Otra vez la LAU

LA COMISION de Educaci¨®n del Congreso reanud¨® el mi¨¦rcoles la discusi¨®n del proyecto de ley de Autonom¨ªa Universitaria, pele a que una versi¨®n anterior de su articulado fue ya debidamente dictaminada en diciembre de 1980 y s¨®lo precisaba para su definitiva aprobaci¨®n en la C¨¢mara baja la votaci¨®n del pleno correspondiente. La dimisi¨®n de Adolfo Su¨¢rez, el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno y el cese de Luis Gonz¨¢lez Seara al frente del Ministerio de Universidades (departamento absorbido en febrero de 1981 por el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia) interrumpieron el normal desarrollo del proceso legislativo. La sorprendente devoluci¨®n al tr¨¢mite previo de ponencia de un proyecto de ley ya dictaminado por la comisi¨®n encontr¨® probablemente agarraderas formales en el reglamento de la c¨¢mara, pero constituy¨® una medida ins¨®lita y dif¨ªcilmente aceptable en t¨¦rminos pol¨ªticos. La explicaci¨®n oficiosa dada por el nuevo Gobierno y por el PSOE para justificar ese irregular brinco hacia atr¨¢s fue que buena parte del grupo parlamentario centrista, pastoreado en aquel tiempo por Miguel Herrero, se negaba en redondo a entregar sus votos afirmativos al proyecto de ley.La LAU naci¨® con mal pie. El rechazo de su texto por la izquierda parlamentaria ha quedado indirectamente asociado a la muerte -en circunstancias tan oscuras que dieron lugar a la apertura de un sumario judicial de dos j¨®venes en la glorieta de Embajadores de Madrid durante el crispado oto?o de 1979, pese a que la manifestaci¨®n autorizada en que se enmarc¨® ese hecho expresaba la protesta del PCE y de Comisiones Obreras contra el Estatuto de los Trabajadores. Posteriormente, el PSOE cambiar¨ªa su intransigente postura inicial por la actitud m¨¢s flexible de negociar con el Gobierno el contenido de la norma, que necesita, por su car¨¢cter de ley org¨¢nica, la mayor¨ªa absoluta de ambas c¨¢maras. Sin embargo, el llamado sector cr¨ªtico de UCD, que utiliz¨® la LAU como arma arrojadiza contra la corriente socialdem¨®crata y como se?uelo para ganarse las simpat¨ªas de la Iglesia -interesada en conseguir la financiaci¨®n: gratuita de sus centros de ense?anza superior- y del corporativismo acad¨¦mico, gan¨® la partida a los centristas m¨¢s flexibles y menos oportunistas. El resultado fue la defenestraci¨®n del Gobierno no s¨®lo de Luis Gonz¨¢lez Seara sino tambi¨¦n de Juan Antonio Ortega, ministro de filiaci¨®n democristiana que pact¨® con el PSOE, en la primavera de 198 1, la devoluci¨®n del proyecto de ley a la ponencia y negoci¨® posteriormente con el portavoz socialista, en un clima de reserva y discreci¨®n, la modificaci¨®n de aquellas partes del texto que hab¨ªan sido m¨¢s severamente criticadas por los exaltados moderados de los que era portavoz y gu¨ªa Miguel Herrero. El desasosiego suscitado en medios socialistas por algunos aspectos de esos acuerdos pudo ser luego remediado mediante rectificaciones de la ponencia por v¨ªa de erratas y presumibles negociaciones complementarias. Pese a que Juan Antonio Ortega se comprometi¨® p¨²blicamente en la solemne apertura del curso acad¨¦mico de la Universidad Complutense, en presencia del Rey, a llevar a puerto el discutido y pol¨¦mico proyecto, su desaparici¨®n del Gobierno en el pasado diciembre.

El nuevo ministro de Educaci¨®n, Federico Mayor Zaragoza, a quien los augures consideranl lamado a los m¨¢s altos destinos, ha desafiado los maleficios asociados a la LAU, formidable ingenio capaz de tumbar a dos ministros y escindir al grupo parlamentario centrista, y se dispone a defender el proyecto en la comisi¨®n y en el pleno. Dada la postura del PCE, que parece propenso a abandonar el principio del mal menor para acogerse a los presuntos beneficios electorales del testimonialismo, la oposici¨®n de las minor¨ªas catalana y vasca, que consideran que la autonom¨ªa universitaria de la LAU viola la autonom¨ªa territorial establecida en los estatutos de Sau y de Guernica, y la estrecha vinculaci¨®n con el proyecto inicial de Gonz¨¢lez Seara de los diez diputados socialdem¨®cratas recientemente escindidos de UCD, resulta aritm¨¦ticamente evidente que s¨®lo el acuerdo del Gobierno con el PSOE puede hacer factible la aprobaci¨®n de esa norma org¨¢nica. La alianza del poder ejecutivo con el grupo capitaneado por Manuel Fraga no bastar¨ªa para sacar adelante la LAU, y tampoco parece probable una negociaci¨®n complementaria de ¨²ltima hora con las minor¨ªas nacionalistas para conseguir sus votos a cambio de la satisfacci¨®n de sus peticiones. Al Gobierno no le queda, as¨ª pues, m¨¢s salida que unir sus fuerzas con el PSOE, como se ha visto en las primeras sesiones de la comisi¨®n de Educaci¨®n, cuyos votos compensar¨ªan sobradamente las defecciones originadas por una eventual emboscada parlamentaria de los moderados que no han seguido a Miguel Herrero en su vadeamiento del mar Rojo.

Aunque lo sensato ser¨ªa suponer que el pacto UCDPSOE va a funcionar hasta en sus m¨¢s peque?os detalles a fin de evitar estridencias y conflictos en una situaci¨®n parlamentaria tan inestable y delicada como la actual, abierta al riesgo de una disoluci¨®n de las Cortes Generales, la experiencia de esta legislatura? impide excluir la posibilidad de que la comisi¨®n de Educaci¨®n o el pleno del Congreso sean nuevos escenario de pol¨¦micas in¨²tiles entre centristas y socialistas, que en ¨²ltimo caso s¨®lo conducir¨ªa a la retirada del proyecto hasta la pr¨®xima legislatura o el pretexto para convocar esas elecciones generales que nadie desea pero que algunos necesitan, para su propia supervivencia pol¨ªtica.