Precios agrarios y crisis econ¨®mica

La negociaci¨®n en curso sobre precios agrarios sit¨²a de nuevo en el primer plano de la actualidad algunas inquietantes cuestiones de la agricultura espa?ola. De una agricultura que, despu¨¦s de haber registrado un profundo proceso de transformaci¨®n en el ¨²ltimo cuarto de siglo a instancias de los requerimientos del mercado de trabajo (con ca¨ªda de la poblaci¨®n activa agraria, mecanizaci¨®n intensa y aumento de la productividad) y del mercado de productos alimenticios (con reajuste de cultivos y producciones), es un sector que, ajuicio de los autores de este art¨ªculo, no s¨®lo se comporta en su conjunto como un sector inducido, sino que, en estos a?os de crisis econ¨®mica, est¨¢ soportando una carga comparativamente mayor que otras actividades econ¨®micas.

La pol¨ªtica de precios agrarios de los a?os m¨¢s recientes no es ajena a esa desigual distribuci¨®n de cargas. Es m¨¢s, existen suficientes pruebas para afirmar que, as¨ª como las alzas de precios agrarios durante otros per¨ªodos presionaron sobre las tensiones inflacionistas de la econom¨ªa espa?ola, en los ¨²ltimos tiempos la Administraci¨®n ha utilizado ese instrumento para obligar a la agricultura a asumir uno de los papeles protagonistas en la lucha contra la inflaci¨®n.En efecto, la pol¨ªtica de precios agrarios se ha endurecido, lo que ha contribuido decisivamente a moderar la tasa de inflaci¨®n. Son numerosos los datos que prueban estas afirmaciones. Es especialmente relevador el examen comparado del ¨ªndice general de precios al consumo y el de los precios percibidos por los agricultores. En el cuadro n¨²mero 1 puede observarse c¨®mo este ¨²ltimo est¨¢ sometido a una mayor contenci¨®n, acentuada a partir de 1979, hasta el punto que mientras el ¨ªndice de precios al consumo se eleva un 134,4% entre 1975 y 1980, los precios percibidos por los agricultores reducen su crecimiento a la mitad un 73%.

El largo per¨ªodo de crisis econ¨®mica se ha traducido, en definitiva, en un deterioro de los precios agrarios. Los datos del cuadro n¨²mero 2 son expresivos, al recoger la evoluci¨®n de la producci¨®n a precios constantes, entre 1972 y 1980, de dos productos bien representativos de la agricultura: el trigo y la cebada. En el caso del trigo, el valor de la producci¨®n en pesetas constantes ha ca¨ªdo de 32.390 millones de pesetas, en 1972, a 27.806 millones de pesetas en 1980, a pesar del incremento experimentado por la producci¨®n. Y en 1981 el retroceso ha sido mayor como consecuencia de las desastrosas condiciones climatol¨®gicas. En parte, esa ca¨ªda del valor de la producci¨®n en pesetas constantes, se ha compensado con un fuerte incremento de los rendimientos f¨ªsicos por hect¨¢rea. Pero s¨®lo en parte, pues la relaci¨®n entre los rendimientos monetarios y f¨ªsicos -debido al intenso deterioro de los precios- se ha reducido dr¨¢sticamente: de un ¨ªndice 100, en 1972, a un ¨ªndice 66,3, en 1980, lo que significa que para obtener los mismos ingresos reales que hace diez a?os, los agricultores tendr¨ªan ahora que aumentar los rendimientos f¨ªsicos todav¨ªa en un 50% m¨¢s.

A resultados similares se llega por el mismo procedimiento en el caso de otros muchos productos: la cebada, el arroz, algod¨®n, ma¨ªz, remolacha azucarera, naranja, girasol, por s¨®lo citar algunos. Datos todos ellos que permiten una primera aproximaci¨®n a los efectos redistributivos de una pol¨ªtica de precios agrarios en un proceso inflacionario que ha hecho posible la transferencia de una gran parte de las ganancias de productividad de la agricultura a los restantes sectores econ¨®micos. T¨¦ngase en cuenta, a este respecto, que la productividad real por persona ocupada en el sector agrario se ha incrementado nada menos que a un ritmo medio anual del 9,6%, entre 1974 y 1980, como consecuencia del fuerte descenso de la poblaci¨®n ocupada (m¨¢s de un 5% anual) y del crecimiento de la producci¨®n final (m¨¢s de un 3% anual).

