Las incompatibilidades del juicio final

LA DECISION del gobierno municipal madrile?o de establecer, por su cuenta y riesgo, un r¨¦gimen de incompatibilidades para los cargos electos del Ayuntamiento de la capital pudiera tropezar -aunque no parece probable- con obst¨¢culos administrativos, pero constituye, en cualquier caso, un gesto pol¨ªtico repleto de buenas ense?anzas para los profesionales del poder en otros ¨¢mbitos. Los elementos de c¨¢lculo electoralista y los objetivos t¨¢cticos de car¨¢cter partidista subyacentes a esa medida son un aspecto secundario del asunto. Porque, para valorar los comportamientos en la vida p¨²blica, el elemento sustantivo no son los juicios de intenci¨®n sobre las eventuales motivaciones ocultas de una decisi¨®n, sino el an¨¢lisis de sus dimensiones objetivas y de la din¨¢mica que pone en marcha. Mientras UCD, a lo largo de la presente legislativa, ha tirado en¨¦rgicamente de las riendas para frenar el proyecto de ley de incompatibilidades, guillotinado por Miguel Herrero cuando el diputado del grupo parlamentario de Manuel Fraga dirig¨ªa como portavoz o como submarino la estrategia del centrismo en la C¨¢mara Baja, los socialistas han resuelto predicar con el ejemplo en la limitada parcela de poder local que controlan.Al igual que en el caso de la controvertida Ley de Autonom¨ªa Universitaria, el r¨¦gimen de incompatibilidades para acabar con la viciosa pr¨¢ctica de que pol¨ªticos y funcionarios perciban ingresos m¨²ltiples del erario p¨²blico -no siempre, por no decir casi nunca, justificados por el desempe?o efectivo de los correspondientes puestos de trabajo- est¨¢ dando lugar a una graciosa t¨¢ctica obstruccionista que combina las exhortaciones ut¨®picas a la perfecci¨®n universal con la cerrada defensa de intereses corporativos 5, particulares. As?, el portavoz de UCD en el Ayuntamiento, a quien el gobierno municipal le ha asignado la nada desde?able remuneraci¨®n de un teniente de alcalde -casi tres millones de pesetas en 1981con la simb¨®lica propina de veinte duros de mas a su favor, se ha lamentado de que las incompatibilidades dictadas por el gobierno municipal para el desempe?o de cargos remunerados afecten s¨®lo a los ingresos p¨²blicos y no se hagan extensivas a las actividades privadas. La argumentaci¨®n se inscribe en la conocida f¨®rmula de la mala conciencia -muy extendida entre los antiguos progres a quienes la fortuna ha colmado posteriormente de bienes-, que consiste en criticar acerbamente cualquier modesta medida reformista, no por sus ataques efectivos al statu quo, sino por ser insuficiente para lograr la solidaridad y la fraternidad universales. Pero la mayor¨ªa de las veces la comparaci¨®n entre la humilde realidad terrena de una disposici¨®n reformadora y la deslumbrante perfecci¨®n celestial de una ley ideal, cuya aprobaci¨®n los propios cr¨ªticos se cuidar¨ªan de impedir a toda costa en el improbable caso de que las condiciones pol¨ªticas la hicieran factible, es una tosca manera de defender el inmovilismo y de hacer inviable la mas m¨ªnima alteraci¨®n del orden establecido.

De esta forma, algunas campa?as lanzadas desde los privilegios -que no los derechos- adquiridos contra intentos de reforma prudentes y limitados, como las incompatibilidades aprobadas por el Ayuntamiento madrile?o, utilizan a veces una sorprendente e ins¨®lita ret¨®rica, mucho mas cercana al izquierdismo extraparlamentario que a la s¨®lida posici¨®n social y a la ideolog¨ªa conservadora de sus patrocinadores. A fin de conseguir el aplazamiento de cualquier medida t¨ªmidamente reformista, los cr¨ªticos prorrumpen en alabanzas abstractas en favor de medidas dr¨¢sticas y censuran acerbamente la pol¨ªtica de medias tintas por su incapacidad para conseguir el advenimiento inmediato del reino de la justicia universal. Que los pol¨ªticos y funcionarios beneficiarios de ingresos p¨²blicos m¨²ltiples, a trav¨¦s de los presupuestos generales del Estado, rechacen las prudentes normas de incompatibilidades en nombre de proyectos mucho mas radicales no significa necesariamente, sin embargo, que traten de emular a los seguidores europeos de la banda de los cuatro. Parece mas sensato suponer que esa propuesta de aplazamiento indefinido del r¨¦gimen de incompatibilidades en la vida p¨²blica hasta que incluya tambi¨¦n los ingresos por actividades privadas es una forma castiza de demorar hasta el Juicio Final que las gentes s¨®lo cobren del Tesoro por un ¨²nico concepto y que desaparezca para siempre la viciosa pr¨¢ctica de los sueldos, remuneraciones y dietas cobradas por funcionarios y pol¨ªticos a costa del erario p¨²blico -es decir, de los impuestos pagados por el resto de los ciudadanos- sin otro esfuerzo que pasar a fin de mes por ventanilla.

En cualquier caso, el pr¨®ximo debate en el Pleno del Congreso de la ley de incompatibilidades, reducida ya a su m¨ªnima expresi¨®n por el grupo parlamentario centrista en el dictamen de Comisi¨®n, permitir¨¢ saber si las sugerencias del portavoz de UCD en el Ayuntamiento madrile?o para ampliar las incompatibilidades tambi¨¦n a las actividades privadas eran una simple maniobra de diversi¨®n, dirigida a impedir o deslucir la limitada aplicaci¨®n de la medida al ¨¢mbito p¨²blico, o un espectacular giro en la estrategia del Gobierno y de su partido, resueltos IL montar en el caballo de la moralidad p¨²blica y decididos; finalmente a sanear la Administraci¨®n y hacer di¨¢fanas y, transparentes las conductas de los pol¨ªticos profesionales.