Acuerdos auton¨®micos

EL LLAMADO pacto auton¨®mico entre el Gobierno y el PSOE, en gestaci¨®n desde abril de 1981, se ha salvado del aborto gracias a los f¨®rceps empleados a ¨²ltima hora por Felipe Gonz¨¢lez y Leopoldo Calvo Sotelo. Los acuerdos alcanzados en esta cumbre o cordillera de negociaciones se ir¨¢n conociendo presumiblemente a medida que el Congreso ponga el marchamo oficial, mediante la disciplina de voto que vincula te¨®ricamente a los miembros de los grupos parlamentarios, y eleve a rango legal el contenido de sus diversos puntos. De esta forma, los comentarios y los an¨¢lisis sobre cuestiones espec¨ªficas s¨®lo podr¨¢n tener el melanc¨®lico tono post festum que acompa?a siempre a las opiniones vertidas sobre los hechos irremediables.Como ya tuvimos ocasi¨®n de se?alar, los acuerdos auton¨®micos entre UCD y PSOE, los dos partidos hegem¨®nicos en el Congreso y en las regiones que carecen todav¨ªa de estatutos de autonom¨ªa, pueden ser en s¨ª mismos positivos. S¨®lo las dos grandes formaciones pol¨ªticas, que idearon primero el embrollo del t¨ªtulo VIII, vacilaron despu¨¦s en sus respectivas estrategias auton¨®micas y utilizaron finalmente el pitagorismo del 143, el 151 y el 144 como arma arrojadiza para sus combates electorales, pueden arreglar el notable descalabro por ellas mismas creado. Un acuerdo sincero y honesto entre centristas y socialistas para no jugar con el fuego de los agravios comparativos y del ventajismo electoralista y para meter en cintura a sus baron¨ªas locales es el ¨²nico procedimiento imaginable para evitar que la discusi¨®n de los estatutos pendientes de elaboraci¨®n o de aprobaci¨®n se convierta en una pelea suicida entre UCD y PSOE que arrastre en su desprestigio a las instituciones democr¨¢ticas, produzca graves distorsiones en el funcionamiento del Estado y transforme en un puerto de arrebatacapas, para provecho de la clase pol¨ªtica subalterna, la organizaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Bienvenido sea, as¨ª pues, el pacto auton¨®mico alcanzado por UCD y PSOE, y destinado a remediar, en lo que a¨²n resulte posible, los estragos cometidos por centristas y socialistas desde 1978. Pero a la vez no hay m¨¢s remedio que se?alar que ni el procedimiento utilizado ni las apariencias con las que se est¨¢ tratando de revestir esa concertaci¨®n interpartid¨ªsta, elevada a la condici¨®n de pol¨ªtica de Estado, merecen el aplauso.

Porque, una vez m¨¢s, los ciudadanos y electores, incluidos los militantes de base de los partidos signatarios, no s¨®lo han quedado marginados de la discusi¨®n, sino que, de a?adidura, han sido mantenidos en la m¨¢s absoluta ignorancia respecto al desarrollo de las discusiones. El estilo Su¨¢rez, justamente criticado en su d¨ªa, de hurtar al Parlamento las grandes cuestiones pol¨ªticas para darles hospedaje en el palacio de la Moncloa parece seguir inspirando, tras la defenestraci¨®n del anterior presidente del Gobierno, las relaciones entre el poder ejecutivo y la oposici¨®n. La semejanza entre las conversaciones auton¨®micas de hoy y las negociaciones en torno a los pactos de la Moncloa y los estatutos catal¨¢n y vasco es tan asombrosa que se extiende tambi¨¦n al car¨¢cter maratoniano de las conversaciones, las ri?as y reconciliaciones entre las partes, la fijaci¨®n de plazos improrrogables para los acuerdos, el suspense sobre su desenlace, la alternancia entre la desesperaci¨®n y la euforia, los regateos de ¨²ltima hora y la milagrosa intervenci¨®n final del presidente del Gobierno y de sus interlocutores al m¨¢s alto nivel para suavizar los ¨¢nimos y alcanzar la concordia.

