El inter¨¦s p¨²blico y la disciplina de partido
EL CONFLICTO desencadenado en el PCE a causa de la solidaridad de un grupo de dirigentes y altos cuadros madrile?os con el secretario general de los comunistas vascos, recientemente expulsado, puede da?ar al buen gobierno del Ayuntamiento de la capital y lesionar los intereses de sus vecinos.Mientras los diputados, pese al sistema de las listas cerradas, no pierden su esca?o en el Congreso aunque rompan con el partido que les present¨® en su candidatura, el r¨¦gimen electoral de la Administraci¨®n local permite a las direcciones de los partidos desposeer de sus cargos a los concejales que son expulsados de la organizaci¨®n o causan baja voluntaria en sus filas. En alg¨²n caso, como sucedi¨® con Alonso Puerta, la medida disciplinaria, que lleva acarreada la p¨¦rdida del cargo p¨²blico, tiene concomitancia, se relaciona, aunque sea de forma discutible y pol¨¦mica, con actuaciones relacionadas con la gesti¨®n municipal. En otros, el litigio que obliga a salir del Ayuntamiento a un concejal nada tiene que ver con su labor p¨²blica, y nace exclusivamente de conflictos internos de los partidos. As¨ª sucedi¨® con Ram¨®n Tamames, cuya satisfactoria actuaci¨®n como teniente de alcalde qued¨® cortada en seco por su decisi¨®n de abandonar la militancia dentro del PCE, pero sigue en posesi¨®n de su esca?o de diputado.
M¨¢s grave resulta todav¨ªa que un debate interno comunista pueda privar al Ayuntamiento de Madrid de la colaboraci¨®n de varios concejales que ni siquiera han pedido la baja en la organizaci¨®n, sino que son represaliados por sus opiniones. La eventual salida del Ayuntamiento de Eduardo Mangada (actual primer teniente de alcalde y responsable de urbanismo), de Mart¨ªn Palac¨ªn (concejal de Circulaci¨®n y Transportes) o de Cristina Almeida (que ha sustituido a otro concejal dimitido -Alfredo Tejero- en Educaci¨®n), no s¨®lo puede poner en peligro los pactos municipales, sino que amenaza quebrar la continuidad de la pol¨ªtica municipal en esas ¨¢reas. El acuerdo entre el PSOE y el PCE quedar¨¢ gravemente da?ado si la direcci¨®n comunista decide adem¨¢s designar para esas concejal¨ªas a personas inexpertas, seleccionadas en funci¨®n de su lealtad o sumisi¨®n y no por su capacidad para desempe?ar sus cargos. Pero los principales perjudicados ser¨¢n los madrile?os.
Eduardo Mangada ha sido el art¨ªfice y el administrador de una pol¨ªtica urban¨ªstica con la que se puede estar en desacuerdo, pero que ha sido guiada por criterios claros e instrumentada con coherencia. La voluntad de frenar la especulaci¨®n, el plan de proteger los edificios hist¨®rico-art¨ªsticos, la uniformidad en la concesi¨®n de viviendas o la protecci¨®n a las colonias de hotelitos ha sido el contenido de una gesti¨®n animada por prop¨®sitos pol¨ªticos y realizada por un prestigioso urbanista. Si Eduardo Mangada se marcha, contra su deseo, del Ayuntamiento y es sustituido por alguien con buena voluntad, pero sin experiencia en ese terreno, tambi¨¦n podr¨ªa correr peligro la revisi¨®n del Plan General de Madrid de 1963, que el actual Ayuntamiento se ha comprometido a concluir antes de que termine 1982. Mart¨ªn Palac¨ªn, por su parte, ha hecho una labor en Circulaci¨®n y Transportes con ¨¦xitos indiscutibles, como el de la ORA.
Cabe albergar dudas sobre la importancia que revista para los madrile?os que los concejales expulsados sean partidarios del vasco Lertxundi y sus sustitutos sean admiradores del vasco Ormaz¨¢bal. En cambio, es preocupante la sospecha de que los leales reemplazantes de los d¨ªscolos sancionados puedan quedar por debajo de ellos en competencia, experiencia y capacidad de trabajo. Los concejales amenazados llevan dos a?os y medio al frente de sus responsabilidades. Ser¨ªa una broma pesada que fueran obligados a dejar su labor interrumpida y ocuparan sus puestos, para desempe?arlos hasta marzo de 1983, unos candidatos elegidos, no por sus conocimientos urban¨ªsticos o municipales, sino por su acierto en coincidir con la direcci¨®n del PCE en la pol¨¦mica sobre Euskadiko Ezkerra. El inter¨¦s p¨²blico debe primar -pensamos- en estos casos sobre la disciplina interna de los partidos.
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