Los bancos afectados por la crisis financiera de Promocisa podr¨ªan constituir una sociedad para teminar los pisos

Una ¨²ltima posibilidad de soluci¨®n se ha barajado en v¨ªsperas de la celebraci¨®n de la asamblea general de afectados por la crisis de Promocisa, que ha dejado sin hogar a unas 3.000 familias y que tiene lugar, hoy, en un cine de Madrid. Tras el abandono, por parte del Gobierno, de sus compromisos anteriores con el consejo de afectados -anteayer el ministro de Obras P¨²blicas les comunic¨® que se desentend¨ªa del tema-, los bancos implicados -Banesto, Central y dos de Rumasa- parecen acariciar la idea de una dr¨¢stica soluci¨®n del conflicto, recuperando la iniciativa en este caso, dada la trascendencia social y pol¨ªtica del esc¨¢ndalo inmobiliario, y para evitar da?os mayores en un proceso judicial que salpicar¨ªa a todos los afectados y acabar¨ªa dejando sin hogar a los que ya lo pagaron hace cinco a?os.

Seg¨²n esta posibilidad, a¨²n remota, ya que convertir¨ªa a los bancos en hermanitas de la caridad por un d¨ªa, se constituir¨ªa una nueva sociedad, controlada por el Espa?ol de Cr¨¦dito, Central, Industrial del Sur y del Norte, encargada de sanear el grupo Promocisa -que salt¨® a la fama con la construcci¨®n y el ¨¦xito del Parque de Lisboa- y de terminar la construcci¨®n de las viviendas pendientes. Una vez entregados los pisos a los afectados, la citada sociedad se autoliquidar¨ªa, repartiendo las p¨¦rdidas o los beneficios, si los hubiere.Una suave presi¨®n gubernamental, que romper¨ªa la desidia demostrada hasta ahora por el Gabinete de Calvo Sotelo en esta presunta estafa inmobiliaria en la que parece tener parte de responsabilidad, es considerada por los afectados como esencial para la culminaci¨®n de este ben¨¦fico proyecto, contribuyendo adem¨¢s a mejorar la precaria imagen de responsabilidad social de la banca espa?ola.

De esta forma, el caso Promocisa se ha constituido ya en una prueba muy significativa de las relaciones entre Gobierno y banca. Las caracter¨ªsticas del problema -el activo del grupo supera al pasivo y la soluci¨®n no exigir¨ªa un riesgo superior a cien millones de p¨¦rdidas o cincuenta de beneficios- facilitan su soluci¨®n final -seg¨²n los expertos consultados-, siempre que no se inicien las querellas criminales que los m¨¢s desesperados sin vivienda est¨¢n exigiendo.

Debido a que el tema central es el origen fundamentalmente financiero de la crisis por falta de liquidez, y la enorme dimensi¨®n incontrolada que adquiri¨® el grupo Promocisa en plena crisis de la construcci¨®n, no parece haber un riesgo excesivo para la terminaci¨®n de las obras y la liquidaci¨®n de la sociedad, a ser posible con beneficios. Sin embargo, algunos afectados que han seguido el conflicto de cerca acusan tambi¨¦n a la banca de cierto abandono, e incluso de favorecer durante alg¨²n tiempo el deterioro del tema, dej¨¢ndolo pudrir intencionadamente, ya que en caso de quiebra sus garant¨ªas hipotecarias contra los cr¨¦ditos les cubren de todo riesgo.

Romper la desidia del Gobierno

Este cambio de actitud actual podr¨ªa estar basado en la ruptura del convenio firmado en las dependencias del palacio de la Moncloa, el d¨ªa en que dimiti¨® Adolfo Su¨¢rez, entre promotores, compradores, compa?¨ªas aseguradoras, proveedores y trabajadores, y en la actitud del nuevo Gobierno de lavarse las manos tras el pasado Consejo de Ministros. Tambi¨¦n han debido pensar en las consecuencias que podr¨ªa tener para la banca las ruidosas reivindicaciones de las 3.000 familias sin hogar, con amenazas de ocupaci¨®n de patios de operaciones, manifestaciones, anuncios en Prensa, etc¨¦tera, as¨ª como las salpicaduras de un proceso de quiebra en el que podr¨ªa haber cierta responsabilidad compartida entre los bancos, en cuyas cuentas especiales los compradores depositaron el dinero para el uso exclusivo de la construcci¨®n de sus pisos, y las compa?¨ªas aseguradoras, que se niegan a hacer frente a sus p¨®lizas aduciendo que el dinero no estaba depositado en tales cuentas especiales -obligadas por ley-, sino en cuentas corrientes normales. Resulta extra?o, no obstante, que bancos de gran prestigio concedan cr¨¦ditos por encima de mil millones de pesetas a empresas que, como Promocisa, no cumplen con la ley abriendo las cuentas especiales para protecci¨®n del comprador. Esta ley 57/68 aun no ha sido desarrollada en sus aspectos reglamentarios.

En todo caso, tras el Consejo de Ministros del pasado 30 de junio, en el que se declar¨® el caso Promocisa como de ?inter¨¦s p¨²blico y trascendencia social?, el entonces secretario de Estado para la Informaci¨®n, Jos¨¦ Meli¨¢, inform¨® a los periodistas que no hab¨ªa en Promocisa irregularidades jur¨ªdicas ni administrativas, sino solamente problemas financieros?, y que las cantidades pagadas estaban convenientemente aseguradas.

?En estos momentos, la tercera asamblea general de afectados se enfrenta a una nueva desesperaci¨®n, sin dinero, sin vivienda y sin perspectivas claras de soluci¨®n de futuro?, seg¨²n el abogado del consejo, Manuel Matamoros. En esta situaci¨®n, los miembros del consejo elevar¨¢n a la asamblea esta ma?ana una serie de propuestas, para su aprobaci¨®n o denegaci¨®n. Entre ellas destacan: liquidar el convenio suscrito el pasado 29 de enero por el incumplimiento del Gobierno de sus compromisos; pedir audiencia al Rey; iniciar campa?as de Prensa, manifestaciones y concentraciones; campa?a de publicidad pagada para advertir a los nuevos compradores de viviendas; ocupaci¨®n de patios de operaciones mediante el ingreso de cien pesetas por miles de afectados a la vez; exigir en masa el reintegro de las cantidades ya pagadas por los pisos a las compa?¨ªas aseguradoras que se niegan a devolverlas; promover una investigaci¨®n parlamentaria con el enjuiciamiento de la acci¨®n gubernamental; interposici¨®n de querellas criminales por los supuestos delitos de estafa y/o apropiaci¨®n indebida contra los promotores, representantes legales de las compa?¨ªas de seguros y de las entidades bancarias, y, por ¨²ltimo, encargo de dict¨¢menes jur¨ªdicos sobre la implicaci¨®n de los organismos oficiales en el asunto, por supuesta complicidad y obstrucci¨®n de la acci¨®n de la justicia. ?Los afectados saben muy bien?, ha declarado el abogado Manuel Matamoros, ?que iniciar el proceso de quiebra puede suponer la p¨¦rdida definitiva del piso y varios a?os de quebraderos de cabeza, pero, al cabo de cinco a?os de enga?os, tienen perfecto derecho a ejercer su desesperaci¨®n?.