Cantabria: un mal comienzo

LA CRISIS de UCD en Cantabria, con sus negativas repercusiones para el Gobierno de la comunidad aut¨®noma reci¨¦n creada, es parcialmente consecuencia de las insuficiencias y oscuridades de las leyes que regulan las complicadas relaciones triangulares entre el cuerpo electoral, los representantes designados en las urnas y los aparatos de los partidos que los inscribieron en sus candidaturas. Para mayor confusi¨®n, las normas aplicables a los cargos electos, en caso de ruptura con sus partidos, no son las mismas para los diputados que para los concejales.Un vac¨ªo legal, interpretado por el presidente del Congreso de forma favorable a los miembros de la C¨¢mara baja, permite a los diputados conservar su esca?o cuando son expulsados de la formaci¨®n pol¨ªtica bajo cuyas siglas fueron elegidos, aunque se pasen con armas y bagajes a un grupo parlamentario rival. El trasvase de diputados centristas a otras zonas del hemiciclo -once al grupo mixto, cuatro a Coalici¨®n Democr¨¢tica, uno a la Minor¨ªa Catalana y otro a los andalucistas- a lo largo de esta legislatura ha sido hasta tal punto caudaloso que el grupo de UCD en el Congreso ha pasado de 168 a 151 miembros. En la Administraci¨®n local, en cambio, la baja voluntaria o la expulsi¨®n del partido de un concejal elegido en candidaturas amparadas por sus siglas le cuesta el cargo p¨²blico al discrepante. De esta forma, Ram¨®n Tamames, que abandon¨® el PCE hace un a?o, sigue siendo diputado, pero ha perdido su condici¨®n de concejal en el Ayuntamiento madrile?o. Con independencia del juicio que merezca una u otra soluci¨®n, esa aparatosa diferencia entre los derechos de los diputados y la indefensi¨®n de los concejales, pese a que unos y otros son elegidos mediante votaci¨®n popular y bajo las siglas de partidos, es una fuente de confusiones y conflictos que deber¨ªa desaparecer antes de la celebraci¨®n de los pr¨®ximos comicios generales y locales.

Incidentes parecidos al ocurrido en Cantabria por culpa de las luchas intestinas entre los centristas se hab¨ªan producido ya dentro de ayuntamientos y diputaciones cuyo gobierno controlan el PSOE y el PCE. Baste con recordar, limit¨¢ndonos a Madrid, la destituci¨®n de Carlos Revilla como presidente de la Diputaci¨®n y la expulsi¨®n de Alonso Puerta como primer teniente de alcalde a consecuencia de conflictos internos entre los socialistas; y la escabechina de concejales comunistas, titulares y suplentes, estuvo a punto de hacer saltar por los aires el pacto municipal de la izquierda en toda Espa?a. Sin embargo, el conflicto que afecta a la Diputaci¨®n Regional de Cantabria, que equivale al Gobierno de la comunidad aut¨®noma, parece de dimensiones todav¨ªa m¨¢s graves en sus planteamientos y consecuencias. En esta ocasi¨®n, la complicada relaci¨®n triangular electores-elegidos-partido se ve acompa?ada por los enfrentamientos dentro de la direcci¨®n de la organizaci¨®n centrista santanderina y por el apoyo prestado desde el Comit¨¦ Ejecutivo de UCD y el Gobierno a una de las dos tendencias en conflicto. Al igual que sucediera anteriormente en Navarra, la c¨²pula nacional centrista ha intervenido, con armas y bagajes, en problemas que no conciernen s¨®lo a los militantes regionales de UCD, sino que afectan tambi¨¦n al gobierno local y a los intereses de los ciudadanos en tanto que electores decepcionados o administrados descontentos.

