El Estatuto valenciano y la concertaci¨®n auton¨®mica

EL DESACUERDO de centristas y socialistas, en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso, a prop¨®sito del Estatuto valenciano, pone en graves aprietos la concertaci¨®n auton¨®mica rubricada el 31 de julio de 1981 por Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe Gonz¨¢lez. Aquellos pactos fueron presentados ante la opini¨®n p¨²blica como pol¨ªtica de Estado, y el presidente del Gobierno los ha incorporado, en lugar destacado, al escaso bagaje de ¨¦xitos de su gesti¨®n durante los ¨²ltimos diez meses.Los acuerdos, que inclu¨ªan el anteproyecto de la LOAPA, fueron firmados s¨®lo por el jefe del poder ejecutivo y el secretario general del PSOE. Los nacionalistas vascos y catalanes ni siquiera fueron invitados a las negociaciones, mientras que Alianza Popular y el PCE, presentes en las discusiones, fueron forzados a hacer mutis por el foro antes de que cayera el tel¨®n para dejar libre el escenario, como receptores ¨²nicos de la gloria y de los aplausos, a Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe Gonz¨¢lez. Quedaba as¨ª claramente establecido que la concertaci¨®n auton¨®mica era asunto de dos y que centristas y socialistas, abrumadoramente mayoritarios en las Cortes Generales, se dispon¨ªan a imponer en estas cuestiones su voluntad al resto de las fuerzas pol¨ªticas.

Esa estrategia tropezaba, sin embargo, con el serio obst¨¢culo de que UCD y PSOE no dispon¨ªan de la mayor¨ªa electoral indiscutible en el resto de Espa?a, en las dos comunidades aut¨®nomas ya en funcionamiento. Los acuerdos Gobierno-PSOE, especialmente el anteproyecto de la LOAPA, fueron contemplados, en consecuencia, con enorme recelo en Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco, cuyas instituciones de autogobierno est¨¢n presididas y dominadas por fuerzas nacionalistas. Porque, en efecto, los Estatutos de Sau y de Guernica, pactos de car¨¢cter pol¨ªtico e hist¨®rico refrendados en las urnas por los ciudadanos de ambas comunidades y aprobados casi por unanimidad por las Cortes Generales, no pueden, en estricto derecho, ser modificados sin una negociaci¨®n con las instituciones de autogobierno de esos territorios y sin nuevas consultas populares. As¨ª como la Constituci¨®n s¨®lo puede ser reformada mediante los procedimientos fijados en su articulado; as¨ª, los Estatutos catal¨¢n y vasco establecen tambi¨¦n en su propio texto los mecanismos de reforma, que exigen -salvo alteraciones menores- la celebraci¨®n de un nuevo refer¨¦ndum. A este respecto, la insistencia del Gobierno y del PSOE en que la LOAPA no recorta las competencias de Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco s¨®lo resultar¨¢ cre¨ªble cuando se sienten a negociar formalmente con la Generalidad y el Gobierno de Vitoria y cuando los Parlamentos catal¨¢n y vasco acepten esa interpretaci¨®n.

Ahora bien, los pactos de julio ofrec¨ªan, junto a esos aspectos criticables, una dimensi¨®n rotundamente positiva, que era la decisi¨®n conjunta del Gobierno y del PSOE de concertar sus estrategias a fin de no transformar el campo minado de las autonom¨ªas a¨²n pendientes en terreno de juego para maniobras irresponsables y argucias electoralistas. En julio de 1981, centristas y socialistas eran mayoritarios en toda Espa?a, con excepci¨®n del Pa¨ªs Vasco y Catalu?a. Aunque las elecciones al Parlamento gallego han desplazado en favor de Alianza Popular el anterior predominio de UCD en esa comunidad, y los comicios parciales al Senado mostraron el hundimiento centrista en Sevilla y Almer¨ªa, esas alteraciones del voto se han producido en territorios que disponen ya de estatutos de autonom¨ªa. De otro lado, en julio de 1981 todav¨ªa se pod¨ªa especular con el argumento de que Leopoldo Calvo Sotelo representaba al Gobierno pero no a UCD. El decreto de reunificaci¨®n de las dos presidencias en noviembre pasado ha puesto fin, sin embargo, a esa d¨¦bil ficci¨®n.

