2.500 personas fueron consideradas como peligrosos sociales" en Madrid, en 1980

La ley de Peligrosidad y Rehabilitaci¨®n Social se ha convertido en los ¨²ltimos a?os en una ley represiva, absurda e impresentable, que ha servido a una sociedad hip¨®crita para quitarse de encima por el m¨¦todo m¨¢s barato, c¨®modo y eficaz a ciertas personas que molestaban, seg¨²n el fiscal de Peligrosidad y Rehabilitaci¨®n Social de Madrid, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato. La citada ley, que infringe su propio esp¨ªritu al no existir los centros especiales adecuados para las personas consideradas como peligrosos sociales, ha provocado que durante 1980 en Madrid fueran abiertos por esta medida cerca de 2.500 expedientes, a trav¨¦s de los cuales no m¨¢s del 1% de los detenidos fue privado preventivamente de libertad.

La finalidad de esta ley, cuando fue creada en 1933, era eminente mente preventiva, no represiva, respecto a aquellas personas en las que se pod¨ªa apreciar una conducta con inclinaci¨®n delictiva, pero actualmente se ha convertido, seg¨²n estimaciones de Mart¨ªnez Zato, "en una ley represiva que ha servido para encerrar sin ning¨²n problema a determinadas personas". Adem¨¢s, en los juzgados de peligrosidad de Madrid -y de toda Espa?a, en general- el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona es considerada como peligroso social no conlleva ning¨²n tipo de investigaci¨®n.

Pregunta. ?Esta ley ha provocado que en muchos casos se haya quebrado la norma penal de que ninguna persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho?

Respuesta. Por supuesto. Nosotros partimos de la base de que si existen algunas conductas constitutivas de delito sea la jurisdicci¨®n ordinaria la que se ocupe de estos casos, pero es absurdo que sea abierto otro expediente en los juzgados de peligrosidad, con lo que en muchos casos se ha vulnerado uno de los preceptos sagrados en el campo penal, que es el que dice que ninguna persona debe ser juzgada dos veces por el mismo hecho. La jurisdicci¨®n de peligrosidad no debe ocuparse de delincuentes, pero como tampoco existen centros adecuados donde enviar a los considerados como peligrosos sociales -mendigos, prostitutas o vagos-, estos juzgados se han convertido, en algunos casos, en la forma de librarse temporalmente de unas personas cuyos problemas deben ser solucionados por m¨¦dicos, psiquiatras o soci¨®logos, y no por la administraci¨®n de justicia, que actualmente no est¨¢ preparada para ello. Adem¨¢s, ante el delito, el precepto penal no est¨¢ generalmente adecuado a las circunstancias actuales de una sociedad democr¨¢tica, y en muchos casos influye en nosostros mismos la preocupaci¨®n por la situaci¨®n de las c¨¢rceles, lugar que no es el m¨¢s id¨®neo para enviar a estas personas.

P. Por el contrario, la polic¨ªa de Madrid no piensa lo mismo y diariamente realiza decenas de detenciones de vagos y prostitutas. ?Existe, pues, una falta de coordinaci¨®n entre la labor polic¨ªal y la judicial?

R. Con todos mis respetos, discrepo totalmente de las declaraciones que hace tiempo realiz¨® el jefe superior de Polic¨ªa de Madrid en las que se?alaba que era necesario revitalizar la ley de Peligrosidad Social. Esta horrorosa ley no sirve para nada y son rar¨ªsimos los casos en los que se consigue la rehabilitaci¨®n de los internados. La mayor¨ªa de los jueces y de los fiscales de toda Espa?a coinciden en la opini¨®n de que esta ley es ac tualmente inaplicable, ya que no se consigue absolutamente nada. Este es el punto de vista judicial, pero luego la polic¨ªa detiene todos los d¨ªas a centenares de personas, por ejemplo porque piden limosna. ?Qu¨¦ hago yo aqu¨ª con una prostituta? ?Para qu¨¦ vamos a internarla preventivamente, si cuando salga va a dedicarse a lo mismo, puesto que no encontrar¨¢ otras perspectivas? La rehabilitaci¨®n es pr¨¢ctica mente imposible si el Estado no ofrece oportunidades.

P. ?Han pasado hasta el momento muchos trabajadores en paro por el juzgado de Peligrosidad Social?

R. En algunos casos s¨ª, aunque parezca mentira. La rigura del vago va unida, en algunos casos, al paro, especialmente juvenil, y la polic¨ªa detiene a personas por esta causa. El problema est¨¢ bien claro. No se trata de reprimir, sino de buscar soluci¨®n al problema y llegar a las causas que provocan o que producen estas conductas que tanto molestan a ciertos sectores. El vagar es il¨®gico que sea contemplado por el poder judicial, y sobre todo cuando la rehabilitaci¨®n es una utop¨ªa y los internos cuando salen de estos centros no encuentran un puesto de trabajo. La reforma del C¨®digo Penal, pendiente de discusi¨®n en el Parlamento, duerme desde hace tiempo el sue?o de los justos y todav¨ªa no se ha explicado este importante retraso. Sin embargo, a pesar de que esta reforma ya plantea la inmediata derogaci¨®n de la ley de Peligrosidad, estos juzgados aplican una ley que es impresentable.