Deberes y derechos del contribuyente

EL ADELANTAMIENTO en este a?o de la fecha que abre el per¨ªodo de presentaci¨®n de las declaraciones sobre la renta dar¨¢ ocasi¨®n al Ministerio de Hacienda para recordar m¨¢s pronto a los ciudadanos de este pa¨ªs sus obligaciones como contribuyentes. Otra vez, as¨ª pues, ser¨¢ necesario se?alar que en un sistema de libertades no existen razones ¨¦ticas y pol¨ªticas que justifiquen la eva si¨®n de los impuestos y la defraudaci¨®n fiscal. Porque el ejercicio de los derechos que un r¨¦gimen pluralista reconoce a los ciudadanos exige, como contrapartida, el cum plimiento de los deberes que las leyes, aprobadas por los representantes de la soberan¨ªa popular, elegidos por sufragio universal, establecen con car¨¢cter general. Sin duda, la exigencia de que cada cual contribuya, en pro porci¨®n a sus ingresos, al sostenimiento del Estado -la Administraci¨®n civil y militar, las comunidades aut¨®no mas, la Administraci¨®n local, la Seguridad Social- y al gasto p¨²blico dedicado a la inversi¨®n o a la redistribuci¨®n figura entre las principales obligaciones de una sociedad libre.Es cierto, por lo dem¨¢s, que no faltan argumentos o pretextos para enfriar la buena voluntad de los contribuyentes y para disuadirles de que declaren honesta y fidedignamente. En nuestro pa¨ªs existe todav¨ªa mucha evasi¨®n y defraudaci¨®n fiscal, localizada fundamentalmente en la parte m¨¢s elevada de la pir¨¢mide de ingresos, y siguen siendo las clases medias, sobre todo los funcionarios, empleados y trabajadores que reciben sus retribuciones en n¨®mina, y a los que se retiene obligatoriamente un porcentaje de los sueldos, las m¨¢s exactas, y forzadas pagadoras de los gastos comunes.

A este respecto, la decisi¨®n del Gobierno de suprimir el car¨¢cter p¨²blico de las listas de contribuyentes, con el argumento de que pueden facilitar su sucia tarea a secuestradores o extorsionistas, resulta altamente insatisfactoria. No es probable, por ejemplo, que los secuestradores de Pedro Abre¨² o de Luis Su?er precisaran del Ministerio de Hacienda para conocer la buena situaci¨®n econ¨®mica de sus v¨ªctimas. En cambio, el ocultamiento de las listas de los contribuyentes elimina un poderoso factor de presi¨®n moral y social sobre los declarantes, sometidos no s¨®lo a las inspecciones fiscales, sino a los agravios comparativos de sus vecinos. Es dudoso, por lo dem¨¢s, que el decreto-ley que prepara el Gobierno para dar fuerza normativa a su decisi¨®n pueda tener el efecto retroactivo que se le Pretende atribuir, ya que las declaraciones presentadas en 1980 sobre los ingresos de 1979 fueron realizadas desde la expectativa de su publicidad. De otra parte, la proyectada ley de infractores, destinada a compensar el car¨¢cter secreto de las listas, se limita a poner en la picota a los defraudadores y evasores que rozan el C¨®digo Penal. Desgraciadamente, la ausencia en el pasado de sanciones r¨¢pidas y ejemplares contra los infractores -?qu¨¦ ocurri¨® con Cruyff?- mueve a un cierto escepticismo sobre la eficacia de la medida.

Pero no se trata tan s¨®lo de la desigualdad en el reparto de las cargas fiscales, en beneficio de los defraudadores ilegales o de los muy ricos, que disponen de instrumentos jur¨ªdicos para la evasi¨®n legal, o de la irritaci¨®n que producen los agravios comparativos. Porque los ciudadanos a quienes se exige el deber de contribuir tienen adem¨¢s derecho a que la Administraci¨®n gestione con transparencia los fondos p¨²blicos y asigne esos recursos de manera eficaz y equitativa.

Los famosos gastos corrientes no.son, en buena medida, m¨¢s que los sueldos, dietas y remuneraciones que el Estado -los gobemantes, los cargos elegidos por sufragio en el Parlamento, las comunidades aut¨®nomas y los municipios, los funcionarios de la Administraci¨®n civil y los miembros de la Administraci¨®n rnilitar, la Seguridad Social- dedica ¨¢su mantenimiento.

La resistencia de UCD, fieramente capitaneada por su intr¨¦pido portavoz parlamentario, Miguel Herrero, a un r¨¦gimen amplio de incompatibilidades muestra hasta qu¨¦ punto el dinero de los contribuyentes puede llegar por diferentes canales -como funcionario, como parlamentario, como concejal, como consejero de varias empresas p¨²blicas y como asesor ministerial- a un mismo e hipot¨¦tico destinatario. Pese a los encomiables gestos realizados durante las ¨²ltimas semanas por Leopoldo Calvo Sotelo para recortar gastos corrientes, todav¨ªa hay demasiado despilfarro y boato en nuestra esfera p¨²blica. Hacia el futuro, los racionalizadores de las autonom¨ªas no deber¨ªan olvidar que la multiplicaci¨®n de unos Parlamentos de utilidad m¨¢s que dudosa puede costar varios miles de millones de pesetas a los contribuyentes.

Pero los esc¨¢ndalos no se circunscriben a los cargos in¨²tiles, a los empleos nepotistas, a los funcionarios, asesores o contratados que s¨®lo acuden a su lugar de trabajo para cobrar a fin de mes, y a esos latifundistas del Estado que se niegan a perder sus ingresos p¨²blicos m¨²ltiples. Las cuantiosas p¨¦rdidas de muchas empresas del sector estatal, desangradas por la ineficiencia y por las n¨®minas infladas, son otros desag¨¹es en los que se pierde el esfuerzo de los contribuyentes. Los proyectos absurdos y los elefantes blancos -?c¨®mo no recordar el d¨¦ficit de RTVE y de la Pr¨¦nsa del Movimiento?- constituyen, igualmente, sanguijuelas para el Tesoro.

De otro lado, los contribuyentes que cumplen con sus deberes fiscales tienen tambi¨¦n derecho a que el gasto p¨²blico se aplique a mejorar sustancialmente la asistencia sanitaria, a extender la ensenanza p¨²blic¨¢ (tan descuidada en favor de los colegios religiosos), a enderezar la situaci¨®n de la universidad y de la investigaci¨®n, a promover la elevaci¨®n cultural de la sociedad, a convertir a la televisi¨®n en un veh¨ªculo de educaci¨®n democr¨¢tica y c¨ªvica, a limpiar nuestras playas, nuestros r¨ªos y nuestra atm¨®sfera, a hacer m¨¢s seguros, c¨®modos y abundantes nuestros transportes p¨²blicos, a conservar y ampliar la red viaria, a garantizar una cobertura m¨ªnima a los desempleados y una vejez digna a los jubilados y pensionistas, a promover mediante inversiones p¨²blicas la creaci¨®n de empleos. Porque la gente pagar¨¢ con gusto, adem¨¢s de por obligaci¨®n, cuando tenga la absoluta certeza de que su dinero va a ser administrado con parsimonia, eficacia y honradez, y va a ser aplicado a servicios p¨²blicos o a creaci¨®n de riquezas.