P¨ªo Cabanillas y Fern¨¢ndez Ord¨®?ez tratan de llegar a un acuerdo sobre la televisi¨®n privada

Viene de p¨¢gina primera

Hubo otra circunstancia en aquella reuni¨®n ministerial que se aleja igualmente de los procedimientos habituales que rodean a una normativa legal de gran importancia: P¨ªo Cabanillas anunci¨® que contaba con un informe realizado por el Consejo de Estado por el que se dictaminaba favorablemente sobre la legalidad y constitucionalidad de la v¨ªa del decreto. Tampoco nadie conoc¨ªa el contenido de dicho informe, elaborado a toda velocidad, ya que P¨ªo Cabanillas lo solicit¨® el d¨ªa 21 de julio y lo present¨® en el Consejo de Ministros diez d¨ªas despu¨¦s. Ni P¨¦rez-Llorea ni Fern¨¢ndez Ord¨®?ez aceptaron tales apresuramientos, y por ello se ha decidido que el tema fuera tratado en la ejecutiva del partido tras la entrevista conjunta Cabanillas-Fern¨¢ndez Ord¨®?ez de ayer tarde.

El citado decreto ha sido elaborado por catedr¨¢ticos de telecomunicaciones, t¨¦cnicos de Radiotelevisi¨®n Espa?ola y expertos del departamento de P¨ªo Cabanillas, el Ministerio de la Presidencia, y su contenido tampoco era conocido anoche por los ministros.

El informe preparado por la permanente del Consejo de Estado establece, por su parte, que la disposici¨®n final del Estatuto de RTVE conforma la legalidad de la f¨®rmula del decreto en base al siguiente razonamiento: esta disposici¨®n ?autoriza al Gobierno, previa audiencia del Consejo de Estado, al desarrollo de lo previsto en este estatuto?. La permanente, en base a criterios de Derecho administrativo, alega que lo previsto en este estatuto establece la titularidad del Estado sobre RTVE, y, por tanto, en base precisamente a esa titularidad puede conceder permiso de explotaci¨®n de dicho servicio p¨²blico a empresas privadas.

Sin embargo, en el Ministerio de Justicia no se opina lo mismo, y sus equipos jur¨ªdicos alegan que no puede sustraerse al Parlamento algo que afecta a uno de los derechos fundamentales de los espa?oles previsto en la Constituci¨®n. Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, pues, plante¨® ayer a Cabanillas que son necesarias dos leyes para su regulaci¨®n: una primera, que podr¨ªa ser v¨ªa decreto-ley, para autorizar las cadenas privadas en su ¨¢mbito estrictamente empresarial, ya que la Constituci¨®n establece la libertad de empresa y de mercado en nuestro pa¨ªs, y otra ley posterior, de rango org¨¢nico, para regular el contenido de las empresas privadas, puesto que la informaci¨®n es uno de los derechos fundamentales constitucionales, y su tramitaci¨®n debe ser obligatoriamente mediante ley org¨¢nica.

En todo caso hay una coincidencia de intereses dentro de la propia UCD para que se autoricen cuanto antes las cadenas privadas. El Gobierno parece muy inquieto ante los ¨²ltimos sondeos electorales, ya que ¨¦stos dan como vencedor de los pr¨®ximos comicios al Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE). Seg¨²n las fuentes consultadas ayer por EL PAIS, la prisa de UCD responde a que el funcionamiento de las cadenas privadas antes de las elecciones podr¨ªa ser empleado para realizar campa?a electoral, puesto que el PSOE no parece dispuesto a financiar, de momento, su propia cadena de televisi¨®n. Los socialistas se muestran ahora interesados en las emisoras de radio, y su oposici¨®n a la libertad de empresas televisivas hay que buscarla en su presunci¨®n de que los inversores de dichas cadenas no ser¨ªan partidarios de que el pr¨®ximo Gobierno espa?ol fuera socialista.

Los votos del Parlamento

Por otro lado, si el Consejo de Ministros de ma?ana decide emplear la f¨®rmula del decreto-ley, ¨¦ste entrar¨ªa en vigor inmediatamente, y el Parlamento lo ratificar¨ªa o rechazar¨ªa poco despu¨¦s. Actualmente, las matem¨¢ticas parlamentarias dan la victoria a los partidarios de la coexistencia entre televisi¨®n p¨²blica y -privada. Coalici¨®n Democr¨¢tica y UCD podr¨ªan obtener el apoyo de las Minor¨ªas Vasca y Catalana a cambio de crear el tercer canal estatal en Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, controlado por las comunidades aut¨®nomas. PSOE y PCE quedar¨ªan, por tanto, en minor¨ªa.

En alg¨²n sector centrista se considera conveniente abrir un debate p¨²blico en el Parlamento acerca de este tema, puesto que de esa manera se obligar¨ªa a los socialistas a argumentar su oposici¨®n. Hasta el momento, Felipe Gonz¨¢lez se ha declarado contrario a la creaci¨®n de canales privados, ?porque en pa¨ªses de fuerte tradici¨®n democr¨¢tica se est¨¢ estudiando la posible injerencia extranjera en la soberan¨ªa nacional a trav¨¦s de los recursos tecnol¨®gicos que implican las emisoras-canales televisivas?. Este argumento, referido por el secretario general del PSOE en una reciente conferencia de Prensa, no acaba de convencer a sus oponentes.

El debate sobre el citado decreto no figura en el orden del d¨ªa de la reuni¨®n de la ejecutiva centrista -prevista para hoy. Sin embarg¨®, la entrevista de ayer entre los mencionados ministros hace pensar que s¨ª ser¨¢ abordado. Otro tanto puede pasar en el Consejo de Ministros de ma?ana. Los subsecretarios no cuentan con este tema, aunque s¨ª con un anteproyecto de ley sobre las actividades de los radioaficionados.