Consideraciones en torno al ANE

La crisis monetaria y energ¨¦tica internacional de los a?os setenta, agravada en Espa?a por la resistencia patronal a ver disminuida su participaci¨®n en la renta nacional, la deficiente gesti¨®n empresarial y la inestable situaci¨®n pol¨ªtica, va a producir los sucesivos intentos del capitalismo espa?ol de mantener sus posiciones de privilegio, cargando sobre los trabajadores la mayor parte de los costes de la crisis.Los pactos de la Moncloa (1977) suponen un primer paso con el que se logran cuatro objetivos esenciales para la estabilidad de todo Estado basado en una econom¨ªa de libre mercado:

- Reducci¨®n de diez puntos en la tasa de crecimiento de los precios.

- Recuperaci¨®n del excedente empresarial.

- Reducci¨®n de los salarios.

- Y, fundamentalmente, la incorporaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, te¨®ricos representantes de los trabajadores, a la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno.

Los costes sociales no se hacen esperar. En 1978 se duplica pr¨¢cticamente el n¨²mero de parados y la proporci¨®n de las retribuciones sociales en el producto interior bruto (PIB) se ha reducido el 0,12%, que supone casi 13.000 millones de pesetas, en favor de los beneficios, lo que invierte la tendencia de los a?os anteriores.

El AMI, el Estatuto de los Trabajadores y la reforma fiscal de 1979 suponen el segundo eslab¨®n de la cadena. Se reducen a¨²n m¨¢s los salarios y aumentan los impuestos directos sobre la renta del trabajo. Adem¨¢s, esta vez se realiza sin la participaci¨®n directa del Estado, aunque s¨ª con su apoyo, a trav¨¦s del pacto CEOE-UGT. Con el Estatuto se introduce la flexibilidad de plantillas, los expedientes de crisis y se regula una pol¨ªtica laboral m¨¢s estricta, lleg¨¢ndose a la situaci¨®n actual de 1.741.000 parados oficiales, lo que supone un 13,55% de la poblaci¨®n activa. Como la tasa de inflaci¨®n se halla estancada desde 1979 en tomo al 15 % y la productividad ha experimentado ascensos continuos podemos extraer la conclusi¨®n de que, en los ¨²ltimos cinco a?os, los pactos y congelaciones salariales han conducido a casi triplicarse el n¨²mero de parados y a reducirse en un 1,15 % la participaci¨®n de los salarios monetarios en la renta nacional (m¨¢s de 100.000 millones de pesetas), reducci¨®n mayor en t¨¦rminos reales, puesto que los ingresos de Hacienda, derivados de los trabajadores, han sido considerablemente superiores a los derivados del impuesto de sociedades.

En esta situaci¨®n, los medios de comunicaci¨®n nos informan de que el Estado, la patronal y los sindicatos socialista y comunista han encontrado la soluci¨®n a la crisis y al paro, llegando a un acuerdo nacional sobre empleo (ANE) que, como es l¨®gico, ha producido la satisfacci¨®n generalizada de banqueros, patronos y bur¨®cratas.

Posibilidades y resultados pr¨¢cticos

A la vista del contenido del pacto no es dif¨ªcil comprender los motivos de la satisfacci¨®n a que antes hac¨ªamos referencia, ya que el esp¨ªritu que subyace en el mismo es una de las m¨¢s tradicionales recetas econ¨®micas recomendadas y utilizadas en los ¨²ltimos a?os por el capitalismo occidental: la pol¨ªtica de rentas, que en teor¨ªa significa limitar los incrementos de los salarios monetarios con el fin de controlar los precios y aumentar la tasa de beneficio empresarial, lo que estimular¨ªa la inversi¨®n privada creando nuevos puestos de trabajo.

El acuerdo, efectivamente, limita los salarios. Es m¨¢s dudoso que controle los precios, pero dif¨ªcilmente dar¨¢ lugar siquiera a estabilizar el n¨²mero de parados existente en la actualidad.

Si analizamos el contenido del acuerdo en los cuatro bloques en que ¨¦ste se puede dividir, los resultados previsibles ser¨ªan los que a continuaci¨®n se exponen: mayor disminuci¨®n del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores empleados, ya que los incrementos salariales pactados fluct¨²an entre el 8% y el 11 %, y las previsones m¨¢s optimistas se?alan un crecimiento de la tasa de inflaci¨®n en torno al 15%, la diferencia entre ambas magnitudes supondr¨¢ una importante transferencia de los trabajadores hacia los beneficios empresariales.

En el mejor de los casos, el paro -se mantendr¨ªa, y a¨²n esto es m¨¢s que dudoso, ya que el acuerdo no especifica cu¨¢l va a ser la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno para crear esos 350.000 nuevos puestos de trabajo.

La posible creaci¨®n de empleo tiene dos or¨ªgenes: inversiones p¨²blicas. e inversiones privadas.

Las inversiones p¨²blicas previstas para 1982 son 825.000 millones de pesetas. Si tenemos en cuenta que de los 762.000 millones destinados para 1981 ya se han gastado el 42,9% en lo que va de a?o, y en ese mismo periodo 12 1.000 nuevos trabajadores han engrosado el n¨²mero de parados, en el mejor de los casos las inversiones del Estado en el a?o 1982 servir¨ªan para aumentar el paro en m¨¢s de 100.000 trabajadores.

Adem¨¢s, el d¨¦ficit presupuestario previsto para 1982 asciende a 700.000 millones de pesetas. Si el Gobierno pretende que no surjan nuevas tensiones inflacionistas o bien no aumentar¨¢ sus inversiones por encima de las previstas, o bien incrementar¨¢ sus ingresos impositivos. En cualquiera de los dos casos no se generar¨ªan nuevos empleos.

