El Gobierno piensa autorizar las televisiones privadas con celeridad, seg¨²n fuentes de UCD

"En lo que queda de a?o no considero imposible, aunque s¨ª dif¨ªcil, que pueda entrar en funcionamiento en Espa?a alguna televisi¨®n privada", declar¨® ayer el secretario general t¨¦cnico de R¨¦gimen Jur¨ªdico de Radiodifusi¨®n y Televisi¨®n, que calific¨® como muy positiva la sentencia con la que el Tribunal Constitucional resolvi¨® el recurso de amparo de la empresa Antena 3. El portavoz de UCD, por su parte, tambi¨¦n habl¨® de "celeridad" en ese proceso. Joaqu¨ªn Tena, responsable directo de las competencias del Gobierno en materia de radiotelevisi¨®n, asignadas al Ministerio de la Presidencia, precis¨® que el alto tribunal "ha hecho lo que esper¨¢bamos, es decir clarificar las cuestiones de fondo que ten¨ªamos pendientes".

El Gobierno, que fue informado en la reuni¨®n del Consejo de Ministros de ayer por el titular del ministerio de la Presidencia, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte, de la sentencia del Tribunal Constitucional y los pasos pol¨ªticos que se deriven de la misma, actuar¨¢ con la mayor celeridad posible, seg¨²n este portavoz t¨¦cnico, "para ejecutar la sentencia", una vez fijada la v¨ªa a seguir, que puede ser la de la ley org¨¢nica -si quedase afectado alguno de los aspectos protegidos por el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n relativos a la libertad de expresi¨®n-, por una ley ordinaria e, incluso, por un decreto-ley.Al comentar la intenci¨®n del representante legal de la empresa Antena 3 de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Gobierno no procede, antes de tres meses, a desarrollar la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado d¨ªa 31 de marzo (v¨¦ase EL PAIS de ayer, d¨ªa 2 de abril), el secretario t¨¦cnico de r¨¦gimen jur¨ªdico de Radiotelevisi¨®n afirm¨® que "no va a ser necesario ese recurso porque el Gobierno va a tener una iniciativa r¨¢pida en este tema".

La reacci¨®n de los partidos pol¨ªticos ante la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido de satisfacci¨®n, aunque con conclusiones distintas sobre sus consecuencias e interpretaci¨®n. As¨ª, UCD, "al igual que el Gobierno", seg¨²n un portavoz de la Ejecutiva centrista, "piensa que es necesario desarrollar jur¨ªdicamente con la mayor celeridad la sentencia del Tribunal Constitucional", y propone como soluci¨®n la posibilidad de plantear dos leyes, una org¨¢nica que recoger¨ªa los principios generales de las televisiones privadas y en la que UCD piensa que ser¨ªa f¨¢cil ponerse de acuerdo con otras fuerzas pol¨ªticas, y otra ley ordinaria, en la que quedar¨ªa contemplada la reglamentaci¨®n t¨¦cnica.

Los medios de UCD que se dedican al estudio espec¨ªfico de las soluciones t¨¦cnicas se inclinan por mantener los canales estatales actualmente vigentes y a?adir un canal auton¨®mico, que ya se ha bautizado antes de nacer como "tercer canal". Respecto a la posibilidad de canales privados s¨®lo existir¨ªa capacidad t¨¦cnica para una cadena nacional en VHF, mientras que podr¨ªan ser varias las estaciones con alcance regional y local.

La sentencia del Tribunal Constitucional coincide para el PSOE, seg¨²n ha se?alado Pedro Bofill, miembro de la Ejecutiva, en t¨¦rminos generales con los planteamientos que ha mantenido este partido. "En primer lugar, la sentencia confirma la tesis de que es posible el monopolio estatal de servicios esenciales como lo son la radio y la televisi¨®n. En segundo lugar reconoce que en la Constituci¨®n no hay nada que se oponga a la televisi¨®n privada pero para que ¨¦sta exista es necesaria una ley org¨¢nica, porque afecta a los derechos fundamentales de las personas".

El dirigente del PSOE explica, en tercer lugar, que es perfectamente compatible la libertad de expresi¨®n con la existencia del monopolio estatal ya que esta libertad se asegura por el pluralismo y la participaci¨®n, condiciones que pueden darse, como est¨¢ demostrado en otros pa¨ªses occidentales, en un medio de titularidad estatal. El mero hecho de que existan varios titulares no asegura la libertad y la participaci¨®n. En cuarto lugar, el PSOE asegura que la existencia o no de la televisi¨®n privada es un acto de voluntad pol¨ªtica, tanto del Gobierno como de cualquier grupo parlamentario. Corresponde, por tanto, al Parlamento la concesi¨®n de televisiones privadas.

Seg¨²n explicaciones de Pedro Bofill, el PSOE no es partidario, en la actual coyuntura, de canales privados de televisi¨®n. "El partido no se opone dogm¨¢ticamente a la existencia de las televisiones privadas, pero por prudencia pol¨ªtica cree que en estos momentos debe existir un monopolio, tal y como sucede en la mayor parte de los pa¨ªses de Europa". El miembro de la Ejecutiva del PSOE estima, no obstante, que la actual televisi¨®n p¨²blica debe dejar de ser un instrumento de manipulaci¨®n pol¨ªtica y de las conciencias de los ciudadanos "como da la impresi¨®n de serlo con Robles Piquer". "Cuando exista esa televisi¨®n p¨²blica respetuosa con los principios del Estatuto y que d¨¦ participaci¨®n a todos los pol¨ªticos y grupos sociales, entonces el PSOE podr¨¢ plantearse la posibilidad de que se monten televisiones privadas". "Si no cumplen ni siquiera los principios y criterios de la televisi¨®n p¨²blica, ?c¨®mo se atreven a hablar de la televisi¨®n privada!".

"Estoy de acuerdo al 100% con los t¨¦rminos de la sentencia del Tribunal Constitucional", manifest¨®, por su parte, Antonio Kindel¨¢n, asesor del grupo parlamentario comunista en materias de radiotelevisi¨®n y vocal del Consejo de Administraci¨®n de RTVE. "Creo que la sentencia es exquisita y confirma, sin acentos ni matices, las tesis que hemos mantenido siempre comunistas y socialistas, e incluso otros grupos. La sentencia, en s¨ªntesis, desestima el recurso de amparo de Antena 3 porque la existencia de televisiones privadas no est¨¢ impuesta ni impedida por la Constituci¨®n. Depende de la voluntad del legislador. Nosotros a?adimos que la voluntad de legislador ya se ha expresado en el Estatuto de Radiotelevisi¨®n donde se configura como un servicio p¨²blico y monopolio estatal cuya gesti¨®n se encomienda al Ente P¨²blico RTVE, no siendo posibles, por tanto, las televisiones privadas. La existencia de televisiones privadas pasar¨ªa, entonces, por una reforma de aquella Ley."

Por ¨²ltimo, un portavoz de Alianza Popular, Gabriel Elorriga, piensa que la sentencia es correcta y que interpreta el sentir de su partido. "Alianza Popular es partidaria de la televisi¨®n privada sin m¨¢s calificativos, como es partidaria de la iniciativa privada, pero es consciente de la necesidad de reglamentar las concesiones. Nos gustar¨ªa que esta regulaci¨®n fuera r¨¢pida", concluy¨® el portavoz de AP.