Aceites toxicos y adulteraci¨®n pol¨ªtica

SI EL 23 de febrero no hubiera alterado sustancialmente las reglas de juego de nuestra vida p¨²blica, en la direcci¨®n de anteponer la necesidad de supervivencia del sistema democr¨¢tico al l¨®gico desenvolvimiento de las relaciones habitualmente conflictivas entre Gobierno y oposici¨®n, las dimensiones pol¨ªticas y administrativas del homicidio masivo provocado por los aceites adulterados habr¨ªan salido a la luz m¨¢s r¨¢pidamente y con mayor virulencia. El debate en el Pleno del Congreso fijado para el pr¨®ximo 15 de septiembre, de no mediar las anormales circunstancias y los comprensibles temores creados por el golpe de Estado frustrado dif¨ªcilmente se habr¨ªa celebrado en fecha tan tard¨ªa.Da la impresi¨®n de que el actual presidente del Gobierno ha teminado por creerse a pie juntillas la leyenda hagiogr¨¢fica seg¨²n la cual el relativo apaciguamiento de las tensiones interpartidistas, la buena disposici¨®n de la oposici¨®n parlamentaria para alcanzar acuerdos y la disminuci¨®n de la conflictividad social en los ¨²ltimos meses se deben a su estilo imp¨¢vido, sus gestos ol¨ªmpicos y su huero laconismo, en vez de a una tregua pactada sin necesidad de protocolos formales por la prudencia de todos. La injuriosa reaccci¨®n de algunos medios oficiosos ante la renuncia de Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, cuya dimisi¨®n como ministro de Justicia ha puesto de manifiesto la gravedad de la crisis centrista y la fragilidad del propio Gobierno, muestra que los fabricantes de im¨¢genes soportan mal los hechos que las contradicen. Cabe incluso sospechar que el sost¨¦n brindado por el PSOE al Gobierno con la firma del Acuerdo Nacional sobre el Empleo y los pactos auton¨®micos ha sido fr¨ªvolamente interpretado en el palacio de la Moncloa, no como una muestra de solidaridad colectiva frente a los enemigos de la Monarqu¨ªa parlamentaria, sino como un tributo rendido por humildes vasallos a sus leg¨ªtimos se?ores naturales.

De otra forma no resultar¨ªa f¨¢cil entender la desabrida y autoritaria manera con la que el Gobierno ha planteado como un hecho consumado el ingreso de Espa?a en la OTAN por mayor¨ªa simple de las Cortes Generales o proyecta aprobar por simple decreto -sustrayendo al Parlamento el debate y aprobaci¨®n por ley de esta materia- la regulaci¨®n de las televisiones privadas. Esa arrogante postura de tomarse la llamada pol¨ªtica de concertaci¨®n a beneficio de inventario, considerando la colaboraci¨®n socialista como un deber de la oposici¨®n y la ruptura unilateral del consenso como un derecho del poder ejecutivo, descansa probablemente sobre la sensaci¨®n de impunidad creada en el Gobierno por la resaca del 23 de febrero. El dram¨¢tico y doloroso asunto del envenenamiento masivo producido por aceites adulterados ilustra tambi¨¦n esa prepotencia centrista, que comienza a sustituir el viejo lema de o yo o el caos por el subliminal mensaje o este Gobierno o el golpe.

Han pasado ya demasiadas semanas -m¨¢s de cuatro meses- y se han producido demasiadas muertes -tantas como las v¨ªctimas del terrorismo durante un per¨ªodo mucho m¨¢s largo- como para no plantear como responsabilidad pol¨ªtica de todo el Gobierno, con su presidente a la cabeza, lo que inicialmente pudo limitarse a la exigencia de explicaciones a los ministerios de Sanidad, Comercio y Agricultura. Durante ese tiempo, lo ¨²nico que ha funcionado ha sido la imaginaci¨®n de algunos equipos m¨¦dicos, la eficacia de los servicios policiales para desmontar -no sabemos si parcial o totalmente- la siniestra red del aceite homicida y la independencia del poder judicial para procesar a las personas implicadas en ese criminal negocio y a las que se imputa una responsabilidad estrictamente penal. El Gobiemo, sin embargo, ha actuado con retraso y a remolque de los acontecimientos, se ha conformado con adoptar medidas insuficientes y parciales ante el clamor de la opini¨®n p¨²blica y se ha dedicado a tapar las eventuales respons¨¢bilidades pol¨ªticas y administrativas de ministros, secretarios de Estado y directores generales. Se diria que, en v¨ªsperas de los comicios de Galicia, la arrolladora eficacia electoralista de Sancho Rof, aquel constipado subsecretario del Interior que ameniz¨® por televisi¨®n una larga noche electoral, prevalece sobre su manifiesta incompetencia para seguir desempe?ando el Ministerio de Sanidad. Y que la coartada socialdem¨®crata de Juan Antonio Garc¨ªa D¨ªez, quien exh¨ªbe ese r¨®tulo lo mismo que si se tratara de un carn¨¦ de socio del Rayo Vallecano, le pone a salvo de eventuales ceses, sobre todo despu¨¦s de la dimisi¨®n de Francisco Fern¨¢ndez Ord¨¢?ez.

