La financiaci¨®n del transporte p¨²blico enfrenta a UCD y PSOE

Los grupos parlamentarios de UCD y PSOE votaron ayer desunidos, en el seno de la comisi¨®n de Hacienda del Congreso, el dictamen del proyecto de ley de financiaci¨®n del transporte p¨²blico colectivo urbano de superficie, pese a que fue inclu¨ªdo dentro del paquete de los pactos auton¨®micos firmados el pasado verano entre Gobierno, PSOE y UCD. La mayor¨ªa centrista se impuso al bloque formado por la izquierda, y la comisi¨®n de Hacienda dej¨® listo el texto del proyecto para que sea debatido en un pr¨®ximo Pleno del Congreso.

Enrique Sope?a, portavoz socialista en la Comisi¨®n, declar¨® a EL PAIS que su grupo vot¨® en contra porque UCD quiere convertir el proyecto en una ley electoral con el fin de poner a los ayuntamientos socialistas contra la pared de cara a las pr¨®ximas elecciones generales. Si prospera el proyecto, los grandes ayuntamientos con servicios p¨²blicos municipalizados, la mayor¨ªa de ellos en manos de la izquierda, se ver¨¢n obligados desde principios del pr¨®ximo a?o a subir las tarifas del transporte p¨²blico mediante una formula polin¨®mica que aprobar¨¢ el Gobierno, as¨ª como a cubrir gran parte del d¨¦ficit de las empresas gestoras con el nuevo "impuesto municipal para financiar el d¨¦ficit de los transportes p¨²blicos de superficie".Estos d¨¦ficit fueron pagados por los propios ayuntamientos con sus presupuestos ordinarios, pero en los ¨²ltimos a?os la v¨ªa ha resultado insuficiente y se han habilitado presupuestos extraordinarios de liquidaci¨®n de deudas con cargo a los Presupuestos del Estado. El objetivo de la ley, promovida por el ex alcalde de Madrid Jose Luis Alvarez, desde el Ministerio de Transportes, era impedir que paguen por otros los contribuyentes que no utilizan los transportes municipales.

El nuevo impuesto

El impuesto deber¨¢ ser aprobado por cada ayuntamiento con d¨¦ficit municipal dos meses despu¨¦s de entrar en vigor la ley. Su devengo coincidir¨¢ con el de la contribuci¨®n territorial urbana, y el tipo de gravamen podr¨¢ alcanzar hast¨¢ un 0,50% del valor catastral atribu¨ªdo a la vivienda o local destinado a actividades comerciales, industriales, de servicios o profesionales.Los socialistas entendieron, nada m¨¢s conocer el proyecto de ley, que buena parte de. los problemas del transporte municipal son heredados, y para impedir aumentos de la presi¨®n fiscal municipal lograron introducir medidas correctoras en los pactos auton¨®micos. La cl¨¢usula puesta ahora en cuesti¨®n decia: "Los ayuntamientos cuyas empresas de transporte p¨²blico colectivo urbano de superficie tengan d¨¦ficit, recibir¨¢n en pesetas corrientes, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en los a?os sucesivos, respecto al d¨¦ficit de 1980, los siguientes porcentajes: a?o 1980, 50%; a?o 1981, 40%; y a?o 1982, 15%".

Sin embargo, en el debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982, el Gobierno no incluy¨® los casi 15.000 millones de pesetas que, seg¨²n el PSOE, har¨ªan falta para cubrir lo pactado. El ministro de Administraci¨®n Territorial, Rodolfo Martin Villa, dijo entonces que el compromiso deber¨ªa ser cumplido despu¨¦s de aprobada la ley de financiaci¨®n del transporte.

Seg¨²n medios socialistas, el objetivo de este aplazamiento es el mismo que el de varias medidas adoptadas en los ¨²ltimos meses por el Gobierno: desacreditar la gesti¨®n de la izquierda en la campa?a para las pr¨®ximas elecciones generales. Entre dichas medidas figuran la demora de la ayudas para paliar la situaci¨®n econ¨®mico-financiera del Ayuntamiento de Barcelona, acorda das tambi¨¦n con motivo de lo pactos auton¨®micos, y dos obst¨¢culos puestos al Ayuntamiento de Madrid para que financie su inversiones de 1981 y 1982 con un cr¨¦dito internacional de cien millones de d¨®lares (casi 10.000 millones de pesetas).

Precisamente estos y otro problemas ser¨¢n abordados en una reuni¨®n que celebran, a partir de hoy, en Murcia los alcalde de la treintena de municipios espa?oles con m¨¢s de 150.000 ha bitantes, convocados por la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, que preside Pedro Aparicio, alcalde socialista de M¨¢laga. Pero en los citado medios del PSOE se registra escepticismo sobre la posibilidad de que UCD cambie de actitud.

Al explicar ayer en la Comisi¨®n de Hacienda del Congreso el voto de su grupo, Tom¨¦ Robla, portavoz de UCD, rechaz¨® las acusaciones socialistas de que hayan sido incumplidos los pactos Gobierno-UCD. Resalt¨® que los d¨¦ficit de los transportes municipalizados han aumentado considerablemente a partir de 1977 y han sido pagados por todos los contribuyentes a trav¨¦s de los presupuestos extraordinarios de liquidaci¨®n de deudas. En su opini¨®n, es l¨®gico que, antes de incluir las subvenciones en los presupuestos del Estado, el articulado de la ley en debate debe reconocer tales obligaciones.

Por su parte Enrique Sope?al portavoz del PSOE, afirm¨® que su grupo estaba a favor de la ley, pero ha votado en contra por los 15.000 millones de pesetas. Agreg¨® que el proyecto deber¨ªa haber sido debatido despu¨¦s de la pr¨®xima ley de bases de r¨¦gimen local y la del sistema tributario local, con las que puede entrar en contradicci¨®n y ser modificada. A estas leyes tambi¨¦n alcanzan los compromisos municipales firmados con motivo de la realizaci¨®n de los pactos auton¨®micos.

En Espa?a, seg¨²n datos del Ministerio de Transportes, hay 146 ciudades con transporte colectivo de superficie, que, salvo en tres (Malaga, Albacete y Cuenca), est¨¢ servido por una sola empresa. En total act¨²an 152 empresas, de ellas 137 privadas, doce municipalizadas y tres sociedades laborales. S¨®lo estas quince ¨²ltimas presentan d¨¦ficit de explotaci¨®n. El de las empresas municipales fue el a?o pasado de 12.148 millones de pesetas, y el de las laborales, de 777 millones. En cambio los privados reunieron un super¨¢vit de 439 millones de pesetas.

Las causas del d¨¦ficit de las empresas municipalizadas y laborales, que s¨®lo sirven a una cuarta parte de la poblaci¨®n espa?ola, son el exceso de plantillas (20% m¨¢s que las privadas, seg¨²n los datos oficiales), salarios m¨¢s altos (del 35% al 40% superiores a los de las empresas privadas) y menor productividad. En contraposici¨®n ¨¦stas empresas ofrecen menor antig¨¹edad de veh¨ªculos y mayor n¨²mero de ¨¦stos por habitante.