Una ley para el consumidor

(...) Resulta evidente que fabricantes y comerciantes se ven tentados, en tiempos de crisis, a buscar una salida a sus problemas por el camino arriesgado de la vulneraci¨®n de leyes, reglamentos o c¨®digos establecidos. Tal vez los motivos, que no las razones, est¨¦n m¨¢s lejos. Posiblemente se encierren en el entorno moral y ¨¦tico de una sociedad sacudida por una rotunda transformaci¨®n de su escala de valores, donde el ¨¦xito econ¨®mico, el triunfo social y las ansias de propiedad constituyen, ya para casi todo el mundo, la ¨²nica medida de la capacidad, la inteligencia y el valor entendido de la afirmaci¨®n del yo y la garant¨ªa de futuro.La importancia econ¨®mica de las sanciones impuestas y la difusi¨®n que los medios informativos dan a la lucha contra la adulteraci¨®n y el fraude autorizan a pensar que el problema ha dejado de ser una simple an¨¦cdota, que afecta s¨®lo a unos pocos, para convertirse en una aut¨¦ntica categor¨ªa, en la que est¨¢n implicados, lamentablemente, un gran n¨²mero de productores y consumidores. No estamos, sin embargo, ante una situaci¨®n econ¨®mica en la que la inspecci¨®n, los expedientes, las multas, las denuncias p¨²blicas o los pleitos judiciales, junto con el cierre de empresas o la publicidad de las sanciones, pueden restaurar, a corto plazo, el fair play comercial, el equilibrio entre oferta y demanda y la justa correspondencia entre calidad y precio. Estas medidas pueden ser necesarias, pero no ser¨¢n, seguramente, suficientes. (...)

22 de julio