titular del ramo, y por qu¨¦ un funcionario tan cualificado contesta a un peri¨®dico desde las p¨¢ginas de otro sin haber apelado antes al di¨¢logo directo.
Tantas son las llamadas a la responsabilidad de los periodistas desde el poder, que hay que recordarle hoy al poder que los periodistas responsables son los que publican noticias, no los que las callan. Y que decir que la Prensa y la libertad de expresi¨®n ayudaron a generar el golpe es una actitud casi tan golpista como la del propio general Milans del Bosch, contra el que nadie sac¨® los tanques, por cierto, cuando libremente se expres¨® contra la transici¨®n pol¨ªtica en las p¨¢ginas de A bc hace poco m¨¢s de un a?o. Esta democracia es fr¨¢gil y est¨¢ en peligro, pero no puede despe?arse a base de huir locamente de quienes la persiguen. El golpe de Estado fue un acto criminal contra el pueblo espa?ol, no s¨®lo contra el poder constituido. El silencio y ese particular sentido de la responsabilidad pueden hacerle quiz¨¢ sentirse seguro al poder, pero nos hace m¨¢s inermes e inseguros a los ciudadanos, de los que el poder procede en todo r¨¦gimen de libertades.
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