Mientras los tribunales se ocupan de establecer las responsabilidades penales de las muertes, lesiones e incapacidades producidas por los aceites adulterados, el Gobierno tiene que hacer frente a sus propias responsabilidades pol¨ªticas y administrativas. Y no s¨®lo por sus posibles errores o negligencias en el proceso de importaci¨®n, adulteraci¨®n y distribuci¨®n de las grasas homicidas, sino por sus retrasos, inercias, omisiones e incompetencias a la hora de descubrir la causa de los fallecimientos, cortar dr¨¢sticamente la propagaci¨®n del mal, dar la debida asistencia a los convalecientes, preocuparse por las secuelas de la intoxicaci¨®n y proceder a las reformas de un sistema de salud p¨²blica para desarrollar el mandato del art¨ªculo 43 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual "compete a los poderes p¨²blicos organizar y tutelar la salud p¨²blica a trav¨¦s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Hasta mediados de agosto no fue creada una Secretar¨ªa de Estado para el Consumo y s¨®lo hace unos d¨ªas ha sido designado un coordinador para centralizar la asistencia y la protecci¨®n de los afectados por el envenenamiento. Se ignora c¨®mo van los trabajos, tal vez interrumpid¨®s por las vacaciones, de esa comisi¨®n, en cuya presidencia encontr¨® nuevo destino el ex ministro Mart¨ªn Retortillo. El Gobierno y el PSOE est¨¢n lanzados a una macabra pol¨¦mica en torno al n¨²mero exacto de fallecidos, a la vez que se desconocen las caracter¨ªsticas socioecon¨®micas de los muertos, la situaci¨®n cl¨ªnica de los internados y el cuadro de s¨ªntomas de las secuelas en los enfermos dados provisionalmente de alta. Nada sabemos tampoco sobre el delicado tema de las mujeres embarazadas afectadas por el envenenamiento y las eventuales medidas terap¨¦uticas que se pudieran adoptar legalmente a este respecto. Contin¨²a la confusi¨®n en torno a las marcas de aceites adulterados, mientras que el anuncio de la reanudaci¨®n del canje de botellas y garrafas t¨®xicas no explica las razones por las que fue interrumpido ese urgente trueque durante el verano. Corren rumores contradictorios sobre el agente causante de las muertes y las investigaciones en torno al ant¨ªdoto que lo combata. Las ayudas anunciadas por el Gobiemo suenan a limosnas de beneficencia y no se encuadran en la l¨®gica exigencia de responsabilidades pecuniarias que pueden exigir los perjudicados, como derecho y no como merced graciable, a los almacenistas y distribuidores y a la Administraci¨®n p¨²blica por la v¨ªa penal o contenciosoadministrativa.

En suma, lo poco que se sabe resulta tan confuso como el comportamiento del Gobiemo en este terreno. Y las interrogantes son demasiado numerosas y graves como para no exigir al poder ejecutivo que las conteste con claridad y honestidad en el Pleno del Congreso, previa renuncia a sacarse los muertos de encima mediante ejerc¨ªcios de prestidigitaci¨®n, exculpaciones leguleyas o impavidez autoritaria. Porque el presidente del Gobierno y sus ministros deben saber que la gesti¨®n p¨²blica en un sistema democr¨¢tico, aunque est¨¦ amenazado por una conspiraci¨®n golpista, debe rendir cuentas a los ciudadanos para demostrar que la conservaci¨®n y el disfrute del poder en un r¨¦gimen de libertades no constituye un fin en s¨ª mismo, sino un medio para servir a la sociedad.