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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opini¨®n del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El contador de la muerte

LA MUERTE no suele hacer caso de los conjuros m¨¢gicos para exorcizarla, aunque los oficiantes de estos hechizos habiten en el Gobierno. De esta forma, el lento, tenaz y obsesivo goteo de fallecimientos causado por los aceites envenenados prosigue su siniestro curso. En la noche del mi¨¦rcoles, las v¨ªctimas ascend¨ªan a 143, seg¨²n el Ministerio de Sanidad, y a 151, de acuerdo con el c¨®mputo del PSOE. El obstinado mantenimiento de la discrepancia entre ambos recuentos muestra, dicho sea de paso, la falta de respeto hacia los muertos y el desd¨¦n hacia la opini¨®n p¨²blica de quienes se resisten a investigar las razones de ese desacuerdo y obligan a los medios de comunicaci¨®n a incluir ese doble marcador de cad¨¢veres en sus informaciones.Los portavoces del PSOE han denunciado el retraso en la realizaci¨®n de una encuesta para establecer la poblaci¨®n potencialmente expuesta al envenenamiento y censar a las personas que ingirieron aceites t¨®xicos. A nadie se le escapa la urgencia de esa tarea, ya que, dada la oscuridad que rodea al s¨ªndrome t¨®xico y los escasos progresos realizados en el descubrimiento de sus claves, no se puede descartar la posibilidad, aunque sea remota, de la latencia de sus efectos durante un per¨ªodo m¨¢s largo del que determinan los s¨ªntom¨¢s hasta ahora aparecidos. De otro lado, ni siquiera es seguro que haya desaparecido no s¨®lo de los hogares, sino tambi¨¦n del mercado, todo el aceite homicida.

Precisamente es en estos dominios donde las responsabilidades politicas y administrativas tienen la triste oportunidad de manifestarse. El ministro de Sanidad y algunos de sus colegas del banco azul no parecen haber entendido todav¨ªa que los ciudadanos distinguen perfectamente entre la responsabilidad penal de unos negociantes sin escr¨²pulos y la cadena de omisiones, negligencias y consentimientos de la Administraci¨®n p¨²blica, antes, durante y despu¨¦s de que comenzaran a fallecer las primeras v¨ªctimas.

Una de esas responsabilidades nace de haber tolerado -por falta de control de las importaciones de la colza desnaturalizada, de supervisi¨®n del comercio interior y de vigilancia de la industria alimentar¨ªa- el desenvolvimiento de ese tr¨¢fico homicida bajo las mismas narices de los ministerios de Agricultura, Comercio e Industria.

Otra responsabilidad que se puede imputar al Gobierno, una vez producido el envenenamiento, es la lentitud de reflejos, las torpez¨¢s y las lagunas informativas, los fallos en la coordinaci¨®n de las investigaciones, la incapacidad para alertar a tiempo y movilizar eficazmente a la opini¨®n p¨²blica, el retraso en aceptar la hip¨®tesis de la intoxicac¨ª¨®n por v¨ªa digestiva y el empecinamiento del ministro de Sanidad en sostener, y no enmendar, durante demasiados d¨ªas el err¨®neo diagn¨®stico inicial. Las vacaciones de agosto fueron escrupulosamente respetadas por algunos altos cargos, a quienes los ciudadanos, sin embargo, hubieran agradecido el gesto, algo m¨¢s que simb¨®lico, de permanecer en sus despachos madrile?os para dirigir ese combate contra la muerte. Por esa raz¨®n, la sola sospecha de que la Administraci¨®n est¨¦ incurriendo, por omisi¨®n o por negligencia, en nuevos fallos, como el retraso en la realizaci¨®n de la encuesta, produce escalofr¨ªos al recordar retrasos o indolencias parecidas en el pasado.

Sin embargo, el Gobierno, despu¨¦s del mal trago del Pleno de hace dos semanas, no parece haber extra¨ªdo del debate parlamentario otras conclusiones que no sean las puramente pol¨ªticas derivadas de la derrota de las mociones reprobatorias del PSOE contra cinco ministros.

