La LOAPA y el calendado legislativo

SOLO EL ofuscam.lento puede explicar -fuera de otras desagradables conjeturas- la insistencia del Gobierno y del PSOE en dar prioridad parlamentaria al proyecto de ley org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA), pasando por encima de la oposici¨®n de la Generalidad y del Parlamento de Catalu?a y de las instituciones de autogobierno del Pa¨ªs Vasco y concediendo a su tramiteici¨®n unos acentos de urgencia e imperiosidad que resultan exagerados. Casi todo el mundo est¨¢ de acuerdo en que UCD y PSOE deben a la sociedad espa?ola una rectificaci¨®n sustancial de sus anteriores estrategias auton¨®micas all¨ª donde los resultados de las urnas les convierten en los ¨¢rbitros de la situaci¨®n y se hallan pendientes de elaboraci¨®n o aprobaci¨®n los estatutos de autonom¨ªa. No parece, sin embargo, que centristas y socialistas tengan autoridad pol¨ªtica y argumentos legales para alterir unilateralmente los ¨¢mbitos y los contenidos de las corripetencias de que d¨ªsponen los reg¨ªmenes auton¨®micos ya en funcionamiento.La circunstancia de que los estatutos de Sau y de Guernica quedaran aprobados por las Cortes Generales casi por unanimidad durante esta misma legislatura despoja de seriedad al proyecto ae que sean los mismos diputados y senadores centristas y socialistas quienes ahora dijeran Diego donde antes hab¨ªan dicho digo. El argumento de que UCD y PSOE, aliados, disponen de una sobrada rrlayor¨ªa en ambas c¨¢maras para imponer su voluntad coriculca probablemente la legalidad constitucional. De un lado, no termina de entenderse bien la raz¨®n por la que los socialistas condenaron, durante la etapa constituyente, los acuerdos entre UCD y Alianza Popular, consider¨¢ndolos fruto esp¨²reo de la mayor¨ªa aritm¨¦tica, y saludan alborozados esa nueva mayor¨ªa, no menos aritm¨¦tica, que trata de imponer sus decisiones a las minor¨ªas. Pero m¨¢s grave es que la alteraci¨®n de los estatutos de autonom¨ªa, a menos que se procediera a una previa refornia constitucional de, t¨ªtulo VIII, s¨®lo puede realizarse seg¨²n los procedimientos de reforma que establecen en su articulado los textos estatut¨¢rios y que implican, saijo aspectos menores, la celebraci¨®n de un nuevo refer¨¦ndum.

La LOAPA no deber¨ªa ser dictaminada en comisi¨®n ni discutida en el pleno en esta legislatura, a menos que los grupos pol¨ªticos mantenidos hasta ahora al margen de la negociaci¨®n intervinieran en la elaboraci¨®n del anteproyecto y dieran su acuerdo a los puntos conflictivos. La minor¨ªa catalana en el Congreso es el partido hegem¨®nico en el Parlamento catal¨¢n y la formaci¨®n pol¨ªtica que gobierna la Generalidad. El PNV no s¨®lo forma grupo aut¨®nomo en la C¨¢mara baja, sino que controla las instituciones de autogobierno del Pa¨ªs Vasco. Alianza Popular gan¨® brillantemente las elecciones al Parlamento gallego y preside la Xunta. Resulta casi grotesco que los tres grupos parlarnentarios con responsabilidad de poder en las tres comunidades aut¨®nomas en funcionamiento no s¨®lo sean mantenidos al margen de las negociaciones en torno a la LOAPA, sino que se pretenda imponerles esa normativa mediante esa ley de las mayor¨ªas aritm¨¦ticas contra la que el PSOE se insubordin¨® durante la elaboraci¨®n del proyecto constitucional. Los estatutos de autonom¨ªa ya aprobados, que necesitaron un refer¨¦ndum popular para entrar en vigor, son algo m¨¢s que una ley parlamentaria, aunque sean algo menos que un art¨ªculo de la Constituci¨®n.

Mientras que la LOAPA no desarrolla ning¨²n mandato constitucional, en la lista de espera del Congreso aguardan otras muchas leyes, la mayor¨ªa de car¨¢cter org¨¢nico, que ya deber¨ªan haber sido elaboradas y discutidas por los diputados. La simple lectura de la disposici¨®n transitoria octava y de los art¨ªculos 68 y 69 de la Constituci¨®n muestra que los parlamentarios de esta segunda legislatura han incumplido un mandato constitucional tan urgente e ineludible como la aprobaci¨®n de una nueva ley electoral. Otras normas tan im' portantes para la estructura del Estado o tan convenientes para las libertades ciudadanas como la ley org¨¢nica del Poder Judicial, la ley org¨¢nica del C¨®digo Penal, la ley org¨¢nica de la Funci¨®n P¨²blica, la ley de Jurados, la ley de Emigraci¨®n o la ley sobre Derecho de Asilo podr¨ªan ocupar perfectamente Ios trabajos parlamentarios, para acelerar o iniciar, seg¨²n los casos, su tramitaci¨®n en lo que resta de legislatura.