Las desavenencias de UCD y PSOE sobre el Estatuto valenciano revelan la fragilidad de unos acuerdos cuyo ¨²nico aspecto positivo era, precisamente, acabar con las pendencias entre centristas y socialistas a prop¨®sito de las autonom¨ªas pendientes. Porque ser¨ªa el colmo de la insensatez que los pactos de julio fueran incumplidos a la hora de establecer el cese de hostilidades entre UCD y PSOE all¨ª donde son mayoritarios, pero fueron aplicados, en cambio, a las instituciones de autogobierno en que centristas y socialistas son minoritarios. El encontronazo entre Fernando Abril y Alfonso Guerra ha evocado sus c¨¦lebres agarradas durante las Cortes constituyentes, m¨¢s parecidas a los combates de lucha libre en el viejo campo del Gas madrile?o, donde los contendientes simulaban en el cuadril¨¢tero odios y c¨®leras para impresionar a los espectadores que a un honesto debate pol¨ªtico. En esta ocasi¨®n, sin embargo, los rec¨ªprocos ataques, cuya pobreza de ingenio y exceso de sal gruesa los reducen a un simple torneo de improperios entre colegiales maleducados, ofrecen la novedad de que el presidente de la UCD valenciana no es ya el n¨²mero dos del Gobierno.

Tanto Fernando Abril como Alfonso Guerra han utilizado la pol¨¦mica sobre el Estatuto valenciano para hurgar en los problemas internos del partido rival. Seg¨²n el vicepresidente del PSOE, lo que Fernando Abril pretende en realidad es cortarle la hierba bajo los pies al presidente del Gobierno y torpedear los pactos de julio. En verdad resulta casi superrealista que Fernando Abril, enconado adversario de los acuerdos con Fraga en cuestiones de pol¨ªtica nacional, forme una pi?a con Alianza Popular para imponer, por una mayor¨ªa tan escasa en la Comisi¨®n como insostenible en el Pleno, sus criterios respecto al Estatuto valenciano. A su vez, el presidente de UCD en Valencia fija como causa secreta del acuerdo las luchas internas dentro del PSOE y la incapacidad de la direcci¨®n socialista para imponer la disciplina a la corriente nacionalista valenciana.

El contenido emocional y el car¨¢cter simb¨®lico de las cuestiones debatidas se prestan a una mala soluci¨®n racional de la disputa. En cualquier caso, la b¨²squeda de una denominaci¨®n oficial neutra -como comunidad aut¨®noma valenciana- y la aceptaci¨®n del uso indistinto de las expresiones Reino de Valencia y Pa¨ªs Valenciano para menciones que no sean administrativas tal vez permitieran un arreglo sin vencedores ni vencidos. Tampoco parece imposible un arreglo sensato para distinguir las banderas valenciana y catalana -ambas cuatribarradas- sin herir los sentimientos de nadie. En lo que respecta al idioma, lo ¨²nico seguro es que la pol¨ªtica no debe prevalecer sobre la ling¨¹¨ªstica. A nadie se le ocurre llamar lengua argentina o lengua mexicana a las variantes del castellano en esos pa¨ªses. Y nadie en su sano juicio pone en duda que las hablas de Catalu?a, Valencia y Baleares son variantes de un romance que se diferencia estructuralmente de otros herederos del lat¨ªn, como son el castellano y el gallego. Pretender que existe una lengua valenciana tan diferente a la lengua catalana como de la lengua castellana es un simple dislate.

La pol¨ªtica est¨¢ obligada a mediar en los conflictos, pero no puede transformar variantes de una misma lengua en lenguas diferentes. En cualquier caso, los firmantes de los pactos de julio tienen la palabra. Porque, dada la situaci¨®n, s¨®lo Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe Gonz¨¢lez pueden zanjar satisfactoriamente este asunto.