La noche del golpe, militares sublevadosy leales invocaron la "Operacion Diana"

Viene de primera p¨¢gina

Seg¨²n las dimensiones del desorden, por supuesto popular -ning¨²n otro desorden se conceb¨ªa desde aquella ¨®ptica-, entraban en funcionamiento diversos mecanismos y formas de control para asegurar el restablec¨ªmiento de la normalidad de aquel r¨¦gimen. Las previsiones contempladas en la Operaci¨®n Lucero iban desde la leve alteraci¨®n hasta la declaraci¨®n del estado de guerra.

A las fuerzas armadas se les se?alaba en la Operaci¨®n Lucero una posici¨®n de alerta inicial. Su actuaci¨®n se reservaba para casos muy concretos hasta que la gravedad de la situaci¨®n aconsejara su progresiva intervenci¨®n, que alcanzar¨ªa m¨¢ximo grado y control al declararse el estado de guerra. En ese momento, conforme a las prescripciones del cap¨ªtulo IV de la ley de Orden P¨²blico de 1959 tomar¨ªan el poder en Madrid y en cada una de las regiones militares y provinclas, bajo la autoridad de los capitanes generales y gobernadores militares respectivos.

Desprovista de sus aspectos puramente epis¨®dicos y protocolarios, la Operaci¨®n Lucero, con otras correcciones cr¨ªticas aconsejadas por la experiencia, se convirti¨® en la Operaci¨®n Ariete. Conforme a estas previsiones se movieron los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y otras unidades de las Fuerzas Armadas, que les dieron relevo en posiciones est¨¢ticas, durante las jornadas electorales de 1977.

Al constituirse el nuevo Gobierno, casi simult¨¢neamente a la formalizaci¨®n de los pactos de la Moncloa con las fuerzas que integraban el arco parlamentario, el presidente Adolfo Su¨¢rez Firm¨® con la Junta de Jefes de Estado Mayor -primer eslab¨®n de la cadena de mando militar conjunto, heredero de las atribuciones del extinguido Alto Estado Mayor- una nueva versi¨®n de la Operaci¨®n Arieta, que recibi¨® el nombre de Operaci¨®n Diana.

Esa Operaci¨®n Diana, con sus tres escalones de acci¨®n: alerta 1, alerta 2 y alerta 3, correspondiente a los estados de sitio, excepci¨®n y, guerra, descritos en la repetidamente citada ley de Orden P¨²blico de 1959.

Las dos versiones derivadas de la inicial Operaci¨®n Lucero -Ariete y Diana-, guardan plenamente los rasgos autoritarios de la concepci¨®n primitiva.

Todo el cap¨ªtulo IV de la ley de Orden P¨²blico sobre el estado de guerra deja su proclamaci¨®n en una zona de ambig¨¹edad y discrecionalidad que permite interpretaciones ampl¨ªsimas. A esa situaci¨®n van a querer acogerse los golpistas del 23 de febrero, que ?ante acontecimientos de suma gravedad? patrocinaron la alerta 3 de la Operaci¨®n Diana, sin que la autoridad pol¨ªtica competente hubiera ordenado su puesta en marcha

El art¨ªculo 35 de la disposici¨®n franquista establec¨ªa que la declaraci¨®n del estado de guerra se har¨ªa en los supuestos siguientes:

a) Cuando la alteraci¨®n que motiv¨® el estado de excepci¨®n haya adquirido proporciones o gravedad que no pueda ser dominada por las medidas adoptadas por la autoridad civil.

b) Cuando se produzca una s¨²bita y violenta insurrecci¨®n contra la seguridad del Estado, sus instituciones pol¨ªticas o la estructura social.

Para m¨¢s detalles, el art¨ªculo 39 dispone que al hacerse cargo del mando, la autoridad militar, despu¨¦s de o¨ªr al auditor, si fuera posible, publicar¨¢ el oportuno bando, mediante lectura y fijaci¨®n en los puntos que se consideren necesarios, y adem¨¢s se le dar¨¢ la mayor difusi¨®n. Ese mismo art¨ªculo se?ala que el bando habr¨¢ de contener determinados extremos. As¨ª, por ejemplo, una intimidaci¨®n a los perturbadores (s¨®lo se conciben perturbadores populares) para que depongan su actitud, una determinaci¨®n del territorio en que haya de aplicarse, una relaci¨®n de los hechos punibles que queden sometidos a la jurisdicci¨®n militar y el momento en que el bando entrar¨¢ en vigor.

He aqu¨ª el esquema seguido puntualmente por el coronel Diego Ib¨¢?ez, segundo jefe de Estado Mayor de la III Regi¨®n Militar, para redactar el bando encargado por el capit¨¢n general de Valencia, Jaime Milans del Bosch. Por supuesto, los hechos punibles se refer¨ªan a las actividades de los partidos pol¨ªticos y centrales sindicales y a los derechos de reuni¨®n y asociaci¨®n y a las libertades de Prensa y expresi¨®n.

En su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el 17 de marzo pasado, el ministro de Defensa, Alberto Oliart, hubo de responder a diversas preguntas formuladas por la oposici¨®n en torno a la Operaci¨®n Diana, cuya alerta 3 pusieron en marcha los golpistas para intentar el logro de sus prop¨®sitos. Algunas de estas cuestiones mencionaban tambi¨¦n el desconcierto creado cuando las autoridades leales a la Constituci¨®n, para abortar el golpe, hubieron de acudir tambi¨¦n a la misma Operaci¨®n Diana. En alg¨²n regimiento de la guarnici¨®n de Madrid el coronel comentaba pasado el golpe que en aquellajornada hab¨ªa puesto tres veces en marcha la alerta 3 de la dichosa operaci¨®n. El ministro se comprometi¨® ante los parlamentarios a revisar los supuestos de la Diana, y ahora parece que la tarea va a cobrar prioridad en los planes gubernamentales.