50 a?os despu¨¦s

EL CINCUENTENARIO de la proclamaci¨®n de la II Rep¨²blica se produce en unas circunstancias hist¨®ricas tan singulares y en un ambiente pol¨ªtico tan crispado y enrarecido que cualquier glosa del 14 de abril de 1931 debe tomar en cuenta el marco actual de su conmemoraci¨®n. La distinci¨®n entre las formas de gobierno y los contenidos institucionales que aqu¨¦llas encierran puede ser f¨¢cilmente ilustrada por la ambig¨¹edad con que, tanto en la derecha como en la izquierda, se valora la ca¨ªda de la monarqu¨ªa hace cinco d¨¦cadas y su reinstauraci¨®n hace s¨®lo un lustro.Tras el golpe frustrado del 23 de febrero, a cuyo fracaso contribuy¨® de manera decisiva e irreemplazable don Juan Carlos, demostrando con el lenguaje de los hechos su compromiso con la Constituci¨®n y con el r¨¦gimen de libertades, la constelaci¨®n golpista, bastante m¨¢s grande de lo que los procesamientos por la jurisdicci¨®n militar acotan, comienza a tomar posiciones, prudente pero inequ¨ªvocamente, para el derrocamiento del Rey y la supresi¨®n de la Monarqu¨ªa parlamentaria, la posible en una sociedad europea y moderna. No son casuales ni la confesi¨®n de Tejero en su ¨²ltima proclama (?no soy mon¨¢rquico?), ni los pronunciamientos antimon¨¢rquicos que se pueden leer, expresados de manera directa, en lenguaje es¨®pico o entre l¨ªneas, en la Prensa golpista. Ni que decir tiene que ese deslizamiento, por exclusi¨®n, de los ide¨®logos del movimiento sedicioso hacia la forma de gobierno republicana no guarda la m¨¢s m¨ªnima relaci¨®ncon los contenidos democr¨¢ticos -libertades, derechos humanos, soberan¨ªa popular, autonom¨ªas, modernizaci¨®n del aparato estatal, primac¨ªa del poder civil, reformas educativas y sociales, etc¨¦tera- del proyecto del 14 de abril de 1931. La rep¨²blica con la que suenan los enemigos de la Monarqu¨ªa parlamentaria, que distribuyen equitativamente sus odios y sus injurias entre don Juan Carlos y las instituciones democr¨¢ticas, seria la envoltura de una dictadura a la chilena y el remedo, casi cuarenta a?os despu¨¦s, de aquella Rep¨²blica de Sal¨® que el fascismo italiano eligi¨® como tumba.

Si para los golpistas los contenidos pol¨ªticos prevalecensobre las formas de gobierno, resulta l¨®gico que el cincuentenario de la II Rep¨²blica sea contemplado por los defensores de la Constituci¨®n y de la democracia con la perspectiva que concede el paso de los a?os y el aprecio por el r¨¦gimen que garantiza hoy las libertades. La conmemoraci¨®n del 14 de abril no tiene por qu¨¦ negar en nuestros d¨ªas a la Monarqu¨ªa parlamentaria, situada, por merecimientos propios, en la misma estela de convivencia civil y de voluntad de progreso en la que trat¨® de inscribirse el experimento republicano y que fue interrumpida por la guerra civil y la dictadura franquista. Conmemorar hoy el cincuentenario de la II Rep¨²blica no es celebrar en abstracto el derrocamiento de la forma mon¨¢rquica de gobierno, sino, simplemente, levantar acta de que la Restauraci¨®n cay¨® por el vaciamiento de sus contenidos democr¨¢ticos, como consecuencia de una larga pr¨¢ctica de caciquismo y de distanciamiento entre la clase pol¨ªtica y los ciudadanos, y por las complicidades de la Corona con la dictadura de Primo de Rivera. Y defender hoy la Monarqu¨ªa parlamentaria al tiempo que se rinde homenaje al 14 de abril, fecha en que los intelectuales, la burgues¨ªa modernizadora, los trabajadores y un sector de las Fuerzas Armadas manifestaron su vocaci¨®n republicana, significa, por implicaci¨®n, que la ruptura de 1931 no se dirigi¨® contra la organizaci¨®n formal de la jefatura del Estado, sino contra un sistema autoritario de gobierno, incapaz de guiar a la sociedad espa?ola hacia esas metas de renovaci¨®n y de esperanza que todo pueblo necesita para convivir en paz y en libertad. Las vueltas de la historia o la astucia de la raz¨®n han hecho que sea precisamente un nieto de Alfonso XIII, destronado en 1931, quien haya contribuido de manera decisiva a la recuperaci¨®n de la soberan¨ªa, de la dignidad y de las libertades por el pueblo espa?ol.

