La empresa p¨²blica en Espa?a: ese oscuro objeto del desgobierno

La empresa p¨²blica espa?ola atraviesa por uno de los per¨ªodos m¨¢s cr¨ªticos de su no larga pero s¨ª muy accidentada historia. Es patente que se encuentra sometida a un descr¨¦dito generalizado, poni¨¦ndose incluso en duda su papel como instrumento de pol¨ªtica econ¨®mica capaz de contrarrestar algunas dificultades de la crisis econ¨®mica o de contribuir a mejorar la distribuci¨®n de la renta. Es m¨¢s: se llega a un punto en que la empresa p¨²blica aparece como un pesado lastre para afrontar una reconversi¨®n industrial de cuya urgente necesidad nadie se permite dudar.

Dos direcciones fundamentales est¨¢n presentes en la evoluci¨®n m¨¢s reciente. En primer lugar, la empresa p¨²blica parece destinada a acumular cuantiosos d¨¦ficit que se multiplican en los ¨²ltimos a?os: tales son los casos de Renfe, que de tener unas p¨¦rdidas de 46.000 millones de pesetas en 1979 ha pasado a 64.431 millones de pesetas en 1980; de Hunosa, cuyas p¨¦rdidas se elevaron a 18.990 millones de pesetas en 1979 y a 18.395 millones de pesetas en 1980; de Seat: 15.090 millones de pesetas en 1979 y 20.544 millones de pesetas en 1980; de Ensidesa (15.624 millones de pesetas de p¨¦rdidas en 1980), de Astilleros Espa?oles (17.000 millones de pesetas de p¨¦rdidas en 1980), de Altos Hornos del Mediterr¨¢neo (7.794 millones de pesetas en 1980), de Iberia (6.683 millones de pesetas de p¨¦rdidas en 1980), por poner s¨®lo algunos ejemplos llamativos.Baste a?adir que las empresas del INI, en su conjunto, suman 67.650 millones de pesetas de p¨¦rdidas en 1979 y 82.707 millones de pesetas en 1980, p¨¦rdidas que no registran toda la gravedad de la situaci¨®n, sobre todo si se tiene en cuenta las reducidas -y en algunos casos rid¨ªculas- cifras que los balances del INI atribuyen a las amortizaciones o reposiciones de capital. Especialmente significativos en la siderurgia, la miner¨ªa y la construcci¨®n naval, donde las amortizaciones apenas cubren el 3% o el 4% de los activos inmovilizados no financieros.

Renuncia al protagonismo

En segundo lugar, la empresa p¨²blica no s¨®lo acumula p¨¦rdidas, sino que, paralelamente, ha renunciado a cualquier protagonismo en el futuro de la econom¨ªa espa?ola o en el desenlace de la crisis. Basta una simple referencia a la distribuci¨®n de las inversiones del INI en el per¨ªodo 1976-1979- para comprobar hasta qu¨¦ punto se est¨¢ produciendo esa dejaci¨®n. A excepci¨®n del sector energ¨¦tico, que concentra importantes. inversiones -pero ya al margen de su competencia-, el INI ha destinado s¨®lo el 0,5%. de sus inversiones directas a tecnolog¨ªa e inform¨¢tica; el 3,2%, a miner¨ªa; el 1,1%, a alimentaci¨®n; el 1,5%, al sector qu¨ªmico.

Actividades, todas ellas, que, en su mayor¨ªa, forman, parte de los sectores de futuro en donde deber¨¢n concentrarse las principales decisiones econ¨®micas, de las que el INI -siempre perdedor- va a quedar pr¨¢cticamente, descolgado, sin posibilidad de hacer frente al desaf¨ªo tecnol¨®gico o simplemente participar.

En la gestaci¨®n de estos desprop¨®sitos, la ineptitud y la incompetencia no han sido ajenas en ocasiones al interesado objetivo de arrinconar en la trastienda de la econom¨ªa espa?ola a la empresa p¨²blica. Numerosos hechos podr¨ªan apuntarse al respecto. Primero, la reiterada incapacidad del Gobierno para aprobar un estatuto de la empresa p¨²blica, a pesar, de los m¨²ltiples compromisos adquiridos desde 1977.