La impresionante manifestaci¨®n de dolor y de protesta que recorri¨® las calles de Madrid el pasado mi¨¦rcoles tampoco ha merecido del portavoz del grupo centrista en el Congreso otra lectura que no sea una estrecha utilizaci¨®n partidista. Miguel Herrero ha examinado la manifestaci¨®n madrile?a bajo el ¨²nico prisma de las conveniencias de UCD (o de su fracci¨®n), y s¨®lo ha visto en esa emocionante demostraci¨®n de solidaridad colectiva las im¨¢genes de unos diputados de la izquierda situados delante de unas pancartas, cuya desmedida injusticia y su demagogia en algunos casos s¨®lo puede ser expl¨ªcada por la indignaci¨®n popular por lo que consideran una pobre actitud del Gobierno.

Ning¨²n partido del arco parlamentario, ning¨²n medio de opini¨®n responsable, ninguna persona sensata ha dicho o escrito que "la colza es terrorismo de UCD" o que "el Gobierno es asesino". En el debate parlamentario, las acusaciones de la oposici¨®n se centraron en las eventuales responsabilidades politicas y administrativas atribuibles a los ministros o del Gobierno.

La presencia de los congresistas en las calles madrile?as no s¨®lo no da?¨® el prestigio de la instituci¨®n parlamentaria, como ha afirmado el portavoz centrista, sino que impidi¨® la posibilidad de que la manifestaci¨®n pudiera desviar sus, protestas contra las instituciones democr¨¢ticas y el sistema constitucional tal y como tratan de conseguir los grupos de ultraderecha. Habr¨ªa que preguntarse, en c¨¢mbio, si el prestigio del Congreso no qued¨® lesionado por el respaldo que los diputados de UCD y de l¨¢ Minor¨ªa Catalana dieron a los ministros de Comercio y de Sanidad, cuyo cese por el presidente del Gobierno resultar¨ªa ahora dif¨ªcil de justificar tras el simb¨®lico aplauso parlamentario a su gesti¨®n como titulares de esos departamentos en el envenenamiento masivo.

El contador de la muerte

LA MUERTE no suele hacer caso de los conjuros m¨¢gicos para exorcizarla, aunque los oficiantes de estos hechizos habiten en el Gobierno. De esta forma, el lento, tenaz y obsesivo goteo de fallecimientos causado por los aceites envenenados prosigue su siniestro curso. En la noche del mi¨¦rcoles, las v¨ªctimas ascend¨ªan a 143, seg¨²n el Ministerio de Sanidad, y a 151, de acuerdo con el c¨®mputo del PSOE. El obstinado mantenimiento de la discrepancia entre ambos recuentos muestra, dicho sea de paso, la falta de respeto hacia los muertos y el desd¨¦n hacia la opini¨®n p¨²blica de quienes se resisten a investigar las razones de ese desacuerdo y obligan a los medios de comunicaci¨®n a incluir ese doble marcador de cad¨¢veres en sus informaciones.Los portavoces del PSOE han denunciado el retraso en la realizaci¨®n de una encuesta para establecer la poblaci¨®n potencialmente expuesta al envenenamiento y censar a las personas que ingirieron aceites t¨®xicos. A nadie se le escapa la urgencia de esa tarea, ya que, dada la oscuridad que rodea al s¨ªndrome t¨®xico y los escasos progresos realizados en el descubrimiento de sus claves, no se puede descartar la posibilidad, aunque sea remota, de la latencia de sus efectos durante un per¨ªodo m¨¢s largo del que determinan los s¨ªntom¨¢s hasta ahora aparecidos. De otro lado, ni siquiera es seguro que haya desaparecido no s¨®lo de los hogares, sino tambi¨¦n del mercado, todo el aceite homicida.

Precisamente es en estos dominios donde las responsabilidades politicas y administrativas tienen la triste oportunidad de manifestarse. El ministro de Sanidad y algunos de sus colegas del banco azul no parecen haber entendido todav¨ªa que los ciudadanos distinguen perfectamente entre la responsabilidad penal de unos negociantes sin escr¨²pulos y la cadena de omisiones, negligencias y consentimientos de la Administraci¨®n p¨²blica, antes, durante y despu¨¦s de que comenzaran a fallecer las primeras v¨ªctimas.