Por lo dem¨¢s, la II Rep¨²blica es una experiencia hist¨®rica cargada de ense?anzas para nuestro presente y para nuestro futuro. Muchas cosas han cambiado en estos cincuenta a?os, pero otras han permanecido sustancialmente inalteradas. La emigraci¨®n hacia las ciudades, la urbanizaci¨®n y la industrializaci¨®n hab¨ªan quitado fuerza explosiva a la situaci¨®n agraria, pero el retorno de los trabajadores desde Europa, el desempleo en los sectores secundario y terciario y las repercusiones de la crisis en la agricultura amenazan con avivar rescoldos nunca apagados. La extensi¨®n del paro, que tambi¨¦n contribuy¨® a desestabilizar a la II Rep¨²blica, se produce en una sociedad m¨¢s compleja y con mayores medios para proporcionar cobertura a los desempleados, pero crea un peligroso caldo de cultivo para la demagogia. Las centrales sindicales son, en nuestros d¨ªas, organizaciones responsables que aceptan el marco de relaciones industriales de una econom¨ªa mixta para la negociaci¨®n de los conflictos laborales, pero el Estado se muestra todav¨ªa reacio a regularizar la situaci¨®n del patrimonio verticalista. Tambi¨¦n el capitalismo espa?ol es mucho m¨¢s maduro que en la d¨¦cada de los treinta, y adem¨¢s existe hoy un sector p¨²blico que, una vez saneado de corrupciones e ineficacias, podr¨ªa ser un eficaz instrumento para la pol¨ªtica econ¨®mica. Los espa?oles son menos pobres que en 1931, pero la crisis econ¨®mica mundial ha roto sus expectativas de una mejor¨ªa continua de sus niveles de vida. Aunque la Seguridad Social cubre a una gran parte de la poblaci¨®n espa?ola, no cabe ocultar la mediocridad de sus servicios. La educaci¨®n p¨²blica gratuita contin¨²a siendo una tierra prometida a la que nunca se llega.

Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco han alcanzado ¨¢mbitos posibles de autonom¨ªa superiores a los establecidos por los estatutos de la Rep¨²blica, pero el terrorismo etarra sigue ensangrentando con sus cr¨ªmenes nuestra convivencia y el dise?o del mapa auton¨®mico para el resto de Espa?a se ha convertido en una pesadilla para la clase pol¨ªtica. Los ayuntamientos democr¨¢ticos est¨¢n contribuyendo a mejorar la existencia cotidiana de los espa?oles, en la medida en que se lo permiten sus recursos y sus competencias. La derecha y la izquierda parlamentarias se han comprometido con la Constituci¨®n y con el respeto a la legalidad de forma mucho m¨¢s sincera y consecuente que las formaciones equivalentes de la II Rep¨²blica. La manifestaci¨®n del 27 de febrero demostr¨®, por lo dem¨¢s, que el desencanto o la pasividad de los ciudadanos, debidos en parte al aislamiento de la clase pol¨ªtica de sus electores, son fen¨®menos superficiales que desaparecen cuando las libertades est¨¢n en peligro. Los golpistas poseen una base social no s¨®lo infinitamente menor de lo que sus delirantes ide¨®logos predican, sino tambi¨¦n sustancialmente inferior a la equivalente en la ¨¦poca republicana.

Aunque la financiaci¨®n de los colegios religiosos y la legislaci¨®n sobre el divorcio hayan dado lugar a interferencias de la jerarqu¨ªa en la esfera del poder civil, no parece imaginiable se repita una guerra de religi¨®n como la que ensombreci¨® la II Rep¨²blica. El golpe del 23 de febrero ha establecido injustificados paralelos con el 18 de julio, pero la circunstancia de que el movimiento sedicioso de Tejero y Milans del Bosch tratara de impedir la designaci¨®n de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de Gobierno -cuando el levantamiento de Franco se produjo tras el asesinato de Jos¨¦ Calvo Sotelo- s¨®lo puede contribuir a incrementar los temores.

El actual Gobierno har¨ªa mal en olvidar que el 18 de julio empez¨® a gestarse materialmente cuando Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles se hizo cargo del Ministerio de la Guerra y modific¨® la pol¨ªtica militar del anterior bienio. Y la izquierda, a su vez, no puede ignorar que la aventura de Asturias y de Catalu?a, en octubre de 1934, tuvo una gran responsabilidad en la marcha colectiva hacia el abismo de la Il Rep¨²blica y de la sociedad espa?ola.