Por otra parte, y en lo referente a las inversiones privadas, se ha de tener en cuenta que la reducci¨®n de los costes empresariales (salariales y el 1 % de las cotizaciones a la Seguridad Social) no implica necesariamente mayores tasas de inversi¨®n. Los mayores beneficios de las empresas pueden ser distribuidos entre los accionistas, evadidos al exterior o destinados a mejorar su estructura productiva o financiera, en lugar de dedicarse a financiar nuevas inversiones, ya que el acuerdo no obliga a la inversi¨®n de los recursos liberados por los menores costes salariales.

En el caso de que se produjesen estas nuevas inversiones, podr¨ªan realizarse en sectores productores de bienes intensivos en tecnolog¨ªa, de forma que no se crear¨ªan nuevos empleos e incluso podr¨ªan reducirse los existentes.

Reducci¨®n del nivel de vida y de la demanda

La reducci¨®n del nivel de vida de los trabajadores puede originar un descenso en la demanda de consumo de los bienes que emplean mayor n¨²mero de trabajadores, lo que apoyar¨ªa las inversiones en sectores menos intensivos en mano de obra.

Asimismo, las bonificaciones del 90% de la cuota a la Seguridad Social de las empresas en los contratos que tengan una duraci¨®n m¨ªnima de un a?o y que afecten a padres de familia en paro o a trabajadores que hayan agotado el seguro de desempleo podr¨ªan suponer la sustituci¨®n de trabajadores que no gocen de tal subvenci¨®n, pero tampoco se crear¨ªa empleo.

En cuanto a cobertura del seguro de desempleo, ¨¦sta seguir¨¢ siendo insuficiente. Las estimaciones existentes sobre el alcance del seguro de desempleo se calcula que solamente afectan al 40%-45% de los parados. Teniendo en cuenta el crecimiento de los fondos estatales pactados y destinados al desempleo, la cobertura del seguro podr¨ªa llegar a afectar al 50% de los parados como m¨¢ximo.

Asimismo, se obliga a los parados a aceptar cualquier colocaci¨®n y retribuci¨®n que se les ofrezca, siempre que ¨¦sta no sea inferior a lo percibido por el subsidio de paro.

El resto de las medidas (horas extraordinarias, pluriempleo, jubilaciones anticipadas, empleo juvenil, etc¨¦tera) no se concreta m¨¢s que en compromisos de estudio por parte de la Administraci¨®n o en la ya consabida formaci¨®n de comisiones tripartitas de seguimiento, que ¨²nicamente sirven para dar una sensaci¨®n de control que no existe, y para incrementar la burocracia en los gastos del Estado.

Las contrapartidas

Si tan perjudicial resulta para los trabajadores el acuerdo en cuesti¨®n, ?c¨®mo se entiende que existan sindicatos de trabajadores que estampan su firma en los mismos? La respuesta es sencilla: 2.400 millones de pesetas en acuerdo paralelo y secreto (el texto del mismo es desconocido) en base a la utilizaci¨®n pol¨ªtica y mercantil del patrimonio sindical acumulado, y cerca de 3.500 millones de pesetas en concepto de ayuda a la consolidaci¨®n sindical comunista y socialista proveniente de los fondos presupuestarios de distintos organismos estatales, como el IMAC, INE, ISTL...

En definitiva, resultar¨ªa que, por obra y gracia del ANE, durante los pr¨®ximos tres a?os queda estipulada una nueva cuota sindical obligatoria para todos los espa?oles dirigida a sufragar esos cerca de 6.000 millones de pesetas que ser¨¢n destinados a pagar las n¨®minas de los muy numerosos funcionarios de los sindicatos firmantes.

Lo que de todas esas contrapartidas resulta m¨¢s chocante es que lo que son, pura y simplemente, subvenciones del Estado a determinadas opciones sindicales, se traten de enmascarar utilizando la nonata y difusa devoluci¨®n del patrimonio sindical acumulado. Durante los ¨²ltimos cinco a?os, la Administraci¨®n ha creado conscientemente alrededor de este tema oscurantismo y confusi¨®n. Su ¨²nico uso ha sido el de cebo pol¨ªtico de negociaci¨®n. Es necesario, por tanto, que se defina claramente la postura de la Administraci¨®n frente al problema: ?est¨¢ en el ¨¢nimo del Gobierno devolver a los trabajadores el patrimonio que con sus aportaciones directas e indirectas se levant¨® en los cuarenta a?os del r¨¦gimen del general Franco? Si as¨ª es, y nosotros as¨ª entendemos que debe ser, ?est¨¢ la Administraci¨®n en disposici¨®n de informar a la opini¨®n p¨²blica sobre el destino dado en los ¨²ltimos cinco a?os a esos bienes sindicales y de aportar los elementos que hoy lo definen? ?Se van a dictar unas normas justas para su devoluci¨®n? ?Esas normas se dictar¨¢n en base a la situaci¨®n de los sindicatos en 1977, a?o de su legalizaci¨®n, o, por el contrario, se basar¨¢n en el apoyo discriminatorio del Gobierno a opciones sindicales que pol¨ªticamente est¨¢n interesados en desarrollar como actualmente ocurre y ha venido ocurriendo en el pasado?

A estas y otras preguntas b¨¢sicas tendr¨¢n que responder si pretenden que los trabajadores no sometidos a cors¨¦ pol¨ªtico alguno les otorguemos una m¨ªnima credibilidad de justicia y equidad.