Los vecinos de 13 pueblos leoneses se niegan a enviar a sus hijos a clase por miedo al transporte escolar

El reparto de las rutas de transporte escolar entre las empresas del sector, l¨ªneas regulares de viajeros, por un lado, y discrecionales, por otro, ha provocado las protestas de, al menos, trece pueblos de la provincia de Le¨®n, cuyos vecinos protagonizaron la pasada semana un plante contra las primeras, al negarse a enviar a sus hijos al colegio por razones de seguridad, influidos, sin duda, por los numerosos accidentes de autobuses dedicados al transporte escolar. El conflicto tiene su origen en los cambios de titularidad de varias contratas contra la opini¨®n de los pueblos afectados, mientras diferentes empresas se disputan los casi doscientos millones de pesetas presupuestados por el Ministerio de Educaci¨®n para este tipo de transporte.

La pol¨¦mica se sit¨²a en un centro comarcal de educaci¨®n general b¨¢sica (EGB) de La Ba?eza, a unos 45 kil¨®metros de Le¨®n, en el que, el Ministerio de Educaci¨®n ha agrupado a los alumnos de una treintena de escuelas unitarias que anteriormente atend¨ªan a 44 pueblos y 13 ayuntamientos, en un radio de unos diez kil¨®metros. El centro, que hab¨ªa sido construido en 1978, no pudo ser inaugurado hasta hace dos meses por no contar, entre otras cosas, con redes de alcantarillado y de abastecimiento de aguas, servicios cuya financiaci¨®n corri¨® a cargo de los ayuntamientos de la zona.Todav¨ªa hoy el edificio carece de accesos asfaltados y de tel¨¦fono para casos de emergencia, a pesar de contar con 550 alumnos. La protesta de los vecinos se inici¨® el lunes de la pasada semana, cuando el Ministerio de Transportes retir¨® la concesi¨®n de tres l¨ªneas escolares a las empresas que ven¨ªan haciendo el servicio desde el comienzo del curso, para entregarlas posteriormente a las que controlan las l¨ªneas regulares de viajeros. Todas ellas hab¨ªan concurrido previamente a un concurso p¨²blico, en el que las primeras ofertaron las condiciones m¨¢s ventajosas. A pesar de ello, les fue revocado el contrato al ejercer las segundas el llamado derecho de tanteo, que les permite hacerse cargo autom¨¢ticamente de las concesiones rebajando los precios.

Seg¨²n datos facilitados por la Delegaci¨®n Provincial de Educaci¨®n, el n¨²mero de ni?os que dejaron de acudir a clase entre el lunes y el viernes fue de 178, pertenecientes a los pueblos de Santib¨¢?ez y Santa Mar¨ªa de la Isla, San Mam¨¦s, Santa Colomba, Villazala, Santa Marinica, Requejo, Regueras de Abajo y Regueras de Arriba, Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Herreros y Tabuyuelo. En algunos.casos, los vecinos optaron por enviar a sus hijos en autom¨®viles particulares, y a la hora del regreso de los escolares se escapaban, seg¨²n confesi¨®n de sus padres, para evitar ser recogidos a la puerta del colegio por los autobuses oficiales.

En las carreteras de algunos pueblos aparecieron carteles, pintadas y pancartas, firmadas por los propios alumnos, para reclamar que las l¨ªneas fueran devueltas a los primeros adjudicatarios.

Ni?os por las carreteras

Cuando el viernes, ¨²ltimo d¨ªa lectivo de la semana, las autoridades acad¨¦micas aseguraban que el conflicto hab¨ªa quedado resuelto y que los pueblos hab¨ªan aceptado el cambio de contratas dictado por la Delegaci¨®n provincial de Transportes, EL PAIS fue testigo de una denuncia presentada por un conductor en el cuartel de la Guardia Civil de La Ba?eza, donde declar¨® que su empresa, tambi¨¦n retirada del transporte escolar, hab¨ªa recibido a media ma?ana una llamada urgente del Ministerio de Educaci¨®n en la que ped¨ªa que recogiera de las plazas y carreteras a los ni?os que horas antes deber¨ªan, haber llegado al colegio.El conductor manifest¨® que hab¨ªa podido transportar s¨®lo a una parte de los alumnos de los que hab¨ªa encontrado por el camino, en contradicci¨®n de las ¨®rdenes de la delegaci¨®n de Transportes, y que otros hab¨ªan regresado a sus casas o se hab¨ªan trasladado andando m¨¢s de cuatro kil¨®metros hasta el centro escolar: se trataba de una nueva l¨ªnea en conflicto que afectaba a las localidades de San Esteban de Nogales, Castrocalb¨®n y Jim¨¦nez de Jamuz.

Para algunos presidentes de juntas vecinales, como Amador Migu¨¦lez, de Santib¨¢?ez de la Isla, la protesta de los pueblos tiene un doble argumento: por una parte, el deficiente servicio que las empresas de l¨ªneas regulares vienen prestando en las ¨¢reas rurales, lo que ha dado lugar a frecuentes, aunque leves, accidentes: por otra, las mayores garant¨ªas en cuanto a seguridad y trato humano que ofrecen las peque?as empresas dedicadas al transporte discrecional, cuyos propietarios son, en su mayor parte, trabajadores aut¨®nomos que conducen sus propios veh¨ªculos y cuidan directamente su clientela.

Tras se?alar que recientemente uno de los autobuses escolares qued¨® atrapado entre las barreras de un paso a nivel ferroviario en La Ba?eza, el mismo presidente manifest¨® a EL PAIS, que los vecinos, sin ser consultados para nada, han tenido que aceptar el cambio de las contratas como un hecho consumado, sin posibilidad legal alguna de recurrir contra las decisiones de la Administraci¨®n, aunque siguen apoyando incondicionalmente las reclamaciones presentadas por las peque?as empresas.

200 millones en juego

Tanto la direcci¨®n del colegio como la Delegaci¨®n Provincial de Educaci¨®n y Ciencia declinaron, a preguntas de este peri¨®dico, hacer una valoraci¨®n del conflicto, y se remitieron al Ministerio de Transportes.Por su parte, un portavoz de este ¨²ltimo se limit¨® a destacar el transfondo econ¨®mico de la pol¨¦mica: el transporte escolar, ?que antes no era negocio y por eso iba a las peque?as empresas?, reparte este a?o casi doscientos millones de pesetas en 115 rutas y 47 centros. Se calcula que una l¨ªnea de s¨®lo diez kil¨®metros proporciona a las empresas concesionarias unos ingresos de m¨¢s de 6.000 pesetas diarias en un solo viaje de ida y vuelta.

Para los responsables de la delegaci¨®n de Transportes, todo el problema se reduce a una cuesti¨®n legal, puesto que la actual normativa permite a las empresas de l¨ªneas regulares acceder a las contratas aun fuera de concurso con s¨®lo rebajar sus ofertas a los precios m¨ªnimos de cualquier adjudicaci¨®n oficial. En el mismo sentido se manifestaron a EL PAIS los empresarios de l¨ªneas regulares, quienes acusaron a los peque?os transportistas de ?tirar los precios? y manipular la protesta de los vecinos en su propio provecho.

Un portavoz de la citada delegaci¨®n se?al¨® tambi¨¦n que esta ?preferencia? a favor de los primeros tiene como objetivo compensar los d¨¦ficit de explotaci¨®n de las l¨ªneas de las zonas rurales.