Pensiones y fuertes indemnizaciones para los afectados

El Congreso de los Diputados aprob¨®, como conclusi¨®n del debate sobre el aceite t¨®xico, una serie de veinticinco medidas y la creaci¨®n de una comisi¨®n mixta Congreso-Senado para estudiar las actuaciones p¨²blicas y privadas en relaci¨®n con el caso. Entre las p¨²blicas se incluyen las de la Administraci¨®n estatal, de los entes auton¨®micos y preauton¨®micos y de los ayuntamientos. Las medidas consisten en actuaciones de reforma de la Administraci¨®n y de ayuda a los afectados, entre las cuales destacan pensiones e indemnizaciones de tres millones de pesetas para los familiares de los fallecidos.Mientras la comisi¨®n de encuesta fue aprobada s¨®lo con veinticuatro abstenciones del PCE, un voto en contra y 291 favorables, la decisi¨®n sobre las medidas dio lugar a una dura lucha entre la oposici¨®n socialista -autora de la propuesta original- y comunista contra UCD, la Minor¨ªa Catalana y Coalici¨®n Democr¨¢tica, que votaron sistem¨¢ticamente contra las medidas presentadas y las sustituyeron casi en su totalidad por propuestas propias, sobre todo de UCD, uniendo sus votos.

Respecto a temas administrativos se ha aprobado la creaci¨®n de un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n, que incluya todas las competencias sobre protecci¨®n al consumidor, cuyos servicios ser¨¢n reestructurados; elaboraci¨®n de un plan gubernamental para refundir y actualizar las normas vigentes en la materia; plan gubernamental de inspecci¨®n de los establecimientos industriales alimentarios; declaraci¨®n oblilator¨ªa en los productos del n¨²mero de registro sanitario de la empresa en un plazo de' dos meses, y un plan general de mataderos, que tendr¨¢ car¨¢cter indicativo, en colaboraci¨®n entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades aut¨®nomas.

Asimismo se prev¨¦ la creaci¨®n de un registro de empresas que se dedican a la esterificaci¨®ii de aceites y grasas, y establecimiento de la normativa de funcionamiento; revisi¨®n de los servicios de vigilancia de la calidad de los alimentos; sistema de coordinaci¨®n de los servicios de vigilancia epidemiol¨®gica; creaci¨®n de un Consejo de Coord¨ªnaci¨®n de Planificaci¨®n Sanitaria; actualizaci¨®n, si es necesario, del calendario de reglamentaciones t¨¦cnico-sanitarias, que en lo que respecta al aceite deber¨¢n recoger la obligaci¨®n de que los aceites mezclados deben explicar la mezcla en el envase; determinaci¨®n por el Gobierno de las sustancias que pueden utllzarse en la desnaturalizaci¨®n de productos que puedan ser derivados hacia el consumo humano; publicaci¨®n de los datos del registro sanitario; ayudas a determinar, que deban ser concedidas a los municipios para construcci¨®n o actualizaci¨®n de mataderos, as¨ª como para servicios de control.

Medidas para los afectados

En cuanto a las medidas para los afectados, los socialistas consiguieron, haciendo suya una propuesta que UCD hab¨ªa presentado y luego cambiado por otra, y que por ser originalmente suya no pod¨ªa dejar de votar, la inclusi¨®n en los Presupuestos del Estado de 1982 de ayudas por valor de tres millones de pesetas a los familiares de los fallecidos.

A propuesta de UCD se aprob¨® tambi¨¦n la elaboraci¨®n de un plan de rehabilitaci¨®n, pensiones a cargo de la Seguridad Social a los afectados y sus familiares, y la intensificaci¨®n de la realizaci¨®n del censo de afectados, al que se dar¨¢ publicidad si ¨¦stos dan su consentimiento; as¨ª como el compromiso del Gobierno de adoptar medidas para garantizar el salarlo real a los trabajadores de las empresas implicadas, y para que los enfermos en edad escolar puedan seguir sus estudios y recuperar lo perdido.

De la Minor¨ªa Catalana se aprob¨® la propuesta de tramitar con urgencia los art¨ªculos de la reforma del C¨®digo Penal que est¨¦n relacionados con el fraude alimentario y, a propuesta del PSOE se decidi¨® que el Gobierno inicie un estudio sobre la incidencia de la enfermedad en la poblaci¨®n expuesta, y que el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social realice censos provinciales y locales de afectados, a los que se dar¨¢ una cartilla para la asistencia. No se aprob¨® ninguna de las propuestas comunistas, ni del diputado Ram¨®n Tamames, as¨ª como de los grupos de socialistas vacos y de Catalu?a.

De la propuesta socialista original s¨®lo se respet¨® el punto cuarto, por el que se compromete el Gobierno a enviar al Congreso un proyecto de ley general de Comercio, que determinar¨¢ las competencias de las distintas administraciones p¨²blicas. Entre las medidas no sustituidas, sino simplemente suprimidas figuraba la creaci¨®n de una red de unidades regionales de diagn¨®stico prenatal para las embarazadas potencialmente o afectadas de hecho.