El INI y la empresa p¨²blica

LA LEY de Defensa de la Industria Nacional fue promulgada en 1939 con miras a ?redimir a Espa?a de la importaci¨®n de productos ex¨®ticos?, y la ley de 25 de septiembre de 1941 justific¨® la creaci¨®n del Instituto Nacional de Industria por la necesidad de acometer proyectos que rebasaran las posibilidades de la iniciativa privada y resolvieran los imperativos de la defensa nacional. El INI dispuso desde un comienzo de fondos abundantes, procedentes de las aportaciones presupuestarias y de la financiaci¨®n barata nacida de los circuitos privilegiados de cr¨¦dito. As¨ª se fue construyendo un peque?o imperio industrial que cubr¨ªa tambi¨¦n sectores en los que la empresa privada ten¨ªa una significativa presencia. Esa coexistencia, aunque a veces produjo roces, nunca suscit¨® conflictos que amenazaran seriamente a la iniciativa privada, debido a la falta de competitividad del sector p¨²blico. La moderna planta de Ensidesa veget¨® sin complicaciones al lado de Altos Hornos y no fue capaz siquiera de situar a nuestra industria sider¨²rgica de base en una zona de costes competitivos equiparable a la de otros pa¨ªses.La empresa p¨²blica, en nuestro pa¨ªs, naci¨® d¨¦bil y necesit¨® de un fuerte proteccionismo arancelario y de constantes subvenciones para sobrevivir, pese a sus favorables canales de financiaci¨®n. El INI no consigui¨® beneficios suficientes para autofinanciarse y se lanz¨® a un endeudamiento creciente. Pese a que los costes de los cr¨¦ditos de las empresas p¨²blicas son inferiores a los del sector privado, la carga total ha crecido de tal forma que el peso del conjunto de sus gastos financieros es ya superior al de las empresas privadas. La industria del ¨¢rea estatal termin¨® por entrar en barrena. Sin contar con las aportaciones del Tesoro, las p¨¦rdidas del grupo del INI rebasaron en 1978 los 27.000 millones de pesetas. Y los recursos drenados a los presupuestos por el conjunto de las empresas p¨²blicas, entre subvenciones de explotaci¨®n y transferencias de capital, ascendieron a los 200.000 millones de pesetas en 1979. y a los 260.000 millones en 1980.

El d¨¦ficit, que ha venido creciendo a buen ritmo durante los a?os de la crisis del petr¨®leo, es resultado, en buena parte, de los programas de L¨®pez de Letona y Claudio Boada. Proyectos como Altos Hornos del Mediterr¨¢neo o Astilleros Espa?oles, tan carentes de futuro como sobrados de riesgos, caminaron de la mano con la decisi¨®n, todav¨ªa m¨¢s perturbadora, de hacerse cargo de empresas privadas ineficientes o sin posibilidades de recuperaci¨®n. La transformaci¨®n del INI en una casa de beneficencia para industrias privadas en dificultades o en un hospital de enfermos incurables no s¨®lo altera el papel inicial del INI, sino que ampl¨ªa las incertidumbres acerca de sus cometidos reales. La abusiva utilizaci¨®n de las n¨®minas de las empresas p¨²blicas para enchufar en elevados cargos a pol¨ªticos en paro, practicar el nepotismo o proteger a paniaguados y a clientes (los fondos de reptiles han tenido de ordinario en muchas de esas empresas un excelente zool¨®gico) ha terminado por desprestigiar hacia fuera al ¨¢rea estatal y de carcomer hacia dentro su eficacia.

Pero todo ello no anula la importancia real del INI en un pa¨ªs que, salvo Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, carec¨ªa en 1939 de tradici¨®n industrial. Si no fuera por las funciones que el refranero atribuye a los consuelos derivados del mal de muchos, los resultados de Alfa Romeo, en Italia, o de British Leyland, en el Reino Unido, son igualmente desastrosos. El INI ha adquirido, pese a los defectos enunciados, con el paso de los a?os, cierta experiencia industrial., y el control que en un sistema democr¨¢tico puede ejercer el Parlamento sobre la corrupci¨®n puede constituir una salvaguardia contra los abusos. De otra parte, el nombramiento como presidente del INI de Carlos Bustelo es quiz¨¢ una oportunidad para que ese torpe elefante deje de ser un holding con p¨¦rdidas inmanejables y se convierta en un instrumento eficaz de pol¨ªtica industrial. Esto es, para que el INI sea un promotor de empresas sanas y eficazmente gestionadas, cuyos directivos sean tan responsables -o m¨¢s responsables, ya que manejan dinero p¨²blico- como los de las empresas privadas.

La tarea no va a resultar f¨¢cil y exige una serie de requisitos. El nuevo presidente debe disponer de una razonable independencia y de la libertad necesaria para formar un equipo de colaboradores t¨¦cnicamente capacitados y empapados de los problemas del mundo industrial. Cada empresa del INI deber¨ªa ser tratada como una unidad financiera aut¨®noma, responsable de su propia gesti¨®n y no sometida a condicionantes extra?os. De otro lado, esas empresas no deber¨ªan recibir privilegios en su financiaci¨®n y tendr¨ªan que ser clausuradas cuando arrojaran p¨¦rdidas, a menos que el Parlamento se pronunciara en otro sentido por razones extraecon¨®micas. Finalmente, las subvenciones y las transferencias deber¨ªan ser congeladas, con vistas a su paulatina reducci¨®n y a su eventual eliminaci¨®n.

S¨®lo as¨ª podr¨¢n ser desmontados esos tinglados que se han ido acumulando a lo largo de un per¨ªodo en el que la econom¨ªa ha estado al servicio de una determinada pol¨ªtica. S¨®lo as¨ª podr¨¢ ser barrida la basura de la corrupci¨®n y cortada la sangr¨ªa del despilfarro. S¨®lo as¨ª podr¨¢ convertirse el INI en precursor industrial en nuevos sectores que requieren alta tecnolog¨ªa. Y s¨®lo as¨ª estar¨¢ el INI en condiciones de negociar con las multinacionales proyectos conjuntos para fortalecer nuestra estructura industrial con vistas al ingreso en Europa.

Todo esto requiere el respaldo de una estrategia gubernamental coherente y de una pol¨ªtica econ¨®mica de conjunto. Por esa raz¨®n, la decisi¨®n del Gobierno de crear un Ente Nacional de Hidrocarburos, independiente del INI y desconectado de la miner¨ªa del carb¨®n y de la energ¨ªa el¨¦ctrica, debe ser contemplada con alg¨²n ¨¢nimo cr¨ªtico. La raz¨®n de? divorcio es, al parecer, de naturaleza contable, a fin de evitar que los elevados beneficios del Ente procedentes del gas natural de C¨¢diz y de Sabi?¨¢nigo resultaran asfixiados por las p¨¦rdidas de las empresas enfermas. Ahora bien, si la gesti¨®n de cada empresa, incluido el Ente, fuera independiente, tales riesgos desaparecer¨ªan. Corresponde, en todo caso, a los diputados y senadores decidir, cuando se soliciten sus votos para la convalidaci¨®n del decreto-ley, si ese argumento contable tiene fuerza suficiente como para justificar la medida tan dram¨¢tica y cargada de consecuencias como la divisi¨®n del INI y de la gesti¨®n de la pol¨ªtica industrial del sector p¨²blico en nuestro pa¨ªs.