Un d¨¦ficit p¨²blico de carne y hueso

Las estridentes declaraciones del gobernador del Banco de Espa?a sobre el d¨¦ficit del sector p¨²blico y las pautas de comportamiento de los parlamentarios al respecto han coincidido en el tiempo con el voto negativo de los sindicatos al anteproyecto de presupuestos del INEM para 1982, por, subestimar ¨¦ste, de modo notorio, el coste de las prestaciones por desempleo. El se?or Alvarez Rendueles nos llama la atenci¨®n a los diputados sobre el desmelenamiento del d¨¦ficit, mientras los sindicatos acusan a la Administraci¨®n de efectuar una ?pol¨ªtica de avestruz? respecto de uno de los elementos m¨¢s din¨¢micos en la generaci¨®n de ese d¨¦ficit durante los ¨²ltimos a?os.A primera vista, pudiera situarse el debate con arreglo a un clich¨¦ maniqueo: si el d¨¦ficit es malo, aquellos que pretenden un aumento del gasto sin aportar el correlativo aumento de ingresos deben ser castigados y repudiados. Sin embargo, mucho me temo que las cosas no son tan simples si, por una vez, trasladamos la discusi¨®n desde los t¨¦rminos contables a la dura realidad. Y un tema de tanta trascendencia ¨¦tica, pol¨ªtica y social como es el de la cobertura de las necesidades m¨ªnimas de aquellos que han trabajado, han cotizado, buscan trabajo y no lo encuentran merece una m¨ªnima reflexi¨®n en ese sentido.

El paro creciente requiere m¨¢s seguros de desempleo

En los ¨²ltimos a?os, el incremento del paro ha conllevado un aumento paralelo del coste, del seguro de desempleo, aunque la tasa de cobertura de esta prestaci¨®n se ha mantenido sensiblemente estable y es probable que se mantenga as¨ª en el futuro pr¨®ximo. En efecto, si la entrada en vigor de la ley b¨¢sica de Empleo ha supuesto, al menos en teor¨ªa, una reducci¨®n de dicha cobertura, por su parte el cap¨ªtulo, tercero del acuerdo nacional sobre empleo contiene medidas que tienden a su ampliaci¨®n para determinados colectivos de trabajadores. Con una tasa de cobertura en relaci¨®n al paro registrado que ha oscilado entre el 47% y el 49% en los a?os 1978 a 1980, el coste total de las prestaciones se ha multiplicado por 2,5 en pesetas corrientes, pasando de 125.569 millones en 1979 a 310.921 millones en 1980. Las previsiones para 1981, que incluyen los compromisos correspondientes del ANE, elevan su coste a m¨¢s de 400.000 millones de pesetas, y los estudios disponibles hablan de superar la barrera del medio bill¨®n de pesetas para 1982, a pesar de que la Administraci¨®n pretende p¨²dicamente presupuestar ?solamente? unos 360.000 millones.

Tambi¨¦n aumentan los d¨¦ficit generados

Al tiempo que aumentan en progresi¨®n casi geom¨¦trica el paro y el coste de las prestaciones, se incrementa tambi¨¦n el d¨¦ficit que generan. As¨ª, la recaudaci¨®n de las cotizaciones para la contingencia de desempleo, que ha cubierto en 1980 el 36,4% de su coste total, frente al 55,8% en 1978 -pese al incremento del tipo de cotizaci¨®n efectuado a mediados del a?o pasado-, y la creciente aportaci¨®n directa del Estado -casi 120.000 millones en 1980 y al menos 130.000 en 1981- no son suficientes para cubrir el gasto resultante. Por eso, en 1980 finaliz¨® el ejercicio con un d¨¦ficit de 77.900 millones, y en el pre-, sente a?o puede llegarse hasta la cifra de 115.000 millones. Si en 1982 no se incrementa el tipo de, cotizaci¨®n, y la aportaci¨®n del, Estado es la prevista en el anteproyecto de presupuestos del, INEM, de 140.000 millones, el d¨¦ficit puede ascender a cerca de 200.000 millones.

En teor¨ªa, el art¨ªculo 29 de la ley b¨¢sica de Empleo resuelve la cuesti¨®n, al indicar que el conjunto del coste de la prestaci¨®n debe financiarse en un 40% por el Estado y en un 60% por las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Pero es necesario recalcar el car¨¢cter te¨®rico de la f¨®rmula legal, incumplida, por cierto, en 1980, y en v¨ªas de ser nuevamente incumplida en 1981. Si de aqu¨ª a final de a?o se quisiera respetar la proporci¨®n 40/60, el tipo de la cotizaci¨®n por desempleo debiera aumentar, en el segundo semestre, en unos cuatro puntos, pasando del 4% al 8%. Si la correcci¨®n quisiera efectuarse a primeros del pr¨®xim¨® a?o, olvidando lo sucedido en a?os anteriores, el incremento deber¨ªa ser de tres puntos a partir del pr¨®ximo 1 de enero.