Cantabria, una regi¨®n que culmin¨® su proceso estatutario sin grandes tensiones y que deber¨ªa haberse convertido en la primera comunidad aut¨®noma regida por el partido del Gobierno, est¨¢ siendo azotada por el vendaval de los enfrentamientos internos de UCD. Justo el mismo d¨ªa en que Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez era elegido por la Asamblea c¨¢ntabra -por 21 votos contra 12- como presidente del Gobierno regional, el Comit¨¦ Ejecutivo nacional de UCD decid¨ªa su expulsi¨®n del partido y aplicaba la misma dr¨¢stica medida contra Isaac Aja, presidente de la Asamblea Regional; Ambrosio Calzada, senador y ex presidente de la UCD c¨¢ntabra, y otros cinco diputados del llamado sector disidente centrista. De esta forma, un simple conflicto intrapartidista, que comenz¨® como una pelea menor por el poder y como una batalla en torno a la corrupci¨®n, amenaza con bloquear por tiempo indefinido el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno reci¨¦n conquistadas por Cantabria.

La historia de este proceso de degradaci¨®n posee claves secretas que s¨®lo podr¨¢n desvelar sus m¨¢s directos protagonistas y que permanecen ocultas para la mayor¨ªa de los ciudadanos. El Comit¨¦ Ejecutivo de UCD, al expulsar a los dos cargos m¨¢s importantes de la comunidad aut¨®noma de Cantabria, ha echado el resto en favor de Justo de las Cuevas, que pertenece al sector suarista de ese alto sanedr¨ªn y que acumula adem¨¢s las presidencias de la Comisi¨®n de Agricultura del Congreso, de la C¨¢mara Agraria de Santander y del sindicato centrista Aigas. Adem¨¢s, el enconamiento de los conflictos intrapartidistas de la UCD c¨¢ntabra se produjo cuando el sector hoy disidente rechaz¨® la candidatura de Justo de las Cuevas a la presidencia de la Asamblea c¨¢ntabra, por sus conexiones con algunas irregularidades financieras producidas en la Caja Rural de Santander, y desestim¨® igualmente la candidatura de Leandro Valle, concejal, diputado provincial y senador, para la presidencia de la Diputaci¨®n.

La trama de ese conflicto se hace todav¨ªa m¨¢s confusa al examinar la trayectoria de los ocho centristas expulsados. Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez era presidente de la Diputaci¨®n provincial de Santander (ahora, Diputaci¨®n Regional de Cantabria) desde 1979. Ambrosio Calzada, senador y alcalde de Cabez¨®n de la Sal, se halla Vinculado pol¨ªticamente a Rodolfo Mart¨ªn Villa, que pronunci¨® el verano pasado el preg¨®n de las fiestas regionalistas de esa ciudad. Otros cuatro expulsados son alcaldes. Y hay telegramas de apoyo a este sector de setenta de los 102 alcaldes de la regi¨®n, entre ellos la casi totalidad de los presidentes municipales de UCD.

Desgraciadamente, estos problemas internos de UCD repercuten negativamente en los intereses de los ciudadanos de Cantabria, que contemplan c¨®mo las instituciones de autogobierno corren el riesgo de quedar bloqueadas por las luchas internas del partido hegem¨®nico en la regi¨®n. La tramitaci¨®n de las expulsiones de los concejales disidentes, que parecen dispuestos a utilizar todos los recursos para impedirlo, y la designaci¨®n de sus sustitutos es un proceso largo y complicado, durante cuyo desarrollo la Administraci¨®n local y la reci¨¦n creada comunidad aut¨®noma pueden quedar pr¨¢cticamente paralizadas. Las decisiones de la direcci¨®n nacional de UCD y su apuesta en favor del pol¨¦mico Justo de las Cuevas podr¨ªa ser considerado como un simple problema interno. Pero en nada ayuda a la consolidaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas que una comunidad aut¨®noma reci¨¦n constituida sea condenada a la frustraci¨®n por las luchas intestinas en la organizaci¨®n regional de un partido y por el apoyo incondicional dado desde el Gobierno a una de sus fracciones.