Homenaje sospechoso

SEGUN LA oficina de Prensa del Consejo General del Poder Judicial, dos magistrados del Tribunal Supremo que aparec¨ªan como firmantes de la convocatoria de homenaje a Adolfo de Miguel niegan de plano esa supuesta adhesi¨®n y desconocen incluso la existencia de la Asociaci¨®n Cultural Afirmaci¨®n Espa?ola, organizadora de la cena. Aunque ese desmentido pod¨ªa haberse hecho p¨²blico de manera directa e inmediatamente despu¨¦s de que la lista de firmas apareciera en la ma?ana del d¨ªa 24 de noviembre en El Alc¨¢zar (sin necesidad de aguardar dos d¨ªas, de justificarlo en los comentarios publicados "en los medios de comunicaci¨®n" y de utilizar el veh¨ªculo indirecto de una oficina de Prensa institucional), la aclaraci¨®n de los magistrados Bernardo Castro y Mariano G¨®mez de Lia?o no puede ser sino bien recibida. La circunstancia de que ser¨ªa precisamente la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que eventualmente conociera el recurso contra la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar en el sumario por rebeli¨®n militar del 23 de febrero hubiera podido crear un conflicto moral y un incidente jur¨ªdico, dado que Adolfo de Miguel es defensor de dos de los acusados. Aun sin necesidad de que se hubiera llegado a la recusaci¨®n formal de estos jueces, la calidad de convocantes de ambos magistrados habr¨ªa creado nuevas tensiones.La convocatoria del homenaje, organizado por una asociaci¨®n desconocida, utiliza como percha 1a incorporaci¨®n al ejercicio de la abogac¨ªa" del jubilado Adolfo de Miguel. Ese acontecimiento tan importante se produjo hace casi dos a?os, y parece por eso un simple pretexto tras el que se esconde el motivo real del homenaje. La convocatoria, a nuestro juicio, no pretende tanto aplaudir elejemplo admirable de una vida entera consagrada al servicio de la justicia" como respaldar la decisi¨®n del ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de poner sus conocimientos al servicio de los acusados de rebeli¨®n militar.

Ser¨ªa injusto descartar la posibilidad de que la firma de algunos de los convocantes haya sido suplantada -como en el caso de los magistrados Castro y G¨®mez de Lia?o-, o que buena parte de los futuros asistentes se. muevan exclusiva o fundamentalmente por razones de amistad o de admiraci¨®n profesional. De otro lado, quienes simpatizan con Adolfo de Miguel por otras causas tienen igualmente todo el derecho a reunirse a cenar con el defensor de Juan Garc¨ªa Carr¨¦s y de Camilo Men¨¦ndez. El problema m¨¢s delicado se les puede plantear, sin embargo, a los magistrados, jueces y fiscales que firman esa convocatoria, ambigua, cuando menos, en sus planteamlentos, intenciones y significados, sobre todo si les corresponde aplicar, en el ¨¢mbito de una jurisdicci¨®n especializada, normas tan delicadas en su interpretaci¨®n como la ley Antiterrorista, la ley de Defensa de la Democracia y la ley de Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos de la Persona.

Los jueces y magistrados desempe?an en nuestro sistema democr¨¢tico uno de los tres poderes dentro de la separaci¨®n tradicional en un Estado de derecho. A diferencia de los miembros del poder legislativo, no son elegidos por los ciudadanos, posibilidad s¨®lo desarrollada en el sistema judicial anglosaj¨®n., A diferencia del poder ejecutivo, no dependen ni para su nombramiento, ni para su control, ni para su remoci¨®n, de las votaciones del Congreso. La creaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial ha sustra¨ªdo incluso al Gobierno pasadas competencias y ha transformado ese ¨®rgano en una especie de Ministerio de Justicia colegiado.

Sucede as¨ª que el tercer poder, objeto del t¨ªtulo VI de la Constituci¨®n, se halla en manos de esos "jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley", que "no podr¨¢n ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por algunas de las causas y con las garant¨ªas" previstas por las normas correspondientes y que forman un cuerpo de carrera al que se accede por oposiciones.

Por todo ello, incluso el propio Adolfo de Miguel ha puesto en guardia a sus simpatizantes con su libro Jaque a la justicia, contra los peligros de una politizaci¨®n de la justicia. Creemos que este jubilado juez comete un grave error al afirmar que en el pasado esa politizaci¨®n malsana no existi¨®, ya que sobran p'ruebas para sostener lo contrario. Resulta evidente adem¨¢s que el Poder Judicial aunque incompatible con un ejercicio de la justicia sesgado por los intereses part¨ªdistas y los prejuicios ideol¨®gicos, debe ser beligerante a la hora de defender la Constituci¨®n, aprobada por la mayor¨ªa de los espa?oles, y la legalidad que en ella se sustenta. Y a la inversa, cualquier hipot¨¦tico apoyo de magistrados y jueces a quienes trataron de subvertir el orden constitucional tiene que ser criticado y sancionado si procede.