De otro lado, la argucia de encomendar inicialmente a una comisi¨®n de profesores de Derecho Administrativo, elevada a la condici¨®n de tribunal salom¨®nico, la revisi¨®n informal del t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, a fin de ahorrarse los problemas y las dificultades de la reforma legal por las Cortes de su articulado, s¨®lo ha convencido o a los muy ingenuos o a quienes de antemano estaban dispuestos a comulgar con semejante ficci¨®n. La marginaci¨®n desde el primer momento de los nacionalistas catalanes y vascos, convertidos en una especie de espa?oles de segunda, en abierta contraposici¨®n con los habituales reproches que se les suelen dirigir por su vocaci¨®n particularista, mostr¨® que los expertos no ten¨ªan otra misi¨®n que dar respuestas a la serie de preguntas, obviamente sesgadas en su planteamiento, formuladas por centristas y socialistas. Posteriormente, la desmesurada prolongaci¨®n de unas interminables conversaciones, que no han hecho sino producir tedio en la opini¨®n p¨²blica, y el atrancamiento de las negociaciones por culpa de las ventajas que trataba de obtener UCD en el ¨¢mbito de las diputaciones, pusieron de relieve que los acuerdos sobre cuestiones t¨¦cnicas no anulaban las discrepancias sobre temas pol¨ªticos. Finalmente, la expulsi¨®n de los comunistas en el ¨²ltimo momento, pese a su expresa voluntad de firmar el pacto auton¨®mico, visible en la prudencia de sus cr¨ªticas al Gobierno y en su extra?o silencio en torno al esc¨¢ndalo de los aceites homicidas, despej¨® cualquier duda sobre el alcance y la naturaleza de esa cumbre, que a ¨²ltima hora abandonaron tambi¨¦n los aliancistas.

Pero lo m¨¢s grave es que el acuerdo interpartidista entre UCD y PSOE para concertar sus estrategias auton¨®micas en las regiones carentes de estatuto, decisi¨®n perfectamente leg¨ªtima, sea metido en el mismo saco de la ley org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico, que afectar¨¢ presumiblemente a las comunidades aut¨®nomas ya constituidas y con instituciones de autogobierno en pleno funcionamiento, y que puede ser f¨¢cilmente interpretada como una revisi¨®n constitucional realizada fuera de los procedimientos de reforma previstos por la norma fundamental. Porque UCD y PSOE acaban de inventar un procedimiento de iniciativa legislativa intermedio entre el proyecto de ley, cuya responsabilidad incumbe al poder ejecutivo, y la proposici¨®n de ley, que nace en las c¨¢maras generalmente por presi¨®n de la oposici¨®n. La participaci¨®n del principal partido de la oposici¨®n en la elaboraci¨®n del proyecto de ley permite pronosticar que esta gran coalici¨®n provisional de centristas y socialistas va a actuar como una m¨¢quina apisonadora en la comisi¨®n y en el Congreso contra las minor¨ªas y a privar a los debates de sus funciones informativas y esclarecedoras para la opini¨®n p¨²blica.

La dignidad del Parlamento queda siempre menoscabada por la condenable pr¨¢ctica de sacar fuera de su ¨¢mbito las negociaciones en torno a las grandes cuestiones pol¨ªticas. Pero lo que resulta ya inadmisible es que el proceso de elaboraci¨®n, debate y aprobaci¨®n de las normas sea sustra¨ªdo a las Cortes Generales hasta el punto de encomendar a un comit¨¦ de expertos la primera redacci¨®n de un proyecto de ley y reservar a las c¨²pulas de los partidos, a extramuros del palacio del Congreso, la tarea de introducir enmiendas, regatear f¨®rmulas transaccionales y dejar listo el texto para que, en su momento, las llaves de los diputados y senadores centristas y socialistas se limiten a girar obedientemente en el sentido de antemano ordenado por sus direcciones.