Una de esas responsabilidades nace de haber tolerado -por falta de control de las importaciones de la colza desnaturalizada, de supervisi¨®n del comercio interior y de vigilancia de la industria alimentar¨ªa- el desenvolvimiento de ese tr¨¢fico homicida bajo las mismas narices de los ministerios de Agricultura, Comercio e Industria.

Otra responsabilidad que se puede imputar al Gobierno, una vez producido el envenenamiento, es la lentitud de reflejos, las torpez¨¢s y las lagunas informativas, los fallos en la coordinaci¨®n de las investigaciones, la incapacidad para alertar a tiempo y movilizar eficazmente a la opini¨®n p¨²blica, el retraso en aceptar la hip¨®tesis de la intoxicac¨ª¨®n por v¨ªa digestiva y el empecinamiento del ministro de Sanidad en sostener, y no enmendar, durante demasiados d¨ªas el err¨®neo diagn¨®stico inicial. Las vacaciones de agosto fueron escrupulosamente respetadas por algunos altos cargos, a quienes los ciudadanos, sin embargo, hubieran agradecido el gesto, algo m¨¢s que simb¨®lico, de permanecer en sus despachos madrile?os para dirigir ese combate contra la muerte. Por esa raz¨®n, la sola sospecha de que la Administraci¨®n est¨¦ incurriendo, por omisi¨®n o por negligencia, en nuevos fallos, como el retraso en la realizaci¨®n de la encuesta, produce escalofr¨ªos al recordar retrasos o indolencias parecidas en el pasado.

Sin embargo, el Gobierno, despu¨¦s del mal trago del Pleno de hace dos semanas, no parece haber extra¨ªdo del debate parlamentario otras conclusiones que no sean las puramente pol¨ªticas derivadas de la derrota de las mociones reprobatorias del PSOE contra cinco ministros.

La impresionante manifestaci¨®n de dolor y de protesta que recorri¨® las calles de Madrid el pasado mi¨¦rcoles tampoco ha merecido del portavoz del grupo centrista en el Congreso otra lectura que no sea una estrecha utilizaci¨®n partidista. Miguel Herrero ha examinado la manifestaci¨®n madrile?a bajo el ¨²nico prisma de las conveniencias de UCD (o de su fracci¨®n), y s¨®lo ha visto en esa emocionante demostraci¨®n de solidaridad colectiva las im¨¢genes de unos diputados de la izquierda situados delante de unas pancartas, cuya desmedida injusticia y su demagogia en algunos casos s¨®lo puede ser expl¨ªcada por la indignaci¨®n popular por lo que consideran una pobre actitud del Gobierno.

Ning¨²n partido del arco parlamentario, ning¨²n medio de opini¨®n responsable, ninguna persona sensata ha dicho o escrito que "la colza es terrorismo de UCD" o que "el Gobierno es asesino". En el debate parlamentario, las acusaciones de la oposici¨®n se centraron en las eventuales responsabilidades politicas y administrativas atribuibles a los ministros o del Gobierno.

La presencia de los congresistas en las calles madrile?as no s¨®lo no da?¨® el prestigio de la instituci¨®n parlamentaria, como ha afirmado el portavoz centrista, sino que impidi¨® la posibilidad de que la manifestaci¨®n pudiera desviar sus, protestas contra las instituciones democr¨¢ticas y el sistema constitucional tal y como tratan de conseguir los grupos de ultraderecha. Habr¨ªa que preguntarse, en c¨¢mbio, si el prestigio del Congreso no qued¨® lesionado por el respaldo que los diputados de UCD y de l¨¢ Minor¨ªa Catalana dieron a los ministros de Comercio y de Sanidad, cuyo cese por el presidente del Gobierno resultar¨ªa ahora dif¨ªcil de justificar tras el simb¨®lico aplauso parlamentario a su gesti¨®n como titulares de esos departamentos en el envenenamiento masivo.

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