La agricultura: un sector marginado

No se puede completar el an¨¢lisis anterior sin algunas otras observaciones acerca de los costes que ha debido asumir la agricultura por este significado protagonisino en la lucha contra la inflaci¨®n. En una breve s¨ªntesis pueden apuntarse los siguientes: a) la permanencia, aunque a un ritmo m¨¢s moderado, del proceso migratorio, a pesar de las crecientes dificultades de empleo en los centros urbanos: s¨®lo en 1980, y a pesar de los favorables resultados agrarios, descendi¨® en 150.800 el n¨²mero de ocupados en el sector, lo que prueba que el retroceso de la poblaci¨®n activa agraria -como se ha subrayado en alguna ocasi¨®n- se est¨¢ realizando con independencia de las condiciones generales del empleo en el resto de la econom¨ªa; b) el incremento espectacular de las tasas de paro en determinadas zonas vinculadas al r¨¦gimen de gran propiedad, como en Andaluc¨ªa, donde alcanzan al 20% de la poblaci¨®n activa, y c) una creciente autoexplotaci¨®n de ese gran n¨²rnero de peque?os propietarios y empresarios agr¨ªcolas que, en muchos casos, se ven obligados a reducir sus ingresos muy por debajo de los niveles salariales, logrando apenas subsistir ante una situaci¨®n progresivamente degradada. Precisamente son estos peque?os propietarios agricolas, estos trabajadores por cuenta propia, para quienes los precios agrarios son aut¨¦nticos salarios en tanto determinan las rentas a percibir por los resultados de la explotaci¨®n, los que est¨¢n asumiendo mayores costes en el proceso descrito, sin que las escaseces relativas de recursos reales -sus consumos energ¨¦ticos, por ejemplo, son comparativamente muy bajos- lo justifiquen. La explicaci¨®n debe buscarse en la actuaci¨®n del Gobierno, que ha encontrado en estos agricultores -su electorado mayoritar¨ªo en 1977 y 1979- menos resistencia para imponer una pol¨ªtica de contenci¨®n de precios que en otras actividades econ¨®micas. De hecho, ha resultado m¨¢s f¨¢cil contener los ingresos de la agricultura que los salarios, o las p¨¦rdidas subvencionadas de muchas empresas industriales o de servicios, m¨¢s directamente implicadas en la crisis energ¨¦tica. Y que no se diga que la pol¨ªtica de subvenciones -con excepci¨®n de la Seguridad Social- ha compensado con creces esta marginaci¨®n: las subvenciones al sector agrario no superan, en 1980, los cuantiosos recursos p¨²blicos destinados a algunas pocas empresas sider¨²rgicas o de automoci¨®n, y ni siquiera son comparables el trato fiscal del gas¨®leo B agr¨ªcola con el del fuel-oil, cuyos precios subvencionados benefician a los grandes centros industriales. En 1979, por ejemplo, el gas¨®leo B gener¨® un excedente fiscal de 5.273 millones de pesetas, en tanto que el fuel-oil registr¨® un d¨¦ficit de 73.077 millones de pesetas.

Frente a esta situaci¨®n, y desde posiciones de progreso, s¨®lo cabe un esfuerzo solidario para asumir m¨¢s equitativamente por toda la sociedad los costes de la crisis. Tal vez la pol¨ªtica de precios -sobre todo si se aplica de forma indiscriminada y con car¨¢cter general, desconociendo las muy heterog¨¦neas condiciones que definen a unos y otros tipos de explotaciones agrarias- no sea s¨®lo el mejor instrumento para conseguir la progresiva equiparaci¨®n de la agricultura con otras actividades econ¨®micas. Pero las medidas de reparto de la carga tributaria, la generalizaci¨®n de prestaciones sociales entre la poblaci¨®n campesina, el mejor equipamiento de ser vicios p¨²blicos en el medio rural son otras posibles v¨ªas para luchar contra la marginaci¨®n de determinados sectores de la poblaci¨®n agr¨ªcola, cuya probada fidelidad a las fuerzas conservadoras no ha tenido otra recompensa hasta hoy que el sostenimiento de la peque?a propiedad en unas condiciones de m¨¢xima precariedad y explotaci¨®n.