UCD y PSOE mantienen sus diferencias sobre la libertad para la creaci¨®n de nuevas universidades

El art¨ªculo 5 del proyecto de Ley de Autonom¨ªa Universitaria (LAU), relativo a la libertad de creaci¨®n de centros docentes y dictaminado ayer por la comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso, con el voto en contra del grupo socialista, no ha quebrantado el pacto global entre UCD y PSOE aunque ha puesto de manifiesto la radical diferencia que ambos partidos mantienen en su concepci¨®n de la Universidad, a pesar de la aparente solidez del pacto que, muy probablemente, va a permitir la aprobaci¨®n definitiva de esta conflictiva ley. Las divergencias entre centristas y socialistas tambi¨¦n surgieron al abordar el art¨ªculo 14, que alude a la financiaci¨®n de las universidades privadas.

En el primer d¨ªa de sesiones de esta nueva fase en la larga tramitaci¨®n de la ley se hab¨ªa puesto de manifiesto la ambig¨¹edad de la f¨®rmula con que las dos mayor¨ªas parlamentarias hab¨ªan resuelto la vieja cuesti¨®n de la Universidad como servicio p¨²blico, con el a?adido "en los t¨¦rminos establecidos por la presente ley". La diferente interpretaci¨®n que ambos grupos hacen de la libertad de creaci¨®n de centros, contenida en el art¨ªculo 27.6 de la Constituci¨®n y que constituye precisamente el objetivo del art¨ªculo 5 de la LAU, aclara definitivamente el dispar sentido que los legisladores de UCD y del PSOE dan a aquel extra?o a?adido.El grupo parlamentario centrista obtuvo ayer la mayor¨ªa necesaria para que prosperase una redacci¨®n que extiende aquella libertad constitucional de creaci¨®n de centros docentes hasta la posibilidad de crear universidades. Pero los socialistas, que admiten que tal libertad de creaci¨®n puede ser referida a centros docentes de ense?anza superior, no est¨¢n dispuestos a aceptar que ¨¦sto implique necesariamente la libertad para creaci¨®n de universidades en estricto sentido. El PSOE pone este argumento en coherencia con su concepci¨®n de la Universidad como servicio p¨²blico cuando razona, por ejemplo, que la expedici¨®n de t¨ªtulos es una competencia exclusiva del Estado, que s¨®lo puede ser atribuida a los entes privados por delegaci¨®n.

Pol¨¦mica coalici¨®n

No obstante, el debate sobre este art¨ªculo no ha abierto ninguna laguna insuperable en el consenso alcanzado con anterioridad por UCD y el PSOE, que parece mucho m¨¢s firme de lo que se pensaba en un primer momento. Consenso que el portavoz centrista, Juan Antonio G¨®mez Angulo, no acepta que se defina como nueva coalici¨®n, tal y como pertinazmente se empe?a en calificarlo el ex centrista D¨ªaz Pin¨¦s. G¨®mez Angulo, en efecto, le pidi¨® ayer expresamente al ahora diputado de CD "que no vuelva a referirse a nueva coalici¨®n, porque la ¨²nica coalici¨®n es aquella a la que se ha adherido dicho diputado", una coalici¨®n que el portavoz centrista apostill¨® adem¨¢s con el adjetivo p¨¦trea.

La diputada comunista Eulalia Vintr¨® abund¨® en los argumentos socialistas contra la inclusi¨®n de la palabra universidades entre aquellas instituciones docentes susceptibles de ser creadas por promotores privados, en lo que ella entiende como una interpretaci¨®n abusiva del art¨ªculo 27.6 de la Constituci¨®n. Eulalia Vintr¨® rechaz¨® la acusaci¨®n de anticonstitucional que se hab¨ªa dado a una enmienda suya en la l¨ªnea de la mantenida por los socialistas, que, seg¨²n dijo, "lo que pretende es precisar las condiciones que debe reunir una universidad para ser creada por personas o entidades privadas".

UCEI consigui¨® el dictamen favorable para su redacci¨®n con el apoyo de CD y de las minor¨ªas Vasca y Catalana.