De cualquier modo, en uno y otro caso se introducir¨ªa un impuesto adicional sobre el empleo que anular¨ªa la reducci¨®n de los costes laborales pactada en el ANE. El art¨ªculo 29, producto de lo estipulado por el PEG del se?or Abril Martorell en el caluroso verano de 1979, no sirve.

Tampoco es una soluci¨®n aceptable la que en cierto modo ha venido aplicando el Gobierno en los ¨²ltimos dos a?os, consistente en presupuestar a primeros de a?o por debajo de las previsiones de sus propios servicios para, a continuaci¨®n, hacer soportar buena parte del d¨¦ficit resultante a la tesorer¨ªa de la Seguridad Social, con lo cual no s¨®lo se hace recaer la financiaci¨®n del d¨¦ficit sobre trabajadores y empresarios, sino que se detrae esa cantidad de los fines que le fueron inicialmente asignados por el Parlamento: asistencia sanitaria, pensiones, etc¨¦tera.

Por tanto, suponiendo que el tipo de cotizaci¨®n por desempleo ha alcanzado ya un nivel dif¨ªcil de superar, que la Seguridad Social no tiene por qu¨¦ cubrir con sus recursos la escasez de las dotaciones presupuestarias y, desde luego, suponiendo que el grado de cobertura de las prestaciones por desempleo no pueden, en modo alguno, sufrir recortes adicionales a lo ya introducidos por la ley b¨¢sica de Empleo, el margen de maniobra resultante es sumamente bajo. Adem¨¢s, el control del fraude tiene l¨ªmites que nadie desconoce, y las cantidades que puedan ahorrarse o recuperarse por ese concepto a trav¨¦s de una actuaci¨®n intensa en ese terreno -que en todo caso debiera emprender derroteros distintos a los practicados en los ¨²ltimos tiempos- no van a suponer, en el mejor de los casos, m¨¢s de un 5% del d¨¦ficit total. Por su parte, los intentos de rebajar de modo sustancial las cotizaciones sociales de los perceptores de las prestaciones no dejan de ser una nueva f¨®rmula para trasladar a la Seguridad Social la factura de los platos rotos, y son en ese sentido rechazables.

En definitiva, se impone la financiaci¨®n del d¨¦ficit existente a trav¨¦s de una mayor aportaci¨®n estatal a la dotaci¨®n presupuestaria para protecci¨®n del desempleo, superando sin ambages lo previsto en el art¨ªculo 29 de la ley b¨¢sica de Empleo, precepto que bien pudiera ser derogado para evitar su incumplimiento sistem¨¢tico. Ello supone a corto plazo que, o se prev¨¦ un incremento de la presi¨®n fiscal para subvenir a las nuevas cargas, o se incrementa el d¨¦ficit p¨²blico, o, tercera posibilidad, se reducen gastos -corrientes, desde luego- como compensaci¨®n al correlativo aumento de las transferencias.

El d¨¦ricit p¨²blico es producto y no causa de la crisis

La reducci¨®n de gastos corrientes por valor de 200 millones no parece, en las condiciones actuales, una hip¨®tesis plausible, a pesar del efecto positivo que en ese sentido vayan a tener los compromisos del ANE relativos a la moderaci¨®n en el crecimiento del cap¨ªtulo 1 de los Presupuestos y de las pensiones de la Seguridad Social. El incremento de la presi¨®n fiscal constituye un tab¨² para aquellos que a¨²n no se han repuesto de los efectos de la reforma tributaria de la transici¨®n. Nos queda, por tanto, el d¨¦ficit p¨²blico. No se trata en este caso de una opci¨®n ideol¨®gica o voluntarista, producto de las atormentadas mentes de los diputados de la oposici¨®n, cuya despreocupaci¨®n por la buena marcha de las finanzas p¨²blicas tan afligido tiene al se?or Alvarez Rendueles. Nos encontramos ante un d¨¦ficit con nombre y apellidos, los de todos aquellos a los que la crisis econ¨®mica ha puesto ,en la calle, a los que el sistema productivo se muestra incapaz de ofrecer un puesto de trabajo.

Estamos ante un d¨¦ficit producto de la crisis, y no causante de crisis. Y a ese d¨¦ficit hay que proporcionarle su correspondiente financiaci¨®n, aqu¨ª y ahora. No basta con se?alar con el dedo las verg¨¹enzas de nuestra situaci¨®n econ¨®mica ni con rasgarse las vestiduras. Hay que asumir nuestra realidad y avanzar soluciones, a sabiendas que la mejor de entre ellas -la creaci¨®n de puestos de trabajo- no va a ser capaz de reducir el n¨²mero de desempleados con derecho a prestaci¨®n, al menos en el corto plazo.