La Justicia contra los desaprensivos

CINCO MIL personas han pasado esta semana por los hospitales espa?oles tras haber ingerido mejillones en mal estado, y, al parecer, una persona ha muerto a consecuencia de la intoxicaci¨®n. Este puede ser el balance de urgencia de una nueva prueba del estado de indefensi¨®n en que se encuentran los consumidores.En esta ocasi¨®n, en contraste con la epidemia del aceite, la respuesta de la Administraci¨®n ha sido fulminante y se ha optado por considerar a los ciudadanos personas mayores de edad, responsables de sus actos, que merecen conocer los previsibles peligros que para su salud constituyen unos mejillones distribuidos con insuficiente depuraci¨®n. S¨®lo a ¨²ltima hora se ha entablado una pol¨¦mica absurda entre la Junta de Galicia y el aparato estatal sobre las responsabilidades a repartir entre ellos.

Mientras dura esta pelea de endoso de culpas entre miembros de UCD, los ciudadanos desconocen todav¨ªa que se hayan tomado medidas gubernativas o judiciales contra los presuntos responsables de los hechos que han alarmado este fin de semana a los habitantes de veinticuatro provincias espa?olas y da?ado en su salud y, en m¨¢s de un caso, en sus econom¨ªas. En estos temas, donde la dictadura, con sus contundentes argumentos represivos, hac¨ªa imposible que se divulgaran las innumerables fechor¨ªas que se cometieron contra los consumidores, es necesario que se act¨²e con ejemplaridad y rapidez. Los indicios racionales que la Administraci¨®n posee sobre dos depuradores de El Grove -A-13 y A-18- son elementos suficientes para que la administraci¨®n de Justicia ponga en marcha las medidas cautelares que garanticen el esclarecimiento definitivo de las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar.

Aunque sin duda el C¨®digo Penal padece carencias severas respecto a este tipo de delitos, la tipificaci¨®n de aquellos que atentan contra la salud p¨²blica est¨¢ bien clara, y aunque las penas sean a nuestro juicio muchas veces rid¨ªculas si se comparan con el mal causado -v¨¦ase el propio caso de la colza-, por menores que sean dichas penas parece que el fiscal deber¨ªa agilizar las actuaciones contra los desaprensivos que han enviado al hospital a 5.000 personas este fin de semana. Nadie puede asegurar que en una colectividad de cuarenta millones de habitantes no existan desaprensivos que desprecien el derecho a la vida, pero lo que s¨ª se est¨¢ en condiciones de exigir es la rapidez de la respuesta de la administraci¨®n de Justicia frente a quienes incurren en esos comportamientos. Porque el argumento de que la intoxicaci¨®n ha sido menor y s¨®lo ha producido v¨®mitos, aparte de que puede resultar falso, es irrelevante de principio y s¨®lo podr¨ªa ser exhibido como atenuante en un juicio, pero no como justificativo de la impunidad en que los responsables del hecho parecen vivir.