El problema del idioma en las comunidades aut¨®nomas

Esta ¨²ltima, representada por el diputado Carles Gas¨®liba obtuvo ayer un ¨¦xito muy significativo al conseguir de centristas y socialistas la supresi¨®n del art¨ªculo 8, cuyas diferentes redacciones desde la del primitivo proyecto del Gobierno han contado siempre con la radical oposici¨®n de las nacionalidades hist¨®ricas con lengua propia.

El texto suprimido dec¨ªa: "Todo universitario tiene derecho a expresarse a su elecci¨®n en la lengua oficial del Estado o en la propia de la comunidad aut¨®noma en que radique la Universidad. En todo caso los poderes p¨²blicos y las autoridades acad¨¦micas garantizar¨¢n la no discriminaci¨®n en raz¨®n de dicha elecci¨®n".

Gas¨®liba (Minor¨ªa Catalana), Aguirre (Grupo Vasco), Bandr¨¦s (Grupo Mixto) y Eulalia Vintr¨® (diputada del grupo, comunista, por Catalu?a) coincid¨ªan en pedir la supresi¨®n o, en el peor de los casos, modificar el segundo punto de esta redacci¨®n en el sentido de suprimir la referencia a los poderes p¨²blicos y de darle una forma m¨¢s positiva, que no hablase de garantizar la "no discriminaci¨®n" sino "la efectividad del derecho" a que se alude en dicho art¨ªculo.

Gesto de buena voluntad hacia la Minor¨ªa Catalana

Curiosamente, los grupos mayoritarios estaban dispuestos a aceptar esta redacci¨®n, pero en el momento de ir a votar el presidente de la comisi¨®n, el centrista Miguel Dur¨¢n, suspendi¨® por unos momentos la sesi¨®n, durante los cuales los dos grupos mayoritarios se pusieron de acuerdo para votar favorablemente la supresi¨®n solicitada por los catalanes y reservarse, en calidad de voto particular, la posibilidad de defensa ante el Pleno del mantenimiento del texto o la redacci¨®n solicitada por los otros grupos.

La decisi¨®n de UCD y del PSOE se interpretaba en los pasillos como un gesto de buena voluntad hacia la Minor¨ªa Catalana al que quiz¨¢ ¨¦sta podr¨ªa corresponder adoptando una posici¨®n m¨¢s flexible hacia la totalidad del proyecto pactado.

Los diputados consumieron la mayor parte de la sesi¨®n de la ma?ana en el debate de los art¨ªculos 5 y 8. El resto de los art¨ªculos aprobados se refiere a todas las instancias p¨²blicas a las cuales compete velar por el buen funcionamiento de las universidades (art¨ªculo 3.2); a la definici¨®n de las libertades acad¨¦micas de c¨¢tedra y de estudio (art¨ªculo 4); a la organizaci¨®n que asegure la participaci¨®n en su gobierno de la sociedad y de los diferentes sectores de la universidad (art¨ªculo 6), y a la definici¨®n de los aspectos que abarca el concepto de autonom¨ªa de la universidad (art¨ªculo 7).

La financiaci¨®n

Otro art¨ªculo que result¨® conflictivo, este en la sesi¨®n de tarde, fue el 14. Los socialistas votaron con los comunistas en contra del texto que se limita a establecer que "el reconocimiento de una universidad privada no implica la concesi¨®n de subvenciones econ¨®micas con cargo a los presupuestos generales del Estado ni de los fondos p¨²blicos de la comunidad aut¨®noma". Tanto el socialista Cristobal Montes como la comunista Eulalia Vintr¨® mantuvieron que era preciso declarar en la LAU que solo ser¨¢ posible la subvenci¨®n estatal de las universidades privadas cuando est¨¦ garantizada la suficiencia econ¨®mica de las universidades p¨²blicas.

Por el grupo centrista , Arturo Moya defendi¨® el tratamiento dado a la creaci¨®n de universidades privadas , sin privilegios, seg¨²n dijo, pero con absoluto respeto a la libertad de ense?anza que abandera UCD".

En el debate de los art¨ªculos 13 y 14, comunistas y socialistas se opusieron a las competencias que el proyecto atribuye al Consejo de Universidades sobre las comunidades aut¨®nomas. Con la aprobaci¨®n de estos art¨ªculos seg¨²n la redacci¨®n apoyada por UCD, la Comisi¨®n de Educaci¨®n aplaz¨® el debate de este proyecto de ley hasta el mi¨¦rcoles pr¨®ximo.