Incumplimientos deliberados, es presumible, porque, con un estatuto de la empresa p¨²blica en vigor, el Gobierno se ver¨ªa obligado a proponer y discutir determinados criterios en relaci¨®n al ¨¢mbito de actuaci¨®n de la empresa p¨²blica, a la descentralizaci¨®n de sus actividades, a la regionalizaci¨®n de sus inversiones, al r¨¦gimen de incompatibilidades y, sobre todo, estar¨ªa obligado a admitir un control m¨¢s riguroso.

Es tambi¨¦n necesaria la referencia a la estrategia seguida en la adquisici¨®n de participaciones y absorci¨®n de activos que tanto ha contribuido a acentuar ese end¨¦mico car¨¢cter de asilo de empresas desahuciadas que presenta el INI: entre otros ejemplos, cabe recordar, desde 1976, la adquisici¨®n total o parcial del grupo de empresas Alvarez -Geasa-, de Hijos de Barrera, SA; de Astilleros de Cartagena, SA; de la Sociedad de Porcelanas de, Vigo; de Altos Hornos del Mediterr¨¢neo; de Almirall, SA; de Textil Tarazona, SA; de Ibero Tanagra, SA; de Equipos Electr¨®nicos, SA; as¨ª como la inefable compra del hotel Sarri¨¢, de Barcelona, sobre el que pesaba, sentencia de demolici¨®n del Tribunal Supremo. Ni siquiera en la designaci¨®n de altos cargos y dirigentes de las empresas p¨²blicas se observan cambios, en viejas pr¨¢cticas rechazables. El anunciado cese del presidente del Banco Hipotecario, por su vinculaci¨®n al grupo de Fern¨¢ndez Ord¨®fiez, no es una simple an¨¦cdota, sino un dato bien clarificador de hasta qu¨¦ punto son pautas de favoritismo pol¨ªtico y venganza personal, y no de responsabilidad en la gesti¨®n econ¨®mica, las que se siguen en la designaci¨®n o cese de los dirigentes de las empresas p¨²blicas.

Prima de fidelidad en la elecci¨®n de cargos

As¨ª, son todav¨ªa numerosos los pol¨ªticos que encuentran en la empresa p¨²blica una prima de fidelidad o un premio de consolidaci¨®n, como en el caso lamentable de Sancho Rof, uno de los ministros de la colza.

En definitiva, ni del examen de sus balances ni de la estrategia desplegada en la adquisici¨®n y participaci¨®n en empresas y actividades econ¨®micas, ni de la distribuci¨®n de sus inversiones, ni de la designaci¨®n de altos cargos y dirigentes se desprende la m¨¢s m¨ªnima prueba de que la empresa p¨²blica ha entrado en el proceso de reformas que requer¨ªa, por una parte, la crisis econ¨®mica y, por otra, el r¨¦gimen democr¨¢tico.

Al contrario, la empresa p¨²blica ha visto acentuarse en los ¨²ltimos a?os todas las servidumbres y limitaciones que tradicionalmente la han caracterizado. De manera especial, el INI. ha seguido viviendo una existencia mutilada y frustrada, subordinada a los intereses de diferentes grupos privados. A la hora de establecer ?responsabilidades est¨¢ claro que al Gobierno le corresponde asumir el mayor peso de la carga; pero seria ingenuo omitir las de dirigentes y, en alg¨²n caso, las de los propios trabajadores, o las de alg¨²n sindicato, que todav¨ªa no han comprendido que la sociedad no puede seguir manteniendo por m¨¢s tiempo operaciones ruinosas o proyectos inviables carentes de la m¨¢s m¨ªnima rentabilidad.

Dilucidar esas responsabilidades requerir¨ªa un amplio debate pero, en cualquier caso, lo que no ofrece dudas es la urgente necesidad de abordar un plan general de soluciones para la empresa p¨²blica, un nuevo modelo de participaci¨®n social y p¨²blica en la actividad econ¨®mica que permita hacer un uso racional de un instrumento potencialmente v¨¢lido para desplegar un amplio abanico de acciones al servicio de la comunidad.