Rechazadas las enmiendas de la izquierda para que la ley afecte a todo el personal m¨¦dico de la Seguridad Social

El Pleno del Congreso de los Diputados inici¨® anoche el debate de las enmiendas al Art¨ªculo primero del proyecto de Ley de Incompatibilidades, que fueron rechazadas, en el que se establece la exclusi¨®n del ¨¢mbito de la ley del personal no funcionario al servicio de la Seguridad Social. Los portavoces de la izquierda mantuvieron la necesidad de que las incompatibilidades afecten a todo el sector p¨²blico, civil y militar. El grupo centrista y el propio ministro de Sanidad y Consumo se opusieron a ampliar el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la ley, por estimar que la regulaci¨®n prevista es suficiente.

El debate central de la sesi¨®n plenaria de ayer se refiri¨® a la aplicaci¨®n o no a todo el personal de la Seguridad Social de la ley de Incompatibilidades. Los socialistas insistieron en suprimir la exigencia de ostentar la condici¨®n de funcionario para que la ley sea aplicable, mientras UCD y el Gobierno reiteraron que gran parte del personal sanitario queda afectado por la ley, aunque reconocieron que el no funcionario queda excluido, decisi¨®n que justificaron en la conveniencia de no provocar un caos en la actual situaci¨®n sanitaria espa?ola.La enmienda socialista fue defendida por Ciriaco de Vicente, quien manifest¨® que no se trataba de la enmienda introducida por UCD en favor de los m¨¦dicos, ya que no afectaba a los parados ni a los cuatro m¨¦dicos de cada diez que no son pluriempleados. Se?al¨® que no es l¨®gica la distinci¨®n dentro del personal sanitario en raz¨®n de que sea o no funcionario y destac¨® que es la primera vez que se establece tal distinci¨®n en una ley.

Ciriaco de Vicente asegur¨® que sin la inclusi¨®n de todo el personal sanitario en el ¨¢mbito de la Ley de Incompatibilidades no habr¨¢ reforma sanitaria en este pa¨ªs. "Los ciudadanos espa?oles deben saber que no habr¨¢ libertad de elecci¨®n de m¨¦dico, porque sin incompatibilidades generalizadas, tal elecci¨®n es imposible", puntualiz¨® el diputado socialista al referirse a las incoherencias derivadas del texto defendido por UCD.

El centrista Juan Manuel Reol calific¨® de dogm¨¢tica la intervenci¨®n precedente y, al margen de reconocer que el servicio sanitario en los ambulatorios es perfeccionable, neg¨® la imagen de los m¨¦dicos "aferrados a numerosos puestos y con cuantiosos sueldos", as? como una UCD defensora de los ayatolahs de la medicina. Asegur¨® que en el proyecto de ley no se excluye a nadie, aunque se da un tratamiento diferenciado a las distintas situaciones. Frente a esta actitud critic¨® el deseo socialista de introducir por la puerta trasera un sistema burocr¨¢tico y estatalizado.

La libre elecci¨®n de m¨¦dico

De Vicente replic¨® que la ley estaba concebida inicialmente por el Gobierno como aplicable al sector p¨²blico, al que pertenece la Seguridad Social. Reflej¨® alguna de las presiones producidas, que responden a la concepci¨®n expresada el lunes por los dirigentes del Colegio Oficial de M¨¦dicos de Madrid, seg¨²n la cual si el enfermo puede elegir m¨¦dico, y lo paga la Seguridad Social, ya est¨¢ solucionado el problema de las incompatibilidades. El diputado socialista se?al¨® que su grupo defiende la libertad de elecci¨®n de m¨¦dico, pero sin un mayor coste p¨²blico.

El ministro de Sanidad y Consumo, Manuel N¨²?ez, subi¨® a la tribuna de oradores para oponerse a la polarizaci¨®n de la atenci¨®n de la sociedad espa?ola sobre los cuerpos sanitarios y m¨¢s concretamente sobre la clase m¨¦dica, a prop¨®sito de la ley de Incompatibilidades. Neg¨® que la honestidad, la ¨¦tica, el progresismo y la justicia sean bandera de grupos determinados y a?adi¨® que el Gobierno, al lado de ellas, tiene la responsabilidad de seguir gobernando y garantizar el funcionamiento del servicio p¨²blico sanitario.

Record¨® que otras especialidades sanitarias como los veterinarios, farmac¨¦uticos, ATS, etc, se encuentran tambi¨¦n afectadas por la ley y reafirm¨® con ¨¦nfasis que la regulaci¨®n de las incompatibilidades que se estaba debatiendo "afecta y regula las incompatibilidades de todos los funcionarios sanitarios de cualquier administraci¨®n p¨²blica civil". Ofreci¨® datos como los 27.097 sanitarios reflejados en los presupuestos de su ministerio, los 11.465 de la Administraci¨®n institucional de la sanidad nacional y los 5.957 m¨¦dicos de otros ministerios. Asimismo se?al¨® que el proyecto de ley se aplicar¨¢ a 21.000 m¨¦dicos que trabajan en centros hospitalarios de la Seguridad Social. Respecto al denominado personal de cupo, integrado por 36.2.46 m¨¦dicos, estim¨® conveniente lo que prev¨¦ el proyecto de ley, que es "sencillamente, dejar pendiente la regulaci¨®n de sus incompatibilidades, con objeto de ser regulada en sus disposiciones espec¨ªficas".

La exclusi¨®n de los militares

Previamente, el socialista Antonio Garc¨ªa Miralles defendi¨® la enmienda de su partido para la inclusi¨®n del personal militar en el ¨¢mbito de la ley, del que queda excluida por la referencia al personal civil. Garc¨ªa Miralles consider¨® incoherente que se excluya a los m¨¦dicos con uniforme. Contestando a algunas afirmaciones centristas sobre la inexistencia de pluriempleo y plurisueldo en el colectivo de m¨¦dicos militares, insisti¨® en que ser¨ªa positivo, en todo caso, como ejemplo, establecer esta incompatibilidad. Pregunt¨® al Gobierno el n¨²mero de m¨¦dicos militares con que cuenta la sanidad militar. En su intervenci¨®n, el ministro de Sanidad asegur¨® que el Ej¨¦rcito de Tierra cuenta con 1.131, el del Aire con 248 y la Armada con 400.

El centrista Jos¨¦ Miguel Bravo record¨® que la enmienda socialista no solo se refer¨ªa a los m¨¦dicos militares sino a todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Destac¨® que el objetivo de la ley se circunscribe fundamentalmente a los funcionarios civiles del Estado, de acuerdo con lo establecido en el art¨ªculo 103 de la Constituci¨®n. En respuesta a la intervenci¨®n del socialista Francisco Ramos en defensa de otra enmienda para impedir la simultaneidad en el desempe?o de dos o m¨¢s puestos de trabajo pagados con dinero p¨²blico, Bravo de Laguna dijo que cuando se predica esta doctrina "hay que decir a los ciudadanos que eso lleva consigo mayores incrementos del d¨¦ficit p¨²blico o de los impuestos".