Consecuencia de la colza

El ENVENENAMIENTO producido por el consumo de aceites t¨®xicos no s¨®lo ha causado ya mas de 260 muertes sino que tambi¨¦n plantea algunos pavorosos problemas que no fueron contemplados en su d¨ªa, ni por el Gobierno ni por el Congreso, a la hora de articular un conjunto de medidas destinadas a amortiguar las tristes consecuencias de este criminal atentado contra la salud p¨²blica. Nos referimos, en particular, al caso de las mujeres afectadas por el s¨ªndrome t¨®xico y que esperan un hijo concebido antes o despu¨¦s de percatarse de su enfermedad.No estar¨¢ de mas recordar la ligereza con que fueron saldadas las eventuales responsabilidades pol¨ªticas y administrativas del Gobierno, que se benefici¨® de la situaci¨®n de inestabilidad creada por el golpismo y de los temores de la izquierda a que un debate parlamentario en regla contribuyera a debilitar al sistema constitucional. En la entrevista del s¨¢bado pasado en Televisi¨®n, celebrada con el ritual y el estilo del ancien regime, el presidente Calvo Sotelo no hizo la menor alusi¨®n al asunto de la colza, ni hubo ninguna intenci¨®n por parte del entrevistador de que la hiciera, lo que habla por s¨ª mismo del nivel de independencia informativa de la peque?a pantalla. El Congreso, por su parte, resolvi¨® constituir el pasado mes de septiembre una comisi¨®n de encuesta, mixta de las dos c¨¢maras, que est¨¢ llevando a cabo su tarea sin prisas, con pausas y sin apenas medios, lo que parece ser un claro s¨ªntoma del escaso inter¨¦s que un tema como ¨¦ste suscita en las ¨¢reas del Gobierno, cuyo vicepresidente econ¨®mico todav¨ªa tiene que explicar las negligencias del Ministerio de Comercio en la importaci¨®n y tr¨¢fico de los aceites homicidas. Por lo dem¨¢s, no faltan quienes expresen su temor de que el tiempo transcurrido desde que comenzaron a registrarse las primeras intoxicaciones hasta que se descubri¨® este comercio de la muerte pudo ser utilizado por algunos de los culpables para construir un complicado entramado de coartadas, borrar el rastro de su participaci¨®n criminal y escapar a la acci¨®n de la justicia.

Pero al margen de las responsabilidades penales de los traficantes y de las responsabilidades administrativas y pol¨ªticas de los organismos estatales se encuentra la dolorosa realidad de los afectados por el consumo de la grasa venenosa. Los estragos f¨ªsicos de la enfermedad se han visto acrecentados, en las ¨²ltimas semanas, por las perturbaciones emocionales y psicol¨®gicas nacidas de la angustia ante el futuro y de la informaci¨®n fragmentaria. y un tanto confusa sobre las consecuencias finales de su dolencia. Dentro de ese cuadro gen¨¦rico de temores y preocupaciones ocupa un lugar de primer¨ªsima importancia la ansiedad con que las madres gestantes afectadas por el s¨ªndrome contemplan el desarrollo de su embarazo.

La interrupci¨®n voluntaria del embarazo es un tema de perfiles complejos que exige, por lo mismo, un debate amplio y clarificador por parte de la sociedad civil. Pero adem¨¢s en este caso, y en tanto se sustancia una soluci¨®n legal sobre el problema del aborto, deben ser atendidas cuestiones que impiden aceptar el plazo normal que una discusi¨®n de este g¨¦nero, en la call¨¦ y en el Parlamento, se tomar¨¢ antes de que cambie la ley, si es que cambia. La situaci¨®n excepcional -desde el punto de vista cl¨ªnico- creada por el envenenamiento de los aceites t¨®xicos afecta mayoritariamente a unos sectores de la poblaci¨®n en los que el control de la natalidad se halla dificultado por la ignorancia o la pobreza y que tambi¨¦n carecen, por razones estrictamente dinerarias o por falta de informaci¨®n, de la posibilidad de realizar en el extranjero, con plena legalidad y adecuada asistencia m¨¦dica, unas pr¨¢cticas abortivas que se hallan severamente castigadas en Espa?a y que gran parte de las veces se desenvuelven con serio peligro para la propia gestante. La Administraci¨®n, tras prestar o¨ªdos sordos a la exigencia de responsabilidades por sus negligencias y fallos en los controles de los aceites t¨®xicos, tambi¨¦n parece dispuesta a hacerse la distra¨ªda ante los pat¨¦ticos problemas que plantea a las madres embarazadas, v¨ªctimas de las secuelas del envenenamiento, la atroz pesadilla de alumbrar ni?os condenados de antemano por los aceites t¨®xicos. La ansiedad de muchas madres gestantes no encuentra otra respuesta a sus interrogantes que el fr¨ªo y cruel recordatorio, pronunciado por personas autorizadas del propio Gobierno, de que la legislaci¨®n vigente no s¨®lo prohibe el aborto sino que lo castiga con severas penas de privaci¨®n de libertad. Todo el mundo sabe que la moral oficial espa?ola sobre la interrupci¨®n voluntaria del embarazo est¨¢ contradictoriamente animada por unas leyes severamente represivas para quienes adoptan esa decisi¨®n -siempre dolorosa- dentro de nuestras fronteras y por una farisaica tolerancia hacia quienes, con informaci¨®n y dinero suficiente, abortan libremente en Gran Breta?a o en otros pa¨ªses europeos.

Esta angustiosa situaci¨®n recuerda inevitablemente a los dramas de la talidomida y de Seveso, que tanta influencia han ejercido sobre la opini¨®n p¨²blica europea en el debate sobre el aborto. Los moralistas tienen sus puntos de vista, tan diversos como respetables, sobre la cuesti¨®n de si se puede hablar de vida humana antes de que el feto abandone la placenta, que es el momento l¨ªmite admitido por la mayor¨ªa las legislaciones tolerantes para la interrupci¨®n autorizada del embarazo. Pero antes de resolver el problema de fondo, y quiz¨¢ como una forma de empezar a resolverlo, el Gobierno tiene que responder al angustioso problema concreto de las embarazadas que padecen el s¨ªndrome t¨®xico. Si nuestras autoridades no quieren caer en la monstruosidad moral de responder con el c¨®digo penal a las dolorosas preguntas de esas mujeres, a?adiendo sanciones de privaci¨®n de libertad al ya terrible castigo que padecen las madres del s¨ªndrome, tendr¨¢n que buscar una salida humana y sensata a la situaci¨®n. Sin duda un Estado de Derecho no puede incurrir en la aplicaci¨®n selectiva de las normas y s¨®lo la reforma del c¨®digo penal y la legalizaci¨®n del aborto terape¨²tico puede ser una soluci¨®n seria del problema. Pero estamos seguros de que tanto el poder judicial como el ejecutivo tienen recursos para responder a esta situaci¨®n concreta de forma a un tiempo urgente y v¨¢lida. Nadie debe olvidar que un gobierno democristiano arbitr¨® en Italia soluciones para la tragedia de Seveso durante